En esta administración se nos ha repetido que conocer nuestros derechos como mujeres nos hará libres. Que basta con saberlos para exigirlos y así, casi por arte de magia, accederemos a ellos como quien cruza un umbral invisible.
El conocimiento, sin duda, nos coloca en un mejor lugar. Pero cuando hablamos de derechos humanos —y particularmente de los derechos de las mujeres— la realidad es otra: su ejercicio no depende de la voluntad individual, sino de responsabilidades estatales. Tener la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en las manos, ¿es suficiente para ejercerlos?
La experiencia demuestra que no.
Cientos de mujeres en México conocen sus derechos, pero ejercerlos implica atravesar las murallas patriarcales de la burocracia institucional. Conocer no basta cuando el Estado no cumple.
El caso de Jessica Trejo Gómez lo ilustra con crudeza. Productora y documentalista sonora, con más de 15 años de trayectoria, ha buscado igualdad salarial y laboral dentro de Radio UNAM, desde 2016 bajo la dirección de Benito Taibo. Lo que enfrenta no es una percepción subjetiva, sino una estructura de discriminación: una diferencia salarial respecto de colegas hombres y condiciones laborales precarias que nada tienen que ver con su capacidad profesional y todo con su sexo.
Consciente de sus derechos y de las leyes que los respaldan, en 2018 acudió con Taibo, director de la emisora para exigir igualdad salarial y de condiciones. No lo logró. Porque conocer los derechos no sirve de mucho cuando quienes dirigen las instituciones consideran que la igualdad entre mujeres y hombres no es un asunto que les competa.
El derecho a un trabajo digno y a salario igual —asentado en el número 14 de la Cartilla de las Mujeres, distribuida por miles— es el que Jessica intenta hacer efectivo desde que trabaja en Radio UNAM, en 2009. En lugar de respuestas, ha recibido represalias.
En los últimos meses ha acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Defensoría de los Derechos Universitarios, a la Secretaría de las Mujeres y a Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. El resultado ha sido el mismo: nada.
El 15 de octubre de 2025 presentó su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), turnada a la Sexta Visitaduría. En su relatoría señala que desde 2019 realiza funciones que no corresponden a su puesto —productora y documentalista sonora, la única en Radio UNAM— y que en enero de 2018 denunció ante la dirección el maltrato misógino de su jefe inmediato, Jaime Casillas Ugarte.
Ocho años después, lejos de mejorar, la situación se ha agravado. El castigo se vive a diario.
Basta un ejemplo, relatado por la propia Jessica:
“En agosto de 2018, el subdirector Jaime Casillas, junto con la jefa de Producción, MaryPaz Gener, y el jefe de Proyectos Especiales, Omar Tercero, me citaron para informarme que asumiría las responsabilidades de un compañero que dejó vacante su plaza de confianza. Al preguntar si también se me otorgaría la plaza —y con ello el salario y la seguridad laboral— me lo negaron. Esa plaza fue asignada al chofer del director.”
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM respondió el 16 de enero de 2026 que no advertía un trato diferenciado por razones de género, sino únicamente un posible “trato hostil” vinculado al desempeño laboral. Con ello concluyó que no era pertinente ejercer sus facultades en materia de violencia por razones de género.
El mensaje es claro: la discriminación estructural no existe si no encaja en los formularios.
El 7 de enero de este año, Jessica se entrevistó con la Subdirectora de Orientación de las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres, Yolanda Vilchis López, quien reconoció que muchas mujeres de la UNAM acuden a esa instancia, pues cuando denuncian “los abogados de la UNAM se van con todo”. Pese a ello, la Secretaría no puede investigar ni acompañar.
Esta es la realidad para miles de mujeres que sí conocen sus derechos, pero chocan contra laberintos burocráticos misóginos que eluden su responsabilidad y refuerzan el pacto patriarcal institucional.
Por denunciar la injusticia son etiquetadas como “conflictivas”, un adjetivo históricamente utilizado para desacreditar a las mujeres y construir estereotipos de género que justifican la violencia institucional.
Por eso no basta con conocer los derechos como sugiere la Cartilla y repiten las declaraciones oficiales sobre igualdad sustantiva. Las sujetas de derechos necesitan acciones concretas del Estado que rompan con el pacto patriarcal institucional.
Las declaraciones sin acciones son propaganda. La igualdad sustantiva no nace del decreto, sino de las políticas y prácticas que transforman, de verdad, la vida de las mujeres.
