Ciudad de México.- Ha pasado un año desde que la diputada Lorena Piñón Rivera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa que buscaba reforzar las penas relacionadas con el uso de sustancias para incapacitar a una persona a través de la sumisión química para cometer robo o violencia sexual; sin embargo, dicha propuesta se mantiene congelada junto con otra presentada por el partido Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La sumisión química es la aplicación de sustancias que producen un estado de confusión a una persona con el propósito de cometer un delito, generalmente de índole sexual. Luego de suministrar alguna sustancia sin el consentimiento de la persona se provoca un estado de incapacidad o inconsciencia en la víctima facilitando que el agresor cometa el delito.
De acuerdo con Laura Angelina Borbolla, especialista en derecho penal y coordinadora general de acusación, procedimiento y enjuiciamiento en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el concepto de sumisión química no está incluido en las leyes mexicanas, por lo que se necesita que sea incluido como un agravante específico de la violencia sexual.
Además, México presenta varios problemas para poder investigar este delito, comenzando con que no existen datos estadísticos oficiales.
Aunque sí se ha hablado de ello en algunos foros como el que se llevó a cabo el 25 de noviembre del 2025, llamado: “La sumisión química: una forma invisible de violencia y vulneración de derechos”, donde la senadora Macky Ortiz Domínguez advirtió que las mujeres conforman el 60% de las víctimas en este tipo de delito y entre el 95% y 98% de los casos se mantienen en impunidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en 2021 el 49.7% de las mujeres de 15 años y más vivieron violencia sexual y el 6.9% lo experimentó por parte de su pareja. Además, se reportó que el 3.8% de las mujeres no consintieron su primera relación sexual.
Iniciativa del PRI
El 11 de marzo de 2025, la Gaceta Parlamentaria publicó el proyecto de la diputada Lorena Piñón Rivera, el cual contempla reformar el Código Penal Federal en su Artículo 260 para incluir que la pena por violencia sexual aumente una mitad más en su mínimo y máximo si se administran de forma forzada o encubierta drogas, fármacos o cualquier sustancia que altere el consentimiento o incapacite a la víctima.
Además, en la fracción V del Artículo 266 amplía las sustancias empleadas en la sumisión química, ya que actualmente solo se contemplan estupefacientes o psicotrópicos. De esta forma, se consideran sustancias incapacitantes cualquier compuesto natural o sintético que provoque, total o parcialmente, la pérdida o disminución de capacidades físicas, cognitivas o volitivas.
«Incluyendo, pero no limitándose a: depresores del sistema nervioso central, analgésicos, disociativos, antihistamínicos y cualquier otra sustancia con efectos similares, independientemente de su clasificación farmacológica o legal».
Por otro lado, en su Artículo 372 que aborda el robo con violencia se detalla que si el acto se comete tras una sumisión química para alterar el conocimiento de la víctima se agregaran 8 meses a 7 años de prisión cuando tras la administración de las sustancias, la persona muere o presenta lesiones graves.
La diputada del PRI advierte en su proyecto la necesidad de capacitar de forma obligatoria al personal de establecimientos donde pueden ocurrir estos delitos como bares, discotecas y hoteles como una forma de política pública complementaria a la iniciativa. Dentro de estas capacitaciones se puede incluir la identificación de señales de alerta, protocolos de intervención segura y coordinación con autoridades.
Iniciativa del PVEM
Durante la legislatura pasada, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa de proyecto para reformar el Código Penal Federal en los Artículos 260 y 374 haciendo las mismas modificaciones que el proyecto de la diputada del PRI, no obstante, la iniciativa tampoco ha llegado al Pleno de la Cámara de Diputados.
En las entidades de la República y durante la legislatura pasada, existieron algunos avances sobre la penalización de la violencia sexual en casos de sumisión química, por ejemplo: la fracción VI del Artículo 128, la fracción VI del Artículo 316° y la fracción VII del Artículo 248 Bis de los códigos penales de Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca respectivamente ya sancionan esta violencia, pero solo engloban los estupefacientes o psicotrópicos.
La iniciativa de la diputada Lorena Piñón Rivera también menciona los compromisos internacionales que tiene México, uno de ellos es con la Convención de Belém do Pará cuyo artículo 7 indica insta a los Estados a “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad”, por lo que la administración de estas sustancias en este contexto pone en peligro la vida las mujeres.
En las recomendaciones que ha hecho el Comité CEDAW hacia México se solicita adoptar medidas para alentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer y garantizar que existan procedimientos adecuados para investigar y sancionarlos. A esto se suma el cumplimiento del Objetivo 5.2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual establece eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Ante este panorama, la iniciativa expone la necesidad de implementar protocolos de actuación coordinados entre servicios de urgencias médicas, cuerpos policiales y ministerios públicos. Estos deben incluir la toma inmediata de muestras biológicas y la preservación de evidencia de cámaras de seguridad y comunicaciones electrónicas para compensar la falta de recuerdos de la víctima.
También menciona la implementación de campañas específicas dirigidas a grupos vulnerables, programas de información en instituciones educativas, espacio de ocio nocturno y plataformas digitales sobre el uso de los métodos utilizados por perpetradores.
