Ciudad de México.- Esta semana se encuentra Reem Alsalem, actual Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, en México, y aunque no es una visita oficial, su presencia nos lleva a realizar un recuento de lo que ha sucedido en el país tras 21 años transcurridos de que una primera comisión de este organismo viniera a México y emitiera algunas recomendaciones al Estado mexicano.
Es importante decir que en esta visita no oficial de Reem Alsalem también dialogará con feministas y defensoras de derechos humanos quienes le harán un recuento del panorama actual que se vive en el país.
Durante ese encuentro es muy probable que le compartan a Reem Alsalem el contexto de violencia generalizada contra mujeres en el país.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México y 2 mil 074 homicidios dolosos contra mujeres, aunque el número podría ser mayor si se considera la narrativa oficial que sostiene una disminución histórica del delito, afirmación que ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Causa en Común.
En 2025 México registró 721 casos de feminicidio. Sinaloa ocupó primer lugar
Reem Alsalem, fue nombrada así por la Organización de las Naciones Unidas en agosto del 2021 y ella es otra de las funcionarias asignadas a este cargo por el cual ya han pasado varias expertas. Este cargo de Naciones Unidas comenzó a operar desde el 4 de marzo de 1994 y desde entonces se presentan informes relativos a la vida de las mujeres, niñas y adolescentes de los Estados firmantes.
Fue en el 2005 cuando México recibió a la entonces Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, ella era Yakin Ertürk y vino en una situación compleja ante la documentación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Todo esto porque desde 1993 comenzaron a documentarse asesinatos de mujeres en el norte del país, en una época en la que el delito de feminicidio aún no se tipificaba en México, no obstante hay que señalar que antes de ese año la violencia machista también le arrebataba la vida a las mujeres, la diferencia es que no se les nombraba.
Los esfuerzos de defensoras, madres y colectivas como Esther Chávez Cano, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Imelda Marrufo, Andrea Medina, Karla Micheel Salas Ramírez, Marisela Escobedo, Marisela Ortiz, Norma García Andrade, Julia Monárrez Fragoso, entre otras, lograron que las mujeres fueran nombradas y reconocidas como víctimas de la violencia feminicida.
Para entonces Amnistía Internacional México publicó el informe Muertes Intolerables. Hasta ese momento más de 370 mujeres habían sido asesinadas por cuestiones de género, alrededor de 70 jóvenes todavía continuaban desaparecidas.
Durante esos primeros 10 años, la respuesta de las autoridades fue minimizar la violencia feminicida. Se trató a estos casos como comunes del ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra las mujeres que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación.
En Ciudad Juárez ya se pintaban las cruces rusas y se gestaron movilizaciones entre las que ya se lograba escuchar la exigencia “Ni una más”. Sin embargo, las autoridades se mantenían en su omisión.
Entonces el 6 y 7 de noviembre del 2001, se presentó el hallazgo de ocho mujeres asesinadas en un antiguo campo algodonero frente a la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez (AMAC), hecho que sentaría un precedente porque este caso fue lo que puso a México en el banquillo de los acusados frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para que eso sucediera pasaron varios años más.
Más de 300 organizaciones civiles de todo el país lanzaron la campaña “Alto a la Impunidad: Ni una muerta más” para ejercer más presión sobre las autoridades estatales y federales e incrementar la atención mundial a los asesinatos.
Visita a México (2005)
En el 2005, Yakin Ertürk ( desempeñó el cargo desde 2003 a 2009 ) era la Relatora Especial violencia contra las mujeres y las niñas y acudió en visita oficial al país del 21 al 25 de febrero en 2005 para examinar las diversas formas de violencia contra las mujeres e identificar las principales medidas e iniciativas para la protección y promoción de los derechos de las mujeres así como la eliminación de este tipo de violencia.
Ertürk declaró entonces tras su visita que en México:
«Existe una impunidad amplia en los casos de violencia sexual contra la mujer y que los responsables de dichos delitos muy pocas veces son presentados ante la justicia».
Asesinatos de mujeres no son hechos aislados: Ertürk
Durante la visita que sostuvo señaló que los altos niveles de violencia contra las mujeres en México eran al mismo tiempo consecuencia y síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de género.
A ello se unían otros tipos de discriminación por origen, etnia o condición socioeconómica que van asociados a una falta de acceso equitativo a la protección del Estado, por lo que algunos grupos de mujeres -sobre todo las migrantes, las pobres y las indígenas- son particularmente vulnerables a la violencia, se advirtió.
La experta agregó que la desconfianza de las víctimas en el sistema judicial y la falta de protección a las mujeres que reportan abusos son elementos que contribuyen al alto nivel de impunidad.
Del mismo modo, explicó que la discriminación de género impide el desarrollo de mujeres y niñas y restringe su acceso a los servicios de salud. Al respecto, subrayó que las tasas de mortalidad materna y resultante de abortos clandestinos son especialmente «alarmantes».
Ante estos obstáculos, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, solicitó al Gobierno de México que adoptara medidas con los seis objetivos generales: a) poner fin a la impunidad de los actos de violencia cometidos contra las mujeres; b) investigar y encausar a los autores de tales actos, especialmente en Chihuahua; c) prestar servicios de protección y apoyo; d) crear una base de información y conocimientos que tenga en cuenta las cuestiones de género; e) reforzar las infraestructuras institucionales para el adelanto de las mujeres; f) promover programas operacionales, de capacitación y de sensibilización.
