Ciudad de México.- Durante el primer día del Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas celebrado en la Cámara de Diputados, organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y sobrevivientes compartieron sus informes y propuestas a Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, experta independiente de las Naciones Unidos, en los que realizaron diferentes evaluaciones sobre la situación que atraviesa México y las distintas formas de violencia contra las mujeres.
Además de la Relatora, en el encuentro estuvieron presentes Patricia Olamendi Torres, abogada y experta feminista cofundadora de «Nosotras Tenemos Otros Datos» y de la “Red de Mujeres en Plural”, la diputada Xóchitl Arzola Vargas, la periodista y feminista Ivonne de la Cruz Domínguez, la antropóloga María Alberti Manzanares, y Alma Margarita Oseguera directora del Centro Cultural Esperanza Rodríguez A.C.
En dicha reunión participaron 199 organizaciones de la sociedad civil y 371 integrantes quienes pasaron a la tarima para advertir sus preocupaciones sobre las diferentes formas de violencia que persisten en México como feminicidios, desapariciones, trata de personas, prostitución, sustitución de la categoría sexo por identidad de género, violencia vicaria, entre otras. Dichos informes fueron entregados a la Relatora Reem Alsalem en su visita no oficial a México.
Violencia contra mujeres en niveles alarmantes, México incluido: Reem Alsalem – cimacnoticias.com.mx
La diputada Xóchitl Arzola Vargas remarcó que la transformación de la violencia contra las mujeres no es solo es una tarea del Gobierno, sino una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la comunidad internacional: «Su trabajo como relatora especial nos recuerda que la violencia contra las mujeres no es un problema local, sino un fenómeno global que exige respuestas integrales, coordinadas y basadas en derechos humanos» describió la funcionaria.
A su vez, la Relatora Especial Reem Alsalem recordó que su visita no oficial a México se caracteriza por ser de estilo académico para poder participar en las conferencias entorno al Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas; por lo que sus alcances son limitados a diferencia de una visita oficial donde se pide permiso al gobierno del Estado mexicano para mirar la situación de mujeres y niñas de manera amplia y hacer recomendaciones al Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aun así escuchó a las mujeres presentes y recibió varios informes sobre la situación que atraviesa México.
Feminicidios
Uno de los temas que más se repitió entre las participaciones fue la violencia feminicida, la diputada Xóchitl Arzola Vargas sostuvo que se trata de la expresión más brutal de violencia estructural contra las mujeres y aunque México avanzó en su tipificación durante 2012 en el Código Penal Federal, esta forma de violencia ha evolucionado, por lo que planteó la necesidad de ampliar los agravantes.
Desde la organización Sobrevivientes de Feminicidio en México A.C., organización pionera en sobrevivientes de feminicidio, Carolina Ramírez Suárez denunció que durante el proceso que busca justicia, persisten acciones que hacen que las víctimas desistan como el aplazamiento de audiencias, reinicio de procesos tras años de litigios, liberaciones de agresores por «fallas técnicas», impedimentos para que las familias sean consideradas víctimas indirectas, que las infancias tengan que convivir con el agresor, falta de garantía al derecho a la salud, lo que consideró como tortura institucional.
La periodista Soledad Jarquín Edgar y madre de María del Sol Cruz Jarquín, víctima de feminicidio, apuntó que persisten dos fenómenos que no se han cubierto en cuanto a la violencia feminicida: la prevención, así como la atención para una justicia pronta y expedita con consecuencias reales y cuantificables.
Advirtió que en el delito de feminicidio persiste una impunidad de 56.6% de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, lo que quiere decir que el 60% de los asesinatos violentos de mujeres no son castigados. Añadió que desde el año 2000 a 2025 no ha surgido «ninguna estrategia real y masiva que haga conciencia en las personas sobre la discriminación y la violencia cotidiana» que aparecen solo en fechas emblemáticas.
Alertad de Género
Desde el punto de vista de María Concepción Pelis Corral, académica participante en el mecanismo de alerta de género en el estado de Durango, dicha herramienta ha servido para que el Estado atienda los casos de violencia de género, pero enfrentó retrasos principalmente ante la creación de la Secretaría de las Mujeres en enero de 2025, acusó que la herramienta es usada como parte de una «simulación».
«La ley y el mecanismo de alerta han sido fundamentales para para visibilizar la violencia de género, pero su aplicación ha estado marcada por lagunas legales, falta de recursos, inmigración, política y ausencia de transparencia y bueno, mientras tanto el largo y sinuoso camino del mecanismo continúa dando tumbos» -María Concepción Pelis Corral, académica participante en el mecanismo de alerta de género en el estado de Durango.
