Hablar de acceso a la justicia para las mujeres en movilidad es hablar de una deuda estructural que los Estados de la región siguen sin saldar. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración acompañamos, junto con redes aliadas como la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), a mujeres y niñas migrantes, refugiadas y desplazadas internas que enfrentan violencias múltiples antes, durante y después de migrar.
Tras más de una década de trabajo en Mesoamérica, el diagnóstico es claro: sin justicia migratoria no hay posibilidad real de una vida libre de violencias ni de una sociedad del cuidado.
El primer obstáculo aparece incluso antes de que una mujer pueda solicitar protección. La entrada al territorio de un Estado se ha convertido en un filtro de exclusión más que en una oportunidad para garantizar derechos. Acuerdos de readmisión, expulsiones sumarias, devoluciones en caliente, criterios ambiguos de “seguridad nacional” y la creación de zonas de excepción legal debilitan el principio de no devolución y bloquean el acceso efectivo a la justicia y a la protección internacional. En lugar de ser un punto de partida para la restitución de derechos, las fronteras se han transformado en espacios donde la ley se suspende y la violencia se normaliza.
Estas políticas impactan de manera directa en los procedimientos de asilo. En la región observamos procesos acelerados, con menos garantías, restricciones al derecho de apelación y la imposibilidad de permanecer en el país mientras se revisan las decisiones. Para las mujeres que huyen de violencias basadas en género, esta falta de garantías puede significar el retorno forzado a contextos donde su vida corre peligro. Suspender la ejecución de una negación de asilo mientras se resuelven los recursos no es una concesión: es una garantía mínima para proteger la vida.
La defensa pública, llamada a ser una de las principales puertas de acceso a la justicia, presenta brechas alarmantes. Una parte significativa de las defensorías públicas en la región reconoce no conocer las necesidades jurídicas de las personas migrantes y refugiadas; muchas carecen de líneas especializadas, protocolos de atención y, de manera especialmente grave, de un enfoque de género. Esto ocurre en una región donde las mujeres migrantes enfrentan violencia sexual, laboral y familiar de forma sistemática. Sin una defensa pública fortalecida, especializada y sensible al género, el acceso a la justicia se vuelve una promesa vacía.
La justicia laboral es otro terreno plagado de obstáculos. Las mujeres migrantes —particularmente quienes trabajan en el sector de los cuidados, el trabajo del hogar o en zonas rurales— enfrentan enormes dificultades para reclamar salarios dignos, denunciar despidos injustificados o violencias y hostigamiento sexual. El miedo a la deportación, la falta de información sobre sus derechos, la ausencia de asesoría legal gratuita, los costos y la desconfianza en las instituciones judiciales inhiben la denuncia. El estatus migratorio, una vez más, se convierte en un mecanismo de control y silenciamiento.
Estas barreras se agravan para mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales, quienes enfrentan además obstáculos lingüísticos, culturales y una profunda falta de sensibilización institucional. A ello se suma la situación de las familias de personas migrantes desaparecidas, que encuentran sistemas de denuncia inaccesibles, exigencias documentales imposibles de cumplir y una alarmante falta de coordinación transnacional. Frente a la omisión estatal, han sido las propias familias —organizadas en comités en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua— quienes han sostenido la búsqueda de verdad y justicia.
La precarización de la vida de las mujeres migrantes está estrechamente vinculada con la invisibilización de su trabajo de cuidados. Las mujeres en movilidad sostienen hogares en origen, tránsito y destino, muchas veces a costa de su salud física, emocional y económica. La sobrecarga de cuidados no remunerados limita su acceso a la educación, al empleo digno y nuevamente, a la justicia. No es casualidad que quienes cuidan sean también quienes menos pueden denunciar.
Desde el IMUMI coincidimos con la RMMSyM en que no habrá sociedad del cuidado sin justicia migratoria. Exigir justicia implica garantizar regularización documental efectiva, acceso a defensorías públicas especializadas, procesos judiciales sin condicionamientos, protección para las defensoras de derechos humanos y financiamiento sostenido para las organizaciones que acompañan a mujeres en movilidad. Implica también que los Estados dejen de tratar a las víctimas de trata y explotación como personas “indocumentadas” y reconozcan su derecho a la protección y a la reparación.
Las mujeres migrantes no piden privilegios. Exigen lo básico: poder denunciar sin miedo, acceder a la justicia sin ser castigadas por su estatus migratorio y vivir sin violencias. Como nos recuerda el movimiento feminista, si tocan a una, respondemos todas. Hoy, responder implica transformar sistemas que siguen dejando a las mujeres migrantes fuera de la justicia y, con ello, fuera de la posibilidad de una vida digna.
