Ciudad de México.-Hoy que se cumplen 20 años del siniestro en la Mina 8 en Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, donde perdieron la vida 65 mineros y desde entonces la lucha que emprendieron las familias por recuperar a los trabajadores alcanza la esperanza porque se notificó que han sido recuperados de entre la tierra y restituidos algunos de ellos.
Este 19 de febrero, después de tanto caminar, de señalar la negligencia de la empresa, del Sindicato y de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y de exigir a tres administraciones federales, obstinadas en justificaciones oficiales que intentaron imponer el olvido bajo el argumento de la imposibilidad técnica, hoy las y los familiares de los mineros informaron que celebran los avances en el rescate y la recuperación de 25 mineros y 23 ya restituidos.
La mina en Pasta de Conchos en 2006 sufrió una explosión por acumulación de gas metano que lesionó con quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores quienes lograron escapar, y dejó atrapados a 65 mineros en Coahuila y una huella de luto e impunidad y a pesar de esta situación, siempre estuvieron las esposas de los trabajadores sosteniendo la resistencia para encontrar a sus familiares, así como justicia y dignidad.
La organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) informó que :
«Para las familias esto representa un triunfo frente a la indolencia institucional y la impunidad empresarial, que confirma que siempre tuvimos la razón al sostener que el rescate era posible y, por ende, el mismo debe continuar hasta que todos regresen a casa».
La misma organización (OFPC) detalló que se necesitaron todos estos años para que la voluntad política reiniciara estas labores, mientras mantuvieron su resistencia contra el poder empresarial, el abandono oficial y una «espera injustificable que evidencia cómo el sistema protegió los intereses corporativos por encima de los derechos y la dignidad humana».
Afirmaron que esta voluntad debe mantenerse firme y sin pausas, hasta que se cumpla la totalidad del rescate, rompiendo finalmente con el ciclo de impunidad y atendiendo la precariedad laboral que ha caracterizado históricamente a la región carbonífera de Coahuila.
«La exigencia de las familias es la continuidad de los trabajos, con las garantías de seguridad para los trabajadores, hasta lograr la restitución digna de todos y cada uno de los compañeros que aún permanecen bajo tierra».
No se trata solo de un procedimiento técnico, afirmaron, sino de un acto de justicia que debe acompañarse del esclarecimiento de la verdad de lo que ocurrió en la mina, necesario para cerrar una herida que el Estado mexicano ha mantenido abierta.
Para esta región del país, el costo humano del modelo extractivo es inaceptable, afirmó la organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), al estimar que 138 mineros han fallecido en la carbonífera tan solo en el periodo posterior a la tragedia del 2006.
Por ello, el rescate debe estar ligado también a la ineludible implementación de medidas de no repetición y el planteamiento de alternativas laborales que transformen la realidad económica de la zona y quienes ahí habitan.
Esto se vuelve aún más relevante, ante la inminente amenaza del uso de fracking en la región, advirtieron.
Como ejemplo de esta transformación necesaria, el proyecto «Sembrando Transición», que impulsaron desde la Organización (OFPC), surge como una oportunidad no sólo de justicia climática, también de esperanza popular, así lo señalaron.
A través de huertos comunitarios, sistemas fotovoltaicos y trabajo con juventudes, esta iniciativa demuestra que es posible vislumbrar una salida justa al carbón y devolver la autonomía a la comunidad, proyectando un futuro donde la vida y el territorio sean protegidos, demostrando que la justicia también se siembra desde la base.
El caso
Hay que recordar que en diciembre de 2024, un Tribunal Colegiado confirmó que la CNDH violó el derecho de la sociedad a la verdad y al acceso a la información sobre violaciones a derechos humanos, y ordenó la publicación íntegra de todas las recomendaciones.
La sentencia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a acatar la sentencia que la responsabilizó por violar el derecho a la verdad y al acceso a la información.
Dicha sentencia fue resultado de un amparo tras la publicación de forma testada y haciendo ilegibles 2 mil 543 recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015. En cumplimiento de la sentencia de un Tribunal Colegiado emitida en diciembre de 2024, la CNDH publicó completas y sin testar las recomendaciones, obedeciendo su obligación de garantizar la transparencia y rendir cuentas a la sociedad.
En 2006, la CNDH emitió la Recomendación 26/2006, en la cual documentó y reconoció las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los mineros de Pasta de Conchos y sus familias, atribuidas a negligencias de las autoridades desde el año 2000 que contribuyeron a que sucediera el siniestro donde fallecieron 65 trabajadores. Este documento fue clave para las familias en su lucha por justicia y reconocimiento de los hechos.
Sin embargo en 2023, en el marco del retroceso que ha marcado a la actual administración por su falta de autonomía, la CNDH eliminó más de 2 mil 500 recomendaciones de su sitio web, incluida la de Pasta de Conchos, para después publicar versiones que omitían información esencial, incluso de los hechos.
Debido a esto, Elvira Martínez Espinoza, esposa de uno de los mineros e integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), con apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Article 19 México y Centroamérica (Artículo 19), presentó un amparo al considerar que se violaba el derecho a la verdad y al acceso a la información.
En mayo de 2024, un juzgado concedió parcialmente el amparo, sin embargo, ordenó solo la publicación íntegra de la Recomendación 26/2006.
Inconforme, Elvira interpuso un recurso de revisión, en el que argumentó que la eliminación de todas las recomendaciones afectaba el derecho a la verdad de la sociedad.
El 11 de diciembre de 2024, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió en favor de Elvira, ordenando a la CNDH restituir íntegramente todas las recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015, para garantizar su acceso público y sin censura para toda la sociedad.
En enero de 2025, tras un mes de la sentencia y luego de negar la censura, y en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, la CNDH cumplió finalmente con su obligación de garantizar la transparencia y el derecho a la verdad, ya que, ocultar información sobre violaciones a los derechos humanos va en contra de su propia misión. Esto garantiza el acceso a la información, permitiendo que la sociedad conozca los detalles esenciales de las recomendaciones y las violaciones a los derechos humanos documentadas.
En un contexto donde se han visto debilitados e incluso eliminados los organismos garantes de derechos humanos, incluyendo los protectores al derecho al acceso a la información, esta resolución judicial es un logro de las familias y un llamado al organismo público de derechos humanos para dar cumplimiento completo y consistente de sus responsabilidades de proteger derechos.
