Ciudad de México.- En marzo de 2026, el Estado mexicano comparecerá ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Comité de Derechos Humanos) como parte de una revisión realizada cada 5 años; sin embargo, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil la situación en materia de derechos humanos en el país se agrava y en el último año las condiciones democráticas para la garantía y el ejercicio libre de los derechos se reducen.
Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertas y expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes.
Durante el foro «Derechos Humanos y Democracia en México», organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe alterno “Derechos humanos y democracia: un panorama de retrocesos en diversos ámbitos” con un diagnóstico que será analizado por el Comité de Derechos Humanos. Posteriormente, durante la próxima comparecencia que tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el Estado mexicano será cuestionado en relación a sus compromisos asumidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado en 1981.
El conversatorio contó con la participaron Leopoldo Maldonado de Artículo 19, Marisol Méndez de Fundación para la Justicia, Susana Camacho de México Evalúa, José Luis Gutiérrez de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILegal), Mayra Sánchez de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), y Michael Chamberlin de Consultora Solidaria. Sin embargo, el documento presentado fue realizado por varias organizaciones sociales, así como personas activistas.
Uno de los derechos que principalmente preocupa es la libertad de expresión el cual afecta de forma diferenciada a las mujeres periodistas. Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) documentó en su informe «Las formas del Asedio» alrededor de mil 189 casos de agresiones contra las periodistas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presentando un incremento de 117% respecto al sexenio anterior.
Estas agresiones incluyen violencias físicas, digitales, simbólicas e instituciones, ridiculización, desacreditación o silenciamiento por cuestionar acciones gubernamentales. No obstante, la violencia digital se constituyó como una de las formas más frecuentes de agresiones contra ellas con ataques contra sus cuerpos, género, vida privada y credibilidad que opera como un mecanismo de silenciamiento para generar la autocensura y el desplazamiento simbólico.
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, CIMAC registró 385 agresiones contra mujeres periodistas, 333 de ellas ocurrieron durante 2025, siendo ésta la cifra más alta documentada por la organización. Pese a ello, las comunicadoras beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informaron diferencias estructurales en cuanto al seguimiento, respuestas tardías y ausencia de perspectiva de género en sus denuncias.
Mayra Sánchez, jefa del Programa de Libertad de Expresión y Género en CIMAC compartió durante el foro que se debe reconocer la violencia contra las mujeres periodistas como un problema estructural que se articula con relaciones de poder, desigualdades de género y prácticas institucionales. Apuntó que nombrarla como estructura es primer paso para dejar de culpar a las víctimas y asumir las obligaciones estatales.
Asimismo, señaló la necesidad de implementar una lógica preventiva más que reactiva para proporcionar real protección a mujeres periodistas y evitar la serie de agresiones que enfrentan por su labor: «Sin condiciones reales de seguridad y sin garantías fundamentales de libertad de expresión se vuelve una promesa vacía. No basta con que el derecho esté reconocido en la ley si en la práctica hay desprotección e impunidad.» advirtió Mayra Sánchez.
Otros de los derechos afectados que fueron señalados en el informe son:
| Derecho afectado | Detalles |
|---|---|
| Reforma al amparo | En septiembre de 2025 la Presidenta de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, la cual se aprobó en octubre de ese año. Los cambios se estructuran en cuatro ejes: digitalización del procedimiento, reducción de plazos, restricción de suspensiones en el acto reclamado y el interés legítimo. El informe refiere que con esta reforma se redujo la capacidad del amparo para frenar violaciones graves, controlar el poder público y garantizar el acceso efectivo a la justica, especialmente en grupos discriminados. |
| Vigilancia digital | En 2025 se reformó Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; Ley General de Población; Ley General en Materia de Desaparición Forzada; Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos; y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para las organizaciones esto fue un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la vida privada de las personas al centralizar los datos personales. En consecuencia, advirtieron la construcción de un ecosistema de vigilancia sin contrapeso y con la capacidad de intervenir en la esfera íntima de la ciudadanía. |
| Vigilancia militarizada | La entrada en vigor en junio de 2025 de la Ley de la Guardia Nacional y un conjunto de reformas legales asociadas encendió alertas de las organizaciones. Consideraron que se legalizó y profundizó la vigilancia militar en las comunicaciones, pues ahora la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puede procesar y usar información para actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional sin controles o garantías para delimitar sus atribuciones. |
| Prisión Preventiva Oficiosa | Pese a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU para reducir y eliminar la prisión preventiva oficiosa, el Estado amplió el catálogo de delitos que la contemplan. Con ello, las organizaciones señalaron que se vulneraron los derechos como la libertad persona, el debido proceso y la presunción de inocencia sin que exista evidencia de que esta medida reduce la criminalidad. |
| Sistema Penitenciario | El sistema penitenciario mexicano enfrenta un problema estructural de hacinamiento, con una población que excede la capacidad instalada. Más de la mitad de los centros evaluados presentan sobrepoblación lo que impide garantizar condiciones dignas, seguras y compartibles con el artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. |
| Personas Migrantes | México mantiene una política de contención y criminalización de la migración que ha derivado en graves violaciones a derechos humanos, incluyendo extorsiones, secuestros, desapariciones y muertes de personas migrantes. La detención migratoria es una práctica sistemática que genera incomunicación, falta de acceso a defensa legal y desapariciones forzadas de corta duración. |
Eliminación de pesos y contrapesos
De acuerdo con el informe presentado, México sufrió la eliminación de varios pesos y contrapesos que preocupan a las organizaciones.