Ofelia Flores Lemos presidenta de Fundación de Género, una de las tres organizaciones solicitantes de la ley de violencia de género para el estado de Colima, denunció que las alertas de violencia se han vaciado de contenido y que, tras la desaparición de instancias federales de seguimiento como la Secretaría de las Mujeres, no existe claridad sobre quién garantiza su cumplimiento, por lo que exigió incorporar formalmente a las organizaciones solicitantes en los grupos de implementación.
Violencia vicaria
Gabriela Pablo Saucedo, vocera de la colectiva Madres Libertarias, trajo a la discusión que la violencia vicaria debe ser reconocida como una violencia machista desde las instancias internacionales, ya que en muchos casos es la antesala del feminicidio. Describió que al igual que las 400 mujeres que integran la colectiva ella escapó de un matrimonio y relación con violencia doméstica y tras su divorció, se han enfrentado a violencia institucional por acusaciones falsas en su contra, una represión característica de este tipo de violencia.
En relación a la violencia vicaria y doméstica, Guadalupe López describió que los procesos de divorcio y custodia se convierten en mecanismos de empobrecimiento y sometimiento para las mujeres, principalmente por ministerios públicos «sumisos», juzgados que dilatan procedimientos, solicitudes de peritajes costosos, resoluciones jurídicas sin perspectiva de género, cargas procesales desproporcionadas, resistencia sistemática a recibir órdenes de protección pronta y eficaces, falta de representación jurídica o recursos judiciales efectivos (impugnaciones, medidas cautelares o el juicio de amparo) y más.
Datos proporcionados por Guadalupe López indican que los juicios pueden durar hasta cuatro o más años dejando un impacto en la salud física y emocional., además, el costo oscila entre 10 mil a 200 mil pesos lo que equivale a 500 a 11 mil dólares. Esto no garantiza que las mujeres denunciantes obtengan justicia, sobre todo porque en México existe el 90% de impunidad en procesos legales, lo que desalienta la denuncia y «profundiza las desigualdades entre mujeres y hombres».
Trata, explotación sexual y desapariciones
Liliana Lomelí es parte de una organización feminista con más de 15 años de trabajo respecto a la violencia contra las mujeres y niñas. Tras un análisis de la situación que se enfrentan en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo determinó que existen patrones que combinan la violencia sexual, trata, desaparición y explotación en un contexto de impunidad sostenida principalmente contra niñas y adolescentes.
Entre los escenarios a los que se enfrentan se encuentran la violencia sexual en contextos de incesto, matrimonios serviles y uniones de facto; el lucro de fotografías íntimas que se distribuyen por redes digitales; denuncias de acoso y hostigamiento sexual en espacios educativos con omisiones institucionales y discursos públicos que minimizan las denuncias; así como la convergencia del turismo masico con economías informales, crimen organizado y flujos migratorios.
La defensora Imelda Marrufo añadió que la trata opera con frecuencia en contextos donde las fronteras están marcadas por la precarización laboral, la presencia del crimen organizado y la corrupción. Reparó en el riesgo sobre la clasificación de los casos de trata de personas, desaparición de mujeres y el feminicidio, ya que las fiscalías no hacen el cruce directo entre estos delitos, lo cual señaló constituye como una «falla institucional».
Desde Tlaxcala, Edith Méndez directora del colectivo Mujer y Utopía A.C. afirmó que la trata de personas forma parte de la violencia feminicida. Denunció que, pese a antecedentes históricos del delito en la región, el gobierno estatal dejó de iniciar carpetas de investigación, lo que calificó como negación institucional del problema. También cuestionó iniciativas para regular la gestación subrogada en un estado con redes activas de explotación.
Rechazan iniciativa en Tlaxcala, pretendían regular la gestación subrogada – cimacnoticias.com.mx
Mujeres periodistas
Cirenia Celestino Ortega, periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), mencionó que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se documentaron mil 189 agresiones contra mujeres periodistas siendo un aumento de 117% respecto al periodo anterior; sin embargo, lejos de disminuir continua en aumento, pues durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo ya se han registrado 416 agresiones que derivan en violencia psicológica, física, digital, simbólica e institucional.
También relacionó que el informe sobre violencia contra mujeres periodistas elaborado por la relatoría en 2020 reconoce que ellas son blanco de ataques por ser visibles y expresarse en libertad. Además de estas violencias, la relatoría afirma que se ven afectadas por factores como la flexibilidad de jornadas laborales, el acceso nulo o parcial a guarderías, la brecha salarial y otras violencias que derivan en la precarización laboral.
La periodista Sara Lovera propuso realizar un cambio sobre la violencia contra las mujeres a través de tres acciones urgentes: declarar un año de cambio de contenidos en los medios; promover una conferencia mundial sobre la industria cultural y la violencia contra las mujeres, especialmente para analizar cómo sus contenidos normalizan la mercantilización del cuerpo de las mujeres; y la firma de un compromiso con las y los dueños de los medios, en un proceso gradual de cambio de contenido.
