Ciudad de México.- Fue hace 19 años cuando sucedió el feminicidio de Ernestina Ascencio, una mujer indígena náhuatl de 73 años quien experimentó violencia sexual por parte de elementos del Ejército que ocasionó su muerte y al no encontrar justicia en territorio nacional su caso fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos quien señaló como culpable al Estado mexicano; sin embargo, a dos meses del fallo organizaciones de la sociedad civil y familiares denunciaron que no existe una hoja de ruta para su cumplimiento.
Por el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que indagará el caso en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevando a cabo una investigación sobre la tortura sexual, así como la muerte de Ernestina Ascencio bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especiali9zada de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).
De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil como Kalli Luz Marina A.C., Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Kennedy Human Rights Center, y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (IRDH); al día siguiente de la notificación por parte de la Corte IDH solicitaron al Estado mexicano remitir cuanto antes una hoja de ruta con acciones y propuestas para el cumplimiento de las medidas de reparación.
A la fecha, señalaron que el Estado mexicano no ha realizado una propuesta retrasando así el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación del daño para Ernestina y su familia, además de poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país. Cabe recordar que, entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH se encuentran:
Implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico a las y los familiares y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Además, se le dictó implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
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Las organizaciones advirtieron que el fallo de la Corte IDH es un momento histórico que coincide con las casi dos décadas de impunidad en el caso. Esto en razón de que no solo señala la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones contra Ernestina Ascencio y su familia; sino la intervención de las autoridades para proteger a los responsables, las barreras lingüísticas y la discriminación por razones de género, etnia y etaria, constituyendo así una violación al derecho a la verdad de los familiares de doña Ernestina y de toda la sociedad.
A su vez, la sentencia representa un precedente histórico porque reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y reconoce la obligación de los Estados para garantizar justicia como resultado de la lucha de la familia de Ernestina Ascencio y de las organizaciones. Por lo que, apuntaron que el Estado mexicano tiene la oportunidad de «honrar la sentencia» mediante acciones concretas para garantizar justicia y no repetición.
«A 19 años de estos hechos, recordamos a doña Ernestina Ascencio Rosario con respeto y dignidad. Su memoria permanece viva y su caso ha marcado un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la discriminación. La verdad ha sido reconocida. Ahora, la sentencia debe cumplirse» -organizaciones de la sociedad civil.
La discusión de la Corte IDH
El 16 de diciembre de 2025, la Corte IDH señaló al Estado mexicano como responsable de la tortura sexual y muerte de Ernestina Ascencio. Además, el caso se mantiene en impunidad durante tres gobiernos más el actual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Corte IDH determinó que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, la igualdad ante la ley, la protección judicial y la salud, además violentó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario.
Estas violaciones a la ley se sentenciaron, luego de que se constató que Ernestina Ascencio Rosario, mujer de 73 años y habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, fue torturada sexualmente por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, luego de que un campamento militar se instalara en las inmediaciones de su vivienda como parte de la estrategia de combate al narcotráfico implementada por el Estado desde 2006.
Además se concluyó que la violación sexual sufrida por Ernestina Ascencio Rosario constituyó un acto de tortura al ser intencional y provocarle graves sufrimientos físicos y mentales con fines de humillación y control; además determinó que el Estado violó su derecho a la salud, ya que fue trasladada durante horas sin recibir atención y falleció en el Hospital Regional de Río Blanco antes de ser intervenida quirúrgicamente, situación agravada por la falta de intérpretes de náhuatl que dificultó la comunicación con el personal médico.
De manera adicional, la Corte sentenció que la investigación ministerial de los hechos no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria, fue cerrada de manera prematura sin agotar las líneas de investigación necesarias y se sustentó en estereotipos étnicos, etarios y de género que fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Pese a estás múltiples pruebas y denuncias, las autoridades veracruzanas habían cerrado el el caso, concluyendo que Ascencio había muerto de una gastritis crónica, una resolución avalada por la CNDH y reiterada por el entonces presidente Calderón, un mes antes de que se diera el carpetazo a la investigación.
El caso de Ernestina Ascencio
El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio se encontraba pastoreando ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, pero no regresó a su hogar. Sus familiares salieron a buscarla y más tarde, su hija la encontró herida a 300 metros del campamento del 63 Batallón de Infantería del Ejército, ubicado cerca de su población.
La familia no logro acceder a servicios médicos y tardaron más de 10 horas en ingresar a Ernestina al Hospital Regional de Río Blanco donde no había traductores que la asistieran. Durante la madrugada del 26 de febrero de 2007, la mujer falleció debido a sus lesiones y la primera autopsia realizada por la médica María Catalina Rodríguez Rosas y el médico Juan Pablo Mendizábal Pérez, adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) advirtió que la mujer experimentó violencia sexual.
El caso trascendió a nivel nacional porque ocurrió durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) quien militarizó al país ante la llamada «guerra contra el narcotráfico» y desplegó elementos del Ejército en varias partes de la República, sobre todo en zonas indígenas donde fueron señalados por cometer abusos contra niñas y mujeres como los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en 2002 y de los cuales también fueron llevados ante la Corte IDH.
Sin embargo, cuando el caso de Ernestina Ascencio se visibilizó, el entonces presidente Felipe Calderón hizo mención de que la mujer falleció por «gastritis crónica» estableciendo así una causa de muerte incluso cuando el caso aún se encontraba siendo investigado por la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esta última instancia respaldó la versión del presidente.
