Ciudad de México.- Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó finalmente su iniciativa de Reforma Electoral, la cual contempla 10 principales modificaciones; sin embargo, uno de los puntos más polémicos es que buscaba eliminar la representación proporcional lo cual fue ajustado para mantener este principio, pero bajo un nuevo mecanismo que buscaría que dichos cargos se definan mediante voto directo y no a través de listas partidarias tradicionales, es decir, las mujeres enfrentarían un nuevo escenario electoral que podría limitar su participación política.
En Presidencia detallaron que será el lunes 2 de marzo cuando esta propuesta llegue al Congreso de la Unión y durante su exposición abordaron los 10 puntos que proponen:
1. Eliminación de las listas de los partidos políticos para la representación proporcional del Congreso de la Unión; 2. Reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones; 3. Mayor fiscalización; 4. Voto en el extranjero; 5. Disminución de los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios; 6. Regulación del uso de Inteligencia Artificial y prohibición de bots; 7. Cómputos Distritales; 8. Democracia Participativa; 9. No nepotismo; y 10. No reelección.
Para entender parte de los cambios planteados es fundamental considerar que la representación proporcional por definición es el:
«Principio de elección basado en la asignación de cargos de representación popular tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. El objetivo de este principio es proteger la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad. En México este método se utiliza para asignar 32 senadores en una lista nacional; y 200 diputados en 5 listas regionales, votadas en cinco circunscripciones plurinominales»
1. Integración del Congreso de la Unión:
La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa. De ellos, 300 electos por mayoría relativa, 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De las 200: 97 candidaturas que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer y ocho serán de mexicanos residentes en el extranjero. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías: 64 son por mayoría relativa y 32 de primera minoría.
Este nuevo escenario político para la participación de las mujeres ya ha sido criticado por especialistas como la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri quien de forma previa a la presentación de esta reforma detalló que:
«Cuando los procesos de democratización se interrumpen o se anulan, las mujeres son las primeras víctimas, por ello dijo que la posible eliminación o reducción de la representación proporcional como parte de la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pondría en riesgo la participación política de aquellas que llegan al cargo por esa vía».
Cabe recordar que la figura de representación proporcional conocida coloquialmente como «plurinominales» fue creada para capturar las voluntades de la ciudadanía que no se ven representadas entre quienes llegaron al cargo por medio del voto popular. Para su asignación, los partidos políticos registran listas de candidaturas y conforme el porcentaje de votación que obtienen a nivel nacional se decide cómo se distribuyen esos cargos.
Sauri recordó que con el tiempo, esta vía fue usada para colocar perfiles cercanos a las dirigencias sin que tuvieran que participar en los comicios.
En ese momento señaló que si se eliminaban por parte de Sheinbaum, una de las implicaciones directas podría impactar en la paridad de género, un principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento y goce de los derechos políticos-electorales de mujeres y hombres.
2. Reducción del gasto:
Se propone un decremento del 25 por ciento en el costo de las elecciones, contemplado disminuciones a los recursos del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales. También se reducen los bonos y sueldos a consejeros y altos mandos del INE en apego al artículo 127 de la Constitución, que estipula que nadie puede ganar más que la Presidenta. Se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales. Se reduce el gasto del Congreso federal y congresos locales y se baja el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15.
3. Mayor fiscalización:
El INE tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. Se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero y se hará uso de tecnologías en la fiscalización.
4. Voto en el extranjero:
Se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos que residen en el extranjero.
5. Tiempos de radio y televisión:
Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.
6. Inteligencia artificial (IA):
Regulación del uso de IA y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales, esto en relación con las elecciones
7. Cómputos Distritales
Iniciarán al término de la jornada electoral
8. Democracia participativa
Fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa con la incorporación de figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato. Ampliar la Democracia Participativa a estados y municipios. Se permitirá el uso de tecnologías, como el voto electrónico en estos instrumentos.
9. No Nepotismo
Reitera lo aprobado en la Constitución: los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares (cónyuges, hijos, hermanos).
10. No reelección
Se prohíbe la reelección consecutiva (inmediata) en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
De acuerdo con Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la principal razón para modificar el sistema electoral es que la realidad política del país ha cambiado, pero las reglas que organizan la representación y el funcionamiento de los partidos no lo han hecho. Señaló que, el modelo electoral sigue respondiendo a un contexto histórico distinto y ya no se ajusta a las condiciones actuales.
Otro motivo que expuso fue el alto costo del sistema electoral mexicano, al que calificó como uno de los más caros del mundo. En 2024, el gasto alcanzó 61 mil millones de pesos sumando recursos federales y estatales, lo que consideró desproporcionado frente a las necesidades del país. Por ello planteó la necesidad de racionalizar el presupuesto y revisar estructuras que operan incluso en periodos sin elecciones.
Respecto a la representación proporcional (llamados coloquialmente plurinominales), el funcionario remarcó que los mecanismos de la democracia participativa son limitados y poco utilizados. Desde su perspectiva, el sistema actual privilegia la representación partidista pero no facilita la intervención directa de la ciudadanía en decisiones públicas, lo que justifica establecer reglas para las consultas populares.
Sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió la complejidad administrativa del a organismo autónomo y la dispersión de funciones entre autoridades federales y locales. Pablo Gómez Consideró necesario simplificar la estructura, delimitar competencias y reforzar la fiscalización para prevenir el uso de recursos ilícitos y evitar la infiltración criminal en la política.
¿Cómo llegaron a esto?
Mencionaron que la Comisión Presidencial encargada de plantear esta reforma realizó 63 audiencias públicas como parte del proceso de consulta principalmente en la Ciudad de México, Estados Unidos, las entidades federativas y una audiencia migrante. De esta manera se obtuvieron mil 375 propuestas con la participación de 181 especialistas en materia electoral.
La Comisión Presidencial conformada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy Ramos (exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal); José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la Presidencia de la República; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidenta de la República; Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial; y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República.
