Ciudad de México.- Tras la publicación del nuevo lineamiento para el Ejercicio Fiscal 2026 del Programa Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos; la Red Nacional de Refugios (RNR) denunció que la política propuesta prioriza procesos administrativos sin mejorar los servicios de atención destinados para las mujeres, niñas y niños que viven situaciones de violencia, lo que advirtieron supone un retroceso en la garantía de derechos.
Cabe recordar que, el programa de refugios ahora pertenece al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas junto con las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). Con esta modificación, los refugios dejaron de aparecer como un programa especificó del Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF).
Para la RNR, la desaparición del programa no se trató de un ajuste técnico, sino un retroceso político y simbólico porque al borrar a los refugios se invisibilizó una política pública feminista cuya función es servir como un espacio libre de violencia y prevenir feminicidios. Tan solo en 2025 la organización atendió a 8 mil 307 mujeres, niñas y niños, 814 personas por medio de redes sociales y línea telefónica y7 mil 889 mujeres en Refugios y sus Centros de Atención Externa.
La violencia contra las mujeres persiste en México, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que durante 2025 ocurrieron 672 casos de feminicidios, mil 917 casos de homicidio doloso contra una mujer y 247 mil 311 delitos de violencia familiar. Ante este panorama, los refugios se vuelven un espacio necesario para salvaguardar la vida de las mujeres y sus hijas e hijos.
Para 2026, al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas se le destinó más de 856 millones de pesos, de los cuales 515 millones 33 mil 86 pesos fueron asignados para el programa de refugios, mientras que en 2025 se le repartieron 483 millones 740 mil 910. Esto supone un incremento de más de 31 millones; sin embargo, la RNR señaló que, descontando el costo de la inflación, el crecimiento real es de 2%.
A esto se suma que, los refugios y Centros de Atención Externa no serán los únicos que podrán acceder al recurso, sino también las Casas de Emergencia y Casas de Transición. La inclusión de estos dos últimos fue calificado por la organización como un avance, pero debido a esto el presupuesto asignado al programa de refugios se repartirá entre estos conceptos, por lo tanto, habría una disminución de recursos lo que se traduce en la reducción de atención integral.
Espacios de Refugio Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”
«Esto significa que los recursos disponibles se distribuyen entre más necesidades, sin un crecimiento ajustado, lo que limita la sostenibilidad operativa, precariza la atención y afecta negativamente la calidad de los servicios. Sin recursos suficientes y adecuadamente focalizados, no es posible garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia» -Red Nacional de Refugios (RNR).
Otro de los problemas con el lineamiento señalado por la RNR es que sigue sin existir un calendario con plazos definidos sobre la publicación de la convocatoria, evaluación ni ministración de los recursos. Dentro de los últimos cuatro años, la RNR ha denunciado esta situación, como resultado de los retrasos se debilita la operación de estos espacios.
En relación con el trabajo de las personas que laboran en estos espacios, la organización destacó que la guía operativa no permite a los entes públicos que puedan designar recursos federales a pagos por servicios de personal de vigilancia, aunque especifica que estos deben realizarse por el ente público correspondiente. Para la RNR esto supone una acción contraria a la obligación del Estado mexicano de garantizar condiciones mínimas de seguridad y atención especializada.
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«Ambos elementos son indispensables para proteger la vida y la integridad de mujeres, niñas, niños y del propio personal. Estas medidas resultan inadmisibles y contradicen la obligación del Estado mexicano de garantizar condiciones mínimas de seguridad y atención especializada.» -Red Nacional de Refugios (RNR).
Asimismo, denunciaron una transferencia de responsabilidades del Estado hacia las organizaciones e instancias gubernamentales que manejan los refugios. Explicaron que esto en razón de que se les solicita entregar el Acta de Cierre del Proyecto 2025 antes del 15 de enero de 2026, cuando el proceso depende de la Secretaría de las Mujeres y que, al corte del 12 de enero, aun no se emiten los resultados y retroalimentación sobre los informes entregados el pasado 8 de enero.
En segundo lugar, denunciaron la exigencia de solvencia con recursos propios y operación previa de quienes manejan los refugios. De acuerdo con la guía operativa, los entes públicos y organizaciones de la sociedad civil deben demostrar contar con recursos propios para garantizar la operación del espacio, los servicios y la plantilla mínima, así como reconocer que los recursos federales son un subsidio para fortalecer la operación del espacio.
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«Estas disposiciones trasladan de manera explícita la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones, condicionando el acceso a recursos públicos a la autosuficiencia económica previa, lo cual resulta incompatible con una política pública de protección de derechos.» -Red Nacional de Refugios (RNR).
Ante estas modificaciones, la RNR expresó que los lineamientos 2026 contravienen los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, por ejemplo, con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Por ello, solicitaron medidas a implementar como fechas públicas claras para las convocatorias, asignación de recursos suficientes, garantizar la no reducción de honorarios ni de recursos destinados a la seguridad, eliminar las exigencias que trasladan la responsabilidad del Estado a las organizaciones civiles, así como establecer mesas de trabajo entre autoridades y quienes se hacen cargos de los refugios.
