Ciudad de México.– De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, el primer año del segundo mandato de Donald Trump ha estado guiada por una agenda ultraderecha que ha significado un retroceso en los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. En el medio, las mujeres fueron uno de los grupos más afectados, ya que se revirtieron conquistas históricas en igualdad de género, salud sexual y reproductiva y mecanismos de protección contra la violencia
Durante el conversatorio «One Year Under President Trump. Attacks on Human Rights, Cruelty and Chaos», Amanda Classing, directora nacional de relaciones gubernamentales e incidencia política de Amnistía Internacional Estados Unidos señaló que la velocidad y amplitud de los cambios impulsados por la administración de Trump responden a patrones clásicos de autoritarismo: concentración del poder, debilitamiento del Estado de derecho, reducción del espacio cívico y evasión de la rendición de cuentas.
Classing advirtió que el gobierno de Trump ha utilizado órdenes ejecutivas para debilitar las garantías democráticas mediante el control de la información, el descrédito de la crítica, procesos que suelen ir acompañados de la demonización de ciertos grupos y del debilitamiento de tribunales y organismos de supervisión, lo que dificulta revertir los abusos y, por el contrario, se expendieron a nivel global alentando prácticas similares en otros países.
Desde la perspectiva de Jessica Stern, cofundadora y copresidenta de la Alianza para la Diplomacia y la Justicia, se impulsaron cambios dentro del Departamento de Estado que debilitaron su capacidad para promover y proteger los derechos humanos en el mundo. Se eliminaron cargos y oficinas claves dedicadas a la promoción de la democracia, equidad, justicia global y la protección de poblaciones vulnerables.
En particular, subrayó que la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL), creada por el Congreso como pilar de la política exterior fue desmantelada: perdió personal, funciones y su papel en la formulación de políticas. Alertó sobre el abandono en el marco de derechos humanos universales a favor del concepto «derechos naturales» que no está reconocido en el derecho internacional, así como el retiro de Estados Unidos de decenas de organismos internacionales clave.
De acuerdo con el artículo “Trump y los asuntos de mujeres”, el inicio del segundo mandato de Donald Trump detonó una de las movilizaciones más grandes en la historia reciente de Estados Unidos. Respondiendo al llamado de una coalición de organizaciones feministas, más de medio millón de personas marcharon en Washington para rechazar las políticas racistas, misóginas y xenófobas del nuevo gobierno y dejar claro que no las aceptarían pasivamente.
Ante ello, el artículo refiere que han sido las mujeres afroestadunidenses, musulmanas, chicanas, lesbianas, indocumentadas, discapacitadas, exmilitares, obreras, indígenas, universitarias y activistas quienes se han convertido en la conciencia estadunidense y han encabezado la resistencia frente a las amenazas que buscan revertir los logros alcanzados por el movimiento feminista y las luchas por los derechos civiles.
La ofensiva contra los derechos de las mujeres
El Migration Policy Institute (MPI) describe que tras hacer de la inmigración el eje de su campaña y reelección, Donald Trump mantuvo este tema como prioridad en el primer año de su segundo mandato. Su administración impulsó cambios drásticos en la política migratoria que hicieron a Estados Unidos más hostil hacia las personas migrantes no autorizadas y modificaron la forma en que el gobierno trata a inmigrantes de distintos estatus legales, con impactos que se extenderán en el tiempo sobre familias, comunidades y la economía.
La política afecta de manera desproporcionada a las mujeres migrantes, quienes quedan expuestas a condiciones inhumanas, separaciones familiares y violaciones sistemáticas al debido proceso. La reapertura de centro de detención familiar y el encierro de niñas y niños, impacta a las madres, muchas de las cuales enfrentan la imposibilidad de acceder a atención médica, legal o audiencias justas.
Anteriormente, Cimacnoticias conversó con mujeres migrantes en Estados Unidos, quienes relatan que, desde el inicio de las redadas, el paradigma de “paz” se transformó en uno de miedo constante y sospecha. El impacto ha sido particularmente fuerte para madres autónomas y mujeres que cuidan a familiares con discapacidad o enfermedad. Ante ello, muchas han optado por tejer redes vecinales de apoyo y limitar sus salidas, frente a una criminalización basada en el perfilamiento racial, la violencia y la xenofobia.
Asimismo, las mujeres jornaleras se encuentran entre los sectores más afectados. Aunque deben salir a trabajar, muchas han dejado de hacerlo por el temor constante a ser detenidas y deportadas, miedo que aumentó tras la difusión de videos en redes sociales que muestran redadas y detenciones violentas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en campos agrícolas.
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Redadas del ICE agravan violencia estructural contra jornaleras migrantes en California
Otro de los retrocesos que marcaron el primer año del segundo mandato de Trump fueron los derechos sexuales y reproductivos. Aunque en 2022, antes del ascenso de Trump, la Suprema Corte de Estados Unidos anuló el fallo histórico Roe vs. Wade, con lo que eliminó el derecho constitucional al aborto, durante el actual gobierno se impulsaron mayores barreras para impedir el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito.
Liz Mckenna Taylor, consejera federal senior de políticas del Centro de Derechos Reproductivos, advirtió durante el conversatorio que en 2025 se consolidó un patrón contra los derechos sexuales y reproductivos impulsado por una agenda ideológica que ignora la evidencia científica. La administración optó por desmantelar políticas basadas en datos para sustituirlas por desinformación, promoviendo teorías marginales para justificar las restricciones al acceso a servicios de salud esenciales.
