*Lorena Jacqueline fue desaparecida por su jefe después de vivir hostigamiento sexual, su caso no es aislado: en el estado los delitos de acoso, hostigamiento y desaparición van a la alza
*Este trabajo fue realizado bajo la coordinación y propuesta de la Comisión de Investigación de la Red Nacional de Periodistas (RNP).
Antes de ser víctima de desaparición y feminicidio, Lorena Jacqueline Morales Valencia trabajaba en un expendio de comida preparada en León, Guanajuato. En ese lugar la joven de 28 años habría vivido intensamente el acoso y hostigamiento sexual. Por miedo a perder su trabajo nunca denunció.
El 22 de mayo de 2025, Lorena desapareció cuando iba a su trabajo. Sus familiares difundieron una ficha del Protocolo Alba, recorrieron lugares, compartieron su fotografía y pidieron ayuda para localizarla. Doce días después llegó la confirmación más dolorosa: había sido asesinada.
El cuerpo de Lorena fue localizado en una zona despoblada del municipio de San Felipe, su identidad fue corroborada mediante pruebas de ADN. La investigación tuvo mayor impacto público cuando comenzó a circular en redes sociales un video captado por cámaras de seguridad.
En las imágenes registradas la mañana en que Lorena desapareció se observaba a Juan Antonio “N”, dueño del negocio donde Lorena trabajaba, descender de un vehículo cargando un bulto envuelto en una bolsa negra.
El video, que posteriormente formaría parte de la investigación, muestra que Antonio ingresó después a un departamento ubicado en la avenida Panorama, esquina con Valle de Guadiana. Horas más tarde salió con una maleta y un bulto similar, que ahora se sabe era el cuerpo de Lorena.
Este caso evidencia cómo el acoso y hostigamiento sexual, delitos a la alza en la entidad, pueden escalar hasta llegar al feminicidio.
Acoso, homicidios y feminicidios
Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato muestran que el delito de acoso sexual ha mostrado un aumento sostenido, esto al pasar de 166 carpetas de investigación en 2016 a 417 en 2024. Mientras que el hostigamiento sexual, aunque con menos casos, también registra una tendencia al alza, con un pico de 92 denuncias en 2022.
Ambos delitos se duplicaron en ocho años, al pasar de 184 casos en 2016 a 488 en 2024.
En ese mismo periodo, la FGE registró al menos 3 mil denuncias relacionadas con estas conductas, 2 mil 551 por acoso sexual y 452 por hostigamiento sexual, delitos que, junto con los homicidios dolosos y las desapariciones de mujeres, han mostrado un incremento en Guanajuato durante la última década.
Los registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que en los últimos años los homicidios de mujeres se mantienen en cientos, mientras que los feminicidios registrados oficialmente son una fracción menor.
La tendencia se ha marcado desde antes de la pandemia, pues en 2018, la entidad ya estaba entre los primeros lugares de asesinatos de mujeres con violencia al reportar 279 homicidios dolosos, mientras solo se registraban 21 feminicidios. Para 2019, la cifra fue en aumento a 292 asesinadas y sólo 18 feminicidios.
En medio del confinamiento de la pandemia y el distanciamiento social, 2020 representó en Guanajuato un incremento exponencial de hasta 353 homicidios violentos de mujeres y la FGE registró solo 19 feminicidios. En 2021, se reportaron 344 y solo 21 feminicidios.
Para 2022, la entidad llegó a la cifra más alta con 400 mujeres asesinadas y 35 casos de feminicidio, el siguiente año, en 2023, la cifra disminuyó un poco, registrando 378 homicidios dolosos de mujeres y 26 feminicidios tipificados. En 2024, se reportaron 366 casos clasificados como homicidios dolosos y 15 feminicidios. El año pasado, en 2025 se redujo y llegó a 27 y 11 respectivamente.
En los últimos diez años, la FGE reportó 338 feminicidios. De ese total, 113 casos fueron reclasificados por un juez, ya que inicialmente se habían investigado como homicidios dolosos.
En contraste, el SESNSP presentó cifras menores porque sus registros no incorporan estas reclasificaciones posteriores, sino únicamente los delitos tipificados como feminicidio al momento de la apertura de la carpeta de investigación, lo que genera una brecha anual de más del 57 por ciento en las cifras, evidenciando las inconsistencias en el registro.
Denuncia no fue sinónimo de protección
La prima de Lorena fue quien relató que se sentía incómoda por el comportamiento de Juan Antonio, quien incluso la habría seguido fuera de su lugar de trabajo. Sin embargo, nunca presentó una denuncia formal por temor a perder su empleo y tampoco solicitó alguna medida de protección.