Comenzando con una Reforma Judicial que sustituyó la elección de las personas juzgadoras del país a través del voto popular en dos etapas (2025 y 2027). En julio de 2024, la Relatora de la ONU sobre independencia judicial Margaret Satterhwaite expresó que dicha acción socavaría la independencia judicial en el país pues implicó bajar los requisitos para ascender al cargo, la parálisis en juzgados y tribunales, así como la figura de los jueces sin rostro.
Para Marisol Méndez de Fundación para la Justicia, esto supuso recortes presupuestales, campañas de desligitimación de personas juzgadoras principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como una estrategia para minar la independencia judicial. Con el sistema de elecciones se polarizó la justicia, apuntó que esto es grave ya que pueden llegar personas con intereses políticos, económicos y criminales captando el sistema judicial para el poder ejecutivo.
En segunda instancia, se ordenó la extinción del órgano autónomo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para dar lugar a la Transparencia para el Pueblo adscrito al Poder Ejecutivo Federal que asumió la tarea de garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Con ello, el informe apunta que la desaparición de éste órgano, dejó a la ciudadanía sin una instancia que pueda supervisar, sancionar o frenar abusos.
Leopoldo Maldonado de Artículo 19 comentó que las restricciones a la transparencia y el acceso a la información pública se hicieron para no poner en riesgo el proyecto político de la actual administración. Esto supone el riesgo para la libertad de prensa considerando que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo siendo un Estado que no está en conflicto armado como otros países.
Asimismo, en los últimos 10 años, las organizaciones de la sociedad civil han enfrentado limitaciones en su participación para defender los derechos humanos como la eliminación de transferencias de recursos federales a las OSC desde 2019, el recrudecimiento de las medidas fiscales y legales que afectan su sostenibilidad en 2021 y la reformación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Ausencia de mecanismos para la rendición de cuentas
El informe también da cuenta de la ausencia en rendición de cuentas, por ejemplo, en 2019 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano alejarse del enfoque de militarización y retirar a las fuerzas armadas de la seguridad ciudadana; sin embargo, ocurrió lo contrario, pues se les transfirieron mayores atribuciones y recursos a las instituciones militares como la incorporación de las Guardia Nacional a la Fuerzas Armadas.
El informe también señala la ausencia de rendición de cuentas por parte del Estado mexicano debido a la militarización y la impunidad ante los casos de desapariciones generalizadas. En 2019, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó a México alejarse del enfoque militarizado y retirar a las fuerzas armadas de las funciones sobre seguridad ciudadana; sin embargo, esto no sucedió.
En 2024 una reforma constitucional permitió la adherencia de la Guardia Nacional a la Fuerza Armada de forma permanente y permitió al Ejecutivo federal disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública en cualquier momento. Con esto, Marisol Méndez de Fundación para la Justicia apuntó que «la GN se convirtió en una instancia con poderes» para realizar investigación, control migratorio, construcción de obras públicas a la par de un aumento en su presupuesto aumentando el riesgo a violaciones de derechos humanos.
Por otro lado, la falta de rendición de cuentas también se refleja en los casos de impunidad en el sistema judicial. El informe señala que ocho de cada mil casos tuvieron una resolución por parte de las autoridades y como parte de éste problema se dan los casos de desapariciones de personas.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) indicó que en el país se da el escenario para que los casos queden en impunidad. Cifras expuestas en el documento indican que existen más de 133 mil personas desaparecidas hasta diciembre de 2025 y 72 mil cuerpos sin identificas hasta septiembre de 2024.
Marisol Méndez de Fundación para la Justicia trajo a colación que la impunidad sobre el tema de desapariciones involucra principalmente a las fiscalías, las cuales necesitan varias mejoras en relación a la labor de los ministerios públicos, policías y peritos. En consecuencia, filtran pocos casos de desapariciones al poder judicial para que emitan sentencias condenatorias.
