Ciudad de México.- Según un nuevo informe de derechos humanos de la ONU, una extensa industria de estafas en línea, con un valor estimado de decenas de miles de millones de dólares al año, se sustenta gracias a trabajadoras y trabajadores víctimas de trata quienes son sometidos a torturas, abusos sexuales y trabajos forzados dentro de recintos fuertemente vigilados en el sudeste asiático.
Detrás de los asombrosos beneficios se esconde lo que el informe denomina una «letanía de abusos» que afecta a cientos de miles de personas de al menos 66 países y cuyas víctimas fueron atraídas al extranjero con promesas de trabajos legítimos, solo para encontrarse con detención, golpes y obligados a cometer fraudes en línea.
«El trato que sufren las personas en el contexto de las operaciones de estafa es alarmante», afirma el informe, publicado el viernes en Ginebra por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Titulado Un problema perverso, el documento se basa en entrevistas en profundidad y sensibles al trauma con víctimas traficadas y obligadas a trabajar en centros de estafa, así como en información procedente de diversas fuentes, incluidas algunas confidenciales.
Según los informes, la violencia sexual ha aumentado desde 2024. Las mujeres describieron violaciones, prostitución y abortos forzados. Doce mujeres liberadas de los recintos en Myanmar dijeron que fueron violadas y quedaron embarazadas, mientras que una superviviente filipina embarazada sufrió violencia física y electrocución.
Castigos
Señalaron que los castigos por no cumplir las cuotas de estafa es severo. Un superviviente de Sri Lanka relató haber sido sumergido en «prisiones de agua» durante horas tras no alcanzar los objetivos mensuales. Otros describieron celdas de confinamiento en las que se encerraba a las personas en completa oscuridad durante días.
Las víctimas denunciaron haber sido obligadas a presenciar o incluso a cometer abusos contra otras personas. Un hombre de Bangladesh afirmó que le ordenaron golpear a sus compañeros de trabajo. A una víctima de Ghana le obligaron a ver cómo golpeaban a su amigo.
La privación de alimentos, la privación del sueño y las jornadas laborales extremas, de hasta 19 horas al día, eran habituales. Una víctima dijo que su grupo no recibió casi nada de comida durante 15 o 20 días y se debilitó tanto que «ni siquiera podíamos mantenernos en pie».
El negocio detrás del abuso
Según el informe, la «industria de las estafas» ha crecido hasta alcanzar «proporciones industriales», con estimaciones fiables que apuntan a que al menos 300 mil personas trabajan en operaciones en todo el sudeste asiático. La mayoría de ellas se concentran en la región del Mekong, donde las imágenes de satélite muestran que se encuentra el 74% de los complejos dedicados a las estafas.
Aunque es difícil calcular los beneficios exactos, algunas fuentes estiman que los ingresos anuales globales rondan los 64 mil millones de dólares. Solo en la región del Mekong, la industria puede tener un valor superior a 43 mil 800 millones de dólares al año.
Estas operaciones de estafa están «arraigadas» y «cuentan con buenos recursos», señala el informe, y sus ubicaciones van desde zonas fronterizas remotas hasta zonas económicas especiales y grandes ciudades.
«La letanía de abusos es abrumadora y, al mismo tiempo, desgarradora», afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
«Sin embargo, en lugar de recibir protección, atención y rehabilitación, así como las vías de justicia y reparación a las que tienen derecho, las víctimas se enfrentan con demasiada frecuencia a la incredulidad, la estigmatización e incluso a castigos adicionales».
Dentro de los lujosos recintos
Supervivientes describieron vastos recintos que se asemejan a «ciudades autónomas, algunas de más de 200 mil hectáreas».
Los edificios de varias plantas están rodeados por muros coronados con alambre de púas y vigilados por personal de seguridad armado. Algunos incluso cuentan con supermercados, restaurantes, casinos y burdeles.
Las operaciones más ágiles se llevan a cabo desde apartamentos, hoteles o casas cerradas. Independientemente de su escala, la característica definitoria es el control.
Las víctimas denunciaron la confiscación de pasaportes, la restricción de las comunicaciones y la vigilancia constante. Muchas describieron los recintos como «prisiones», con puertas cerradas y castigos severos por intentar escapar.
Obligadas a cometer delitos
Las personas traficadas a los recintos se ven obligadas a perpetrar una serie de estafas en línea, entre las que se incluyen el fraude por suplantación de identidad, los planes de inversión en criptomonedas, las plataformas de juego, la extorsión y las llamadas estafas románticas.
Las reuniones matutinas a menudo incluían torturas públicas a los equipos con bajo rendimiento, como advertencia para los demás.
Las operaciones están muy bien organizadas, con diferentes unidades que se encargan de la selección de los objetivos de las estafas, la elaboración de guiones y las transferencias financieras. Los beneficios suelen blanquearse a través de cuentas bancarias de mulas, se convierten en criptomonedas y se transfieren a través de complejos canales digitales antes de volver a entrar en los sistemas bancarios formales.
Incluso aquellos que sabían que iban a trabajar en empleos dudosos en línea no esperaban ser detenidos ni sufrir violencia. «Todas las víctimas describieron haber recibido o presenciado malos tratos graves, equivalentes a tortura, dentro de los recintos de estafa», señala el informe.
«Las reuniones matutinas a menudo incluían torturas públicas a los equipos con bajo rendimiento, como advertencia para los demás».
Robo de salarios, deudas y rescates
La mayoría de las víctimas afirmaron que se les prometieron salarios sustanciales, pero una vez dentro de los recintos se enfrentaron a deducciones, multas y «deudas» cada vez mayores. A menudo, los contratos se les presentaban después de su llegada, lo que les obligaba a cumplir objetivos de beneficios poco realistas.
Una víctima tailandesa denunció que se le exigía generar 9 mil 500 dólares al día en ganancias fraudulentas para evitar multas, palizas o ser «vendida» a otro recinto.
En ocasiones, se obligaba a las familias a pagar rescates de decenas de miles de dólares. Los traficantes realizaban videollamadas a los familiares y les mostraban a sus seres queridos siendo maltratados para presionarlos a pagar.
El informe destaca las denuncias de colusión entre las organizaciones criminales y los funcionarios. Las víctimas describieron cómo los funcionarios, que parecían coordinarse con los reclutadores, les facilitaban el paso por inmigración. Algunas denunciaron que la policía entraba en los recintos y recibía pagos de los gerentes.
La corrupción está «profundamente arraigada» en estas lucrativas operaciones, afirma la OACDH.
Las redadas policiales han liberado a miles de víctimas, incluida una operación llevada a cabo en febrero de 2025 en la frontera entre Tailandia y Myanmar, en la que se liberó a unas 7 mil personas. Sin embargo, las y los observadores advierten de que muchas de las medidas represivas son puntuales y que los recintos suelen reanudar sus actividades o trasladarse a otro lugar.
«Las respuestas eficaces deben centrarse en las leyes y normas de derechos humanos», afirmó el Alto Comisionado Türk. «Fundamentalmente, eso significa reconocer explícitamente la criminalidad forzada en las leyes y reglamentos contra la trata y garantizar el principio de no castigo para las víctimas de la trata».
Las y los supervivientes suelen regresar a sus hogares con estrés postraumático, deudas y estigmas. Efrentan a amenazas de los reclutadores o los cobradores de deudas, detallan vivir depresión, ansiedad y algunos consideraron la posibilidad de abandonar sus hogares y emigrar a otros países.