Juan Antonio fue detenido la tarde del 3 de junio como principal sospechoso y será este 10 de marzo, casi 10 meses después, cuando enfrente la audiencia intermedia a las 09:50 horas, etapa en la que se definirán las pruebas que se presentarán en un eventual juicio.
La FGE informó que todas las órdenes de protección que se solicitaron fueron otorgadas, incluyendo más de 5 mil 600 solo en 2025. La dependencia desglosó que entre 2015 y 2022 se emitieron miles de órdenes de protección de emergencia y preventivas.
Para 2022 se reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir la violencia en el noviazgo, reconocer la violencia obstétrica, vicaria, digital y estética, y reforzar el marco jurídico. El feminicidio está tipificado en el artículo 153-A del Código Penal estatal y se estableció la no prescripción de este delito.
Luego de la reforma legal, en 2022 a noviembre de 2025 se registraron órdenes administrativas; sólo en los primeros 11 meses de 2025 sumaron 5 mil 606. No obstante, el hecho de que 47 víctimas tuvieran antecedentes documentados de violencia refleja una brecha entre la denuncia formal y la protección efectiva.
Esto significa que aunque Lorena Jacqueline hubiera denunciado a su agresor y se le hubieran dado medidas de protección, su vida no estaría ciento por ciento garantizada.
Pie de foto. Asesinatos de mujeres en el estado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Alerta de Género y la crisis de desapariciones
El 27 de septiembre de 2024, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la Alerta por Violencia de Género en 17 municipios: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, Juventino Rosas, Silao, Valle de Santiago y Villagrán.
Los datos oficiales contrastan con la creciente violencia letal contra las mujeres que no ha cedido en la última década y que se refleja en las cifras de homicidios dolosos, muy por encima de los feminicidios tipificados.
El tema es sensible para el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo, pues el 24 de septiembre de 2024, un día después de que tomó el cargo, se declaró la Alerta por Violencia de Género en 17 municipios de la entidad, por el incremento de asesinatos y desapariciones de mujeres.
No obstante, aunque los feminicidios tipificados muestran ligera disminución tras la Alerta, las desapariciones de mujeres no han cedido, así lo han denunciado diversos colectivos de búsqueda en la entidad.
Tan solo el año pasado, la organización Red Lupa documentó un repunte alarmante entre 2022 y 2025, con 3 mil 618 personas desaparecidas hasta mayo de 2025. Celaya y León concentran la mayor incidencia, en un contexto marcado por violencia territorial y hallazgos de fosas clandestinas.
Impunidad del 98% y simulación oficial
Para Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización Las Libres, la respuesta institucional ha sido insuficiente e incluso simulada, pues el mecanismo de Alerta de Género, lejos de ser una herramienta eficaz, ha quedado “agotado y mal aplicado”, sin coordinación efectiva para construir políticas públicas preventivas que reduzcan la violencia en los espacios públicos y privados.
“Como la alerta de género solamente ha evidenciado que no hay políticas públicas ni de prevención ni de atención ni para el acceso a la justicia para las mujeres víctimas”, sentenció Cruz Sánchez.
Además, señaló que la Alerta de Género no ha generado resultados sustantivos más allá de comunicados y ruedas de prensa, así como capacitaciones a funcionarios que no aplican protocolos en la vida real.
“Tenemos instituciones de procuración y administración de justicia rebasadas con 98% de impunidad, con muy pocos casos que llegan a sentencias… no solamente es llegar a sentencias, sino sacar a las mujeres de esas situaciones de violencia”.
La activista también ha alertado que la naturaleza de la violencia letal contra mujeres se ha transformado, pues ahora las agresiones salieron del espacio privado a las calles, desplazándose al ámbito público.
También, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF),, dijo que es urgente evaluar qué está fallando en las políticas públicas y el nulo seguimiento a las Alertas, pues tras la reorganización institucional de Conavim dentro de la Secretaría de las Mujeres, el gobierno federal ha dejado que los estados simulen que atienden la violencia de género.
“Es importante reconocer cuáles son los avances después de un mes de que se decretó la Alerta y ver cuáles son los obstáculos para que Guanajuato avance en la protección de los derechos de las mujeres”, advirtió.
Quizás si las acciones derivadas de la alerta de género fueran efectivas, casos como la desaparición y feminicidio de Lorena Jacqueline se hubieran evitado. Mientras tanto, la familia de Lorena exige justicia para que no se le libere a Juan Antonio por fallas en el proceso o alguna anomalía.
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https://zonafranca.mx/politica-sociedad/acoso-desapariciones-y-feminicidios-la-violencia-que-no-cede
