Ciudad de México.- La lucha de la marea verde ha impulsado avances significativos en materia de derechos reproductivos; sin embargo, la despenalización del aborto en 24 entidades del país no se ha traducido en un acceso pleno y garantizado, porque de acuerdo con denuncias recibidas por Cimacnoticias en estados como Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Zacatecas y Tlaxcala, las mujeres continúan enfrentando múltiples restricciones para interrumpir un embarazo de manera segura, gratuita y sin estigmas.
De acuerdo con el Gobierno de México, el acceso al aborto legal y seguro forma parte esencial de los servicios de salud reproductiva a la que tienen derecho las mujeres, lo cual se sustenta en principios fundamentales como el derecho a la vida; a la salud, incluida la salud reproductiva; la integridad física; la vida privada; la no discriminación y la autonomía reproductiva.
No obstante, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) identificó en 2023 que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene una norma interna que impone requisitos adicionales para acceder a la interrupción del embarazo. Esta disposición, que originalmente solo se aplicaba en casos de violación, ha sido extendida a todos los supuestos y contempla exigencias como la realización obligatoria de un ultrasonido, la solicitud de una opinión jurídica y la presentación de una solicitud firmada por dos testigos, o incluso una orden emitida por un juez o agente del Ministerio Público.
Estas barreras no solo persisten, sino que se han profundizado. Un ejemplo claro es en Tlaxcala, donde hace apenas un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto. Sin embargo, Rosario Texis, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser Tlaxcala), ha denunciado que únicamente dos hospitales han sido designados para brindar el servicio: el Hospital Regional de Tzompantépec y el Hospital Comunitario de Apizaco.
A la limitada disponibilidad de unidades médicas se suma que, durante el último mes, estos hospitales se han negado a realizar el procedimiento a las mujeres quienes han acudido a solicitarlo, bajo el argumento de no haber recibido una notificación oficial sobre los cambios legales. En consecuencia, suelen remitirlas a organizaciones civiles como Ddeser. Si bien en estos espacios se les proporciona información para acudir a otros servicios, la defensora subrayó que es obligación del Estado garantizar la atención directa.
“Hemos observado que las mujeres sí acuden a los servicios de aborto legal en busca de acompañamiento e información; sin embargo, el personal de salud aún no les brinda esa posibilidad cuando se trata de abortos por decisión propia”, señaló.
Ante este escenario, Rosario Texis enfatizó que, pese a la sentencia histórica de la SCJN, el reto inmediato es exigir a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Tlaxcala una estrategia de difusión clara que informe que el aborto ya no es un delito y debe de ser garantizado. Asimismo, demandó la capacitación del personal médico, el inicio efectivo de la atención de abortos por decisión de las mujeres y, sobre todo, la armonización de la Ley de Salud local y el Código Penal para eliminar definitivamente la tipificación del delito.
Derechos ganados no garantizan su cumplimiento
Esta no es la primera ocasión en que organizaciones feministas denuncian el incumplimiento del Estado mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos. En febrero de 2025, se documentó que entidades como Veracruz y Oaxaca presentaban obstáculos para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo de manera segura y gratuita.
En Veracruz, pese a que el aborto fue despenalizado en 2021, la criminalización persiste en la práctica. Esta situación ha derivado en que instituciones de salud no apliquen correctamente los protocolos establecidos, exista desabasto de medicamentos abortivos, se incurra en prácticas de revictimización, falta de empatía en el trato médico y prevalezca la desinformación sobre las rutas de acceso al aborto. Además, se han reportado casos en los que el IMSS y el ISSSTE han negado el servicio.
A ello se suma que organizaciones, colectivas feministas y defensoras de derechos humanos han señalado que, en más del 95 por ciento de los casos acompañados, las mujeres optan por la autogestión del aborto en casa mediante el uso de medicamentos. Esta decisión responde, en gran medida, a experiencias previas de discriminación, maltrato, revictimización o estigmatización en clínicas y hospitales.
Una situación similar se ha replicado en Oaxaca, donde las mujeres también han reportado dificultades operativas para ejercer este derecho. Entre los principales problemas se encuentran la falta de información adecuada, la insuficiencia de medicamentos y plazos limitados para realizar el procedimiento, los cuales no consideran las distancias geográficas entre las unidades de salud disponibles.
Asimismo, persiste la opacidad en la información pública relacionada con los presupuestos asignados al componente de aborto seguro y a los servicios de interrupción del embarazo. En contraste, se han documentado tratos denigrantes y prejuicios por parte del personal de salud, así como falta de empatía, desconocimiento de los protocolos y carencia de insumos necesarios para garantizar un procedimiento seguro.
Pese a despenalización, persisten barreras para acceder al aborto en Veracruz y Oaxaca
En Michoacán, entidad que despenalizó el aborto en 2024, defensoras han advertido que las instituciones de salud también carecen de personal capacitado, protocolos claros y condiciones adecuadas para brindar el servicio. Además, se ha denunciado la presencia de violencia obstétrica y una fuerte centralización de la atención, lo que excluye a mujeres que residen lejos de la capital del estado.
Otro de los principales obstáculos identificados es la objeción de conciencia, ya que personal de salud ha llegado a negar el servicio bajo argumentos morales o religiosos. Sin embargo, esta práctica contraviene la ley, pues aun cuando una persona se declare objetora, las instituciones están obligadas a garantizar que otro personal capacitado realice el procedimiento.
En Puebla, el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) ha denunciado que la mayoría de los municipios no cuenta con unidades médicas habilitadas para ofrecer servicios de interrupción del embarazo. Como consecuencia, muchas mujeres se ven obligadas a abortar por su cuenta, ante la falta de recursos económicos, tiempo o condiciones laborales que les permitan trasladarse hasta la capital del estado.
También se ha registrado que, en numerosas ocasiones, cuando las mujeres solicitan medicamentos para interrumpir el embarazo, solo se les entrega una parte del tratamiento. Por ejemplo, reciben únicamente Misoprostol, sin incluir Mifepristona, lo que reduce la eficacia del procedimiento. Conseguir este último medicamento en México continúa siendo complicado y costoso.
Conservadores enmascarados de feministas disuaden a mujeres de abortar. Puebla complica acceso a ILE
Más al norte, en Zacatecas, el panorama no es distinto. El desabasto de medicamentos como la Mifepristona y Misoprostol sigue presente tampoco se cuenta con equipo para aspiración manual endouterina. A ello se suma la falta de personal especializado y sensibilizado, lo que coloca a las mujeres en riesgo y genera retrasos indebidos e innecesarios en los procedimientos.
Esta información ha sido documentada por el Movimiento Feminista en Zacatecas, que a lo largo de 2025 registró casos en los que el personal de salud intentó deliberadamente intimidar a las usuarias para que desistieran de abortar, incluso en contextos de violación. Estas prácticas contravienen la Norma Oficial Mexicana 046, que establece los criterios para la prevención y atención de la violencia sexual.
Movimiento Feminista de Zacatecas denuncia barreras para practicar abortos en IMSS Bienestar
