Ciudad de México.- La construcción del Centro Comunitario Gúwa Kúma conocido como la Casa de los Saberes, ubicado en Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero, fue una de las medidas de reparación comunitarias ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, víctimas de violencia sexual por militares en 2002.
Se acordó que en este Centro se brindarían servicios de atención a mujeres indígenas víctimas de violencia; sin embargo, a cuatro años de su apertura las trabajadoras y organizaciones de la sociedad civil como Tlachinollan denuncian abandono institucional y falta de presupuesto que complica la operación del lugar.
En agosto de 2025, la entones secretaria de la mujer Violeta Pino Girón tuvo una reunión interinstitucional junto con representantes de dependencias federales y estatales donde mencionó que se facilitarían recursos para el funcionamiento de la Centro Comunitario Gúwa Kúma, según describe un boletín del Gobierno de Guerrero. Esto en cumplimiento con las sentencias de la CoIDH.
No obstante, en septiembre se llevó a cabo una protesta encabezada por la propia Inés Fernández Ortega ante la falta de atención que la entidad ha dedicado al espacio. Noemí Prisciliano Fernández, abogada e hija de Inés, denunció que, pese a las reuniones con las autoridades, no han obtenido resultados para acatar la sentencia y ha sido su madre quien destina recursos para que el Centro Comunitario Gúwa Kúma continúe operando porque no existe un fondo específico para cubrir el acompañamiento a víctimas, entregar salarios y mejorar la infraestructura.
Casa de los saberes: un faro de esperanza para las mujeres indígenas – cimacnoticias.com.mx
El pasado 25 de noviembre del 2025, durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, trabajadoras que forman parte del Programa Para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de Guerrero, específicamente, quienes laboran en el Centro Comunitario Gu’wa Kuma «Casa de los Saberes», denunciaron violencia económica e institucional ante el incumplimiento de pagos por adeudos salariales y la falta de optimización en los servicios que ofrecen.
En consecuencia, hicieron un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado, al secretario de finanzas Raymundo Seguro Estrada, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la entones secretaria de la mujer Violeta Pino Girón para dialogar en torno a la dignificación del trabajo de las mujeres que sostienen a otras mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas, mestizas, y afromexicanas que viven violencia machista en la entidad.
En las comunidades indígenas las mujeres se enfrentan al menos cuatro niveles de discriminación: su sexo, origen étnico, pobreza y origen rural. Ante este panorama, están expuestas a la violencia de género, datos de Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que al menos el 67.7% de las mujeres indígenas sufrió violencia de género a lo largo de su vida.
El 42.7% de ellas vivieron situaciones de violencia por parte de su actual o última pareja. El tipo más frecuente fue la psicológica (37.5%), le siguió la violencia económica o patrimonial (21.5%), física (20.2%) y sexual (8.1%). Otros tipos de violencia encontradas en mujeres indígenas fueron escolar (25.6%), laboral (16%), y por parte de algún integrante de su familia (10.3%).
El estado de Guerrero es la cuarta entidad con mayor presencia de hablantes de lengua indígena, de acuerdo con el Consenso de Población y Vivienda 2020. No obstante, actualmente es la quinceava entidad con mayor registro de casos de feminicidio en 2025 con un total de 21 mujeres asesinadas en ese año según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Desde junio de 2017 cuenta con una Alerta por Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida en los municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravos, Coyuca de Catalán, Iguala de Independencia, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta. También mantiene una segunda por agravio comparado emitida en junio de 2020.
Ante este panorama, el Centro Comunitario Gúwa Kúma funge como un eje central para brindar atención integral y con perspectiva de género e interculturalidad a las mujeres de la región de Ayutla de los Libres. En entrevista para Cimacnoticias, Saulo Loya coordinador de Incidencia de Tlachinollan describió que se trata de un centro novedoso, ya que cuenta con seis mujeres embajadoras y pertenecientes a las comunidades indígenas y quienes son encabezadas por Inés Fernández Ortega.
Cuenta con profesionistas que se encargan de la parte operativa, brindando servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de fortalecimiento comunitario; sin embargo, además de la falta de pagos para los salarios que puede extenderse hasta por varios meses, existe personal limitado para proporcionar el servicio y persisten carencias en la infraestructura.
«A veces no tienen dinero ni para mover la camioneta, entonces no se pueden trasladar a comunidades, no se les pagan salarios a las trabajadoras y eso pues obviamente no incentiva y tampoco les permite vivir en un sueldo y trabajo y eso pues ha generado muchos problemas que se mantienen tienen hasta la fecha.» -Saulo Loya coordinador de Incidencia de Tlachinollan.
Para Saulo Loyola, el Centro Comunitario Gúwa Kúma puede brindar una atención holística a las mujeres y resulta fundamental como parte de la primera medida de reparación comunitaria ordenada por la CoIDH ante los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega quienes en el 2002 vivieron violencia sexual como forma de tortura por elementos de las Fuerzas Armadas cuando tenían 17 y 25 años respectivamente, ambas mujeres indígenas me´phaa de Guerrero.
7 fallos contra Estado mexicano y la violencia hacia mujeres persiste – cimacnoticias.com.mx
La forma en que ocurrieron las agresiones no fueron aisladas. En ambos casos el actuar de los militares siguió el mismo patrón. Llegaron armados para irrumpir en sus espacios cotidianos y someterlas a interrogatorios intimidantes bajo supuestos de seguridad. Las acusaron sin pruebas y las presionaron para obtener información.
Después de no encontrar justicia en México porque sus casos fueron turnados a la justicia militar, por lo que ambas acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en agosto del 2010 la CoIDH emitió la sentencia contra el Estado mexicano.
Como parte del fallo condenatorio contra el Estado mexicano se pidió que brindara servicios de tratamiento a mujeres víctimas de violencia sexual por medio del Centro Comunitario Gúwa Kúma el cual debe ser fortalecido a través de la provisión de recursos materiales y personales; así como crear campañas de concientización y sensibilización de la población en general.
No fue hasta que la CoIDH realizó una audiencia en seguimiento de ambos casos durante octubre de 2020 cuando se logró hacer presión para que se inaugurara el Centro Comunitario Gúwa Kúma el 17 de septiembre de 2021.
Durante la presentación virtual, Inés Fernández Ortega declaró que era necesario que el Estado mexicano tenga más voluntad para desarrollar las medidas de reparación restantes y proporcionar de recursos necesarios a la Casa, pues aún había carencia del servicio de energía eléctrica, agua, bomba, y de mobiliario para su adecuada operación; sin embargo, hasta la fecha se han denunciado carencias del espacio.
De acuerdo con Saulo Loyola, actualmente existen negociaciones con autoridades federales y estatales para que el Centro Comunitario Gúwa Kúma pueda buscar sus propios recursos, no obstante, indicó que ninguna autoridad ha sido capaz de proporcionar una solución duradera: «se limitan a pagar algunos meses de sueldo que no son suficientes para aliviar la situación de las profesionistas y tampoco permiten que el centro funcione como la institución imaginada por la CoIDH».