Además, concluyó que el Gobierno de México había dado pasos importantes para evitar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, «pero en vista de los insoportablemente elevados niveles de violencia contra las mujer que siguen observándose en México», recomendó «poner más empeño para cumplir sus obligaciones internacionales».
Además encontró que: la sensibilidad de la policía y la justicia a la violencia de género sigue siendo insuficiente en términos generales, por tanto «debe mejorar». También pidió poner fin a la impunidad respecto de la violencia contra las mujeres llevando a cabo reformas de la legislación, los procedimientos de investigación y el sector judicial. Así como identificar y encauzar de manera transparente a todos los autores de asesinatos de mujeres o actos de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua.
La entonces Relatora recomendó a la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación: seguir desempeñando una función de promoción, entre otras cosas, mediante la cooperación con los medios de comunicación, para sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud y la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres.
Entonces se recordó que los medios de comunicación, como se establece en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, «deben evitar los estereotipos sobre los sexos y demostrar sensibilidad hacia las necesidades de las víctimas y sus familiares cuando informen sobre incidentes de violencia contra la mujer».
Por tanto, los medios de comunicación deberían colaborar con otros agentes sociales en la superación de actitudes sociales que discriminan a las mujeres.
Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias (2009-2015)
Sra. Rashida Manjoo (Sudáfrica) fue nombrada Relatora Especial de NNUU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias por un periodo inicial de tres años por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2009 y empezó sus funciones en agosto de 2009 hasta julio de 2015.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) feministas, de derechos humanos, defensoras de derechos humanos y mujeres sobrevivientes de violencia, se reunieron el 9 y 10 de julio del 2014, con Rashida Manjoo, durante su visita no oficial a México.
A la visita se unió la experta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU, Alda Facio, ambas tuvieron dos días de trabajo con defensoras quienes les expusieron los rezagos en materia de violencia contra las mujeres que persisten en nuestro país.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) señaló que tras cumplirse 8 años del informe “Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la violencia contra la mujer. Misión a México”, del 13 de enero del 2006 y en el marco de esa entonces visita de la Relatora, declararon que «si bien se han adoptado algunas reformas en materia legislativa, éstas no han redundado en cambios estructurales, tanto a nivel de prevención como de investigación y sanción, a favor de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia».
CEDEHM ejemplificó con el incremento de la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones y tipos, que van de la mano de la impunidad. En este marco, señaló, sectores específicos de la población como son las mujeres indígenas, refugiadas, migrantes, campesinas, privadas de su libertad, niñas, con discapacidad, adultas mayores, desplazadas, siguen siendo las más afectadas, situación que se agrava respecto de las mujeres que viven en condiciones de pobreza.
A ello, dijo, se sumaban las agresiones y criminalización del trabajo de las defensoras de derechos humanos y las mujeres periodistas a través de ataques directos, campañas de difamación y uso excesivo de la fuerza policial en su contra.
Igualmente, CEDEHM aseveró que continúan registrándose casos de feminicidio y otros ataques violentos contra las mujeres los cuales se han agravado en algunos estados de la república; las desapariciones y las formas contemporáneas de esclavitud contra las mujeres y las niñas persisten.
Las defensoras también destacaron la violencia obstétrica que sufren las mujeres cuando solicitan atención durante el parto. Por otro lado, indicaron que resultaba urgente priorizar el registro de la desaparición forzada de mujeres.
Por lo que instaron al Gobierno mexicano a adoptar medidas y políticas integrales que contrarresten la violencia estructural contra las mujeres.
Violencia contra las mujeres y las niñas indígenas 2022
En este informe, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, señaló varias causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia de género contra las mujeres y las niñas indígenas y describió las buenas prácticas y los desafíos en relación con el acceso de estas a la justicia, la verdad y la reparación, y a los servicios de apoyo, así como su participación en las iniciativas y procesos relacionados con la prevención y la protección contra la violencia de género.
Indicó que están sometidas a un complejo entramado de formas estructurales de violencia perpetradas contra ellas por agentes estatales y no estatales de forma sistémica. Aunque la discriminación se basa a menudo en su identidad como indígenas y como mujeres, esta se agrava aún más cuando estas identidades se entrecruzan con otras características, como la raza, la edad, la discapacidad, la situación migratoria, la orientación sexual y la identidad de género.
Por lo que determinó que los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia de género, investigar y castigar a los autores y dar reparación a las mujeres y niñas indígenas víctimas. Por lo tanto, los Estados deben diseñar y aplicar políticas públicas para prevenir la violencia de género contra las mujeres y niñas indígenas. Al
abordar la impunidad endémica que se impone ante los delitos contra ellas también pueden contribuir a evitar nuevos actos violentos.
Además, advirtió que los Estados deben adoptar medidas proactivas y eficaces para reconocer, apoyar y proteger la vida, la integridad y la labor de las defensoras indígenas de los derechos humanos y velar por que lleven a cabo sus actividades en condiciones de seguridad y en un entorno propicio e inclusivo, ofreciendo una firme protección a aquellas que corran
riesgo de sufrir violencia e investigando los actos de violencia que se cometan en su contra.
