Ciudad de México.- La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Víctimas de Violencia A.C. (ADIVAC), denunci{o que los incrementos de embarazos infantiles y adolescentes no solo ponen en retroceso la política pública para su erradicación, sino que evidencian la persistencia de violencia sexual como un problema estructural que enfrentan las niñas y adolescentes y además señalaron que existe falta de voluntad política para revertir ésta situación.
Con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México en el país hubo 89 mil 527 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años quienes registraron un embarazo en 2024. Estoy correspondió al 1% del total de mujeres en ese rango de edad. Puesto de otra forma, uno de cada 19 nacimientos registrados en México durante 2024 eran de madres que no habían cumplido 18 años de edad (5.4% del total). Las entidades que más nacimientos registraron fueron: estado de México con 11 mil 086, seguido de Chiapas con 9 mil 177 y luego Jalisco con 5 mil 989.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en 2023 acontecieron 137 mil 660 embarazos en niñas y adolescentes menores de 19 años en México. De estos, alrededor de 3 mil 134 partos correspondieron a niñas entre 10 y 14 años de edad. Aunque en 2020 la cifra arrojó un estimado de 8 mil 876 en el mismo grupo etario, para la organización refleja que el problema es persistente.
El embarazo en niñas y adolescentes no es un problema menor, pues provoca maternidades forzadas que comprometen su salud física. Anteriormente, la Secretaría de la Salud documentó que en 2025 hubo 269 casos de niñas con morbilidad materna extremadamente grave, es decir, complicaciones médicas que pusieron en riesgo sus vidas durante el embarazo, el parto o hasta 42 días después de su terminación.
El embarazo en niñas y adolescentes no es un problema menor, pues provoca maternidades forzadas que comprometen su vida y la situación se replica en todo el país, según datos de la Secretaría de la Salud en 2025 hubo 269 casos de niñas con morbilidad materna extremadamente grave, es decir, complicaciones médicas que pusieron en riesgo sus vidas durante el embarazo, el parto o hasta 42 días después de su terminación.
ADIVAC expuso que los esfuerzos institucionales por erradicar el embarazo infantil y adolescente «están debilitados», por ejemplo, señalaron una reducción del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) —dirigido a instancias de mujeres en las entidades federativas— el cual atendía a 300 municipios con una inversión de más de 35 mil millones de pesos.
Por otro lado, la organización advirtió que durante el año 2025 no se dio a conocer una estrategia clara sobre el FOBAM; mientras que los recursos se repartieron en 55 municipios y fueron destinados a la impresión de la Cartilla de la Mujer y para los Centros de Mujeres Libres, sin proporcionar evidencia sobre el impacto que tendría en la prevención de embarazos forzados o la violencia sexual.
Pese a los avances normativos en materia de derechos humanos, ADIVAC señaló que la ausencia de una educación integral en sexualidad efectiva, la falta de homologación en cuanto a la tipificación de la violencia sexual en todos los códigos penales, la permanencia del delito de estrupo en los estados, y la escasez de peritos especializados para materializar las denuncias y proporcionar sanciones reales; dificultan proporcionar una respuesta integral.
Las organización afirmó que existe falta de voluntad política y presupuestaria, por ello exigieron la creación de fondos públicos específicos, suficientes y debidamente etiquetados para la prevención, atención y sanción del embarazo infantil y adolescentes que sean operados por el Grupo Interinstitucional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GIPEA).
Asimismo, rendición de cuentas en los recursos con enfoque territorial y priorizando en las comunidades donde hay mayor presencia de violencia sexual. Paralelamente, pidieron la capacitación de las instituciones en materia de sexualidad, justicia, atención a víctimas y sanción de la violencia sexual contra niñas y adolescentes.
«Estas fallas son cuellos de botella que continúan dejando sin atención ni justicia a niñas y adolescentes violentadas (…) La protección de la vida, la salud y los derechos de las niñas no admite simulaciones ni discursos triunfalistas. El Estado mexicano tiene la obligación indeclinable de garantizarles una vida libre de violencia.» -Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Víctimas de Violencia A.C. (ADIVAC).
El panorama que enfrentan las niñas y adolescentes
México cuanta con la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) que contempla un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, aportes de la sociedad civil y, por primera vez, incluye a la población menor de 15 años como un grupo prioritario. No obstante, la ADIVAC advirtió que tanto el Consejo Nacional de Población (CONAPO) como la ENAPEA han señalado que la violencia sexual es un factor clave en la realidad de las niñas y adolescentes.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que tan solo en 2023, se registraron 9 mil 802 casos de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años, atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres. Ese mismo año se posicionó como el segundo con mayor casos registrados desde el 2010.
La mayoría de las historias corresponden a contextos de matrimonio infantil o uniones tempranas donde las diferencias entre las edades de las mujeres y su conyugue son grandes. Cuando las infancias entran en un matrimonio, éste repercute en su capacidad de alcanzar o abandonar hitos de transición hacia la vida adulta.
Dichos escenarios generan que las niñas y adolescentes experimenten situaciones de violencia sexual. El informe ‘Matrimonio forzado, venta y embarazo de niñas y adolescentes’ señala que el 40% de las adolescentes en México ha experimentado violencia sexual y el 12.6% de las mujeres en México fueron víctimas de abuso sexual alguna vez en su infancia.