Uno de los principales focos son las pastillas abortivas. Más de 7.5 millones de mujeres en Estados Unidos las han utilizado y hoy representan dos tercios de los abortos médicos en el país, además de ser, en muchos casos, la única opción para quienes viven en estados donde el aborto está prohibido o en zonas rurales sin clínicas cercanas. Sin embargo, denunció que los funcionarios designados por Trump buscan reevaluar su seguridad sin nuevos datos científicos, basándose en estudios desacreditados, como parte de una estrategia para restringir su uso y eventualmente eliminarlo.
Actualmente, la regulación del acceso al aborto en Estados Unidos varía significativamente entre estados, ya que cada uno puede permitirlo, restringirlo o prohibirlo por completo. Las restricciones más severas se encuentran en Florida, Texas, Idaho, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Luisiana, Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Carolina del Sur, Mississippi y Alabama.
La suspensión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo la administración de Donald Trump se inscribe en una serie de decisiones orientadas a debilitar las políticas con perspectiva de género, medida que trajo detrimentos a los derechos humanos de miles de niñas y mujeres en todo el mundo. El retiro de los fondos no solo representó una reducción de la cooperación internacional, sino también un impacto en sectores clave relacionados con derechos humanos, seguridad, asistencia humanitaria y estabilidad política en diversos países.
Asimismo, afectó directamente a organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, programas de salud, apoyo a personas refugiadas y mecanismos de fortalecimiento democrático. Como resultado, Liz Mckenna Taylor, consejera federal senior de políticas del Centro de Derechos Reproductivos, mencionó que 45 millones de mujeres y niñas en todo el mundo perdieron el acceso a métodos anticonceptivos.
En abril de 2025, la administración de Trump lanzó amenazas e intimidaciones contra organizaciones como Planned Parenthood, enfocada en derechos sexuales y reproductivos, al advertir que se les retiraría cualquier financiamiento proveniente del gobierno estadounidense. Esto no solo implicó un golpe directo a la organización, sino que además frenó por un año la financiación del Título X, único programa federal dedicado específicamente a la salud sexual y reproductiva en Estados Unidos.
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Otros derechos en peligro
Jonathan Friedman, director general de programas de expresión en Estados Unidos de la organización PanAmérica, advirtió durante el conversatorio sobre una carga gubernamental sin precedentes en colegios y universidades, impulsada por la administración de Trump para someter la investigación y la enseñanza a una agenda ideológica. Señaló que el control implica restricciones curriculares, condicionamiento en el financiamiento y dicta qué temas y palabras pueden usarse en las investigaciones académicas. Esto ha generado un clima generalizado de miedo y autocensura en el sector universitario.
Friedman sostuvo que esta politización del lenguaje y del conocimiento es una señal de expansión del control autoritarito, pues busca moldear la forma en que las personas piensan, enseñan y aprenden, lo que representa un ataque a la libertad de expresión, el derecho a la educación y otros derechos fundamentales. Además, alertó que estas políticas estaba debilitando el carácter internacional de la educación superior estadounidense, reduciendo intercambios académicos, cancelando visas, recortando fondos de investigación y programas culturales, y afectando la llegada de estudiantes y profesoras y profesores extranjeros.
Por otro lado, también se presentaron ataques a la prensa, especialmente a mujeres periodistas. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), Estados Unidos enfrenta un retroceso significativo en libertad de prensa ante la llegada al poder de Trump en su segundo mandato. El entramado contra la prensa se fue entretejiendo desde su campaña de elección cuando amenazo con usar «artillería del Gobierno federal» contra los medios de comunicación.
Trump ha desplegado una estrategia integral para debilitar la libertad de expresión y ej ejercicio periodístico mediante la estigmatización pública, la restricción de accesos, el castigo selectivo y el suso de herramientas legales y migratorias como mecanismo de presión. Esto incluye la creación de plataformas oficiales para desacreditar a medios de comunicación, la imposición de nuevas barreras para cubrir eventos gubernamentales, la exclusión de personas periodistas en áreas clave como la Casa Blanca o el Air Force One, demandas millonarias, expulsiones por no alinearse con la narrativa o limitación de visas para personas comunicadoras extranjeras.
Tan solo en noviembre de 2025, las periodistas Nancy Cordes, Katie Rogers, Mary Bruce y Catherine Lucey fueron víctimas de violencia por parte del presidente de Estados Unidos, mediante insultos y agresiones verbales, como forma de represalia por su labor periodística; sin embargo, no recibió ninguna sanción al respecto.
Donald Trump, el presidente agresor de mujeres periodistas
A este panorama se suma el intervencionismo en otros países. El pasado 3 de enero de 2026 se registró en Caracas, Venezuela, una operación militar estadounidense ordenada por Donald Trump que incluyó bombardeos y culminó con la extracción del presidente Nicolás Maduro y de su esposa y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. La acción fue cuestionada por organizaciones como Amnistía Internacional, señalando que representó una violación al derecho internacional. Ahora, la isla de Groenlandia está en la mira de Trump bajo el argumento de ser de importancia estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta situación pone en riesgo la vida de las mujeres, pues cuando un país se encuentra en conflicto armado las desigualdades de género se profundizan y las violencias contra ellas se incrementan, generando escenarios de tortura. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2024 se registró un aumento del 25% en la violencia sexual en contextos de guerra, donde el 92% de las víctimas son mujeres y niñas.
El intervencionismo de Estados Unidos podría afectar a las defensoras venezolanas, ya que se han registrado las primeras detenciones contra personas defensoras y periodistas que documentaron y denunciaron lo que ocurre en el país. Sin embargo, las mujeres no solo enfrentan violencia por su labor, sino también por su género y se teme un incremento de las agresiones en su contra en los próximos días, según declararon defensoras venezolanas a Cimacnoticias.
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