Ciudad de Nueva York.- De acuerdo con Global Witness, en 2024, 146 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en el mundo, el 82 por ciento de los casos ocurrieron en América Latina, lo que se traduce en ser la región más peligrosa para quienes protegen la naturaleza y el territorio, situación que se agudiza exponencialmente si se es mujer.
Durante el Foro “Rompiendo el silencio: barreras para el acceso a la justicia para mujeres defensoras del ambiente”, realizado en el marco de la CSW70, Valentine Sebil integrante de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés) habló del panorama de criminalización de defensoras ambientales y el acceso a la justicia para ellas en todo el mundo donde reconoció que “casos como el de Bertha Cáceres- defensora medioambiental de Honduras asesinada en 2026- nos recuerda a las defensoras que no pudieron llegar por la violencia, otras por falta de financiación o de obtención de visa”.
Sebile destacó que aún se carece de datos desagregados por sexo para dimensionar la violencia contra las defensoras y sus impactos. “Entre 2023 y 2024 de un 35 por ciento de los ataques contra defensores no se sabe el sexo” y aunque la documentación y la investigación es necesaria para explicar la violencia, a decir de esta defensora:
“Documentar no basta si los sistemas de justicia no funcionan”.
Asimismo detalló que las defensoras se enfrentan a estrategias de silenciamiento de sus voces y demandas, a cargos fabricados, procesos judiciales entorpecidos y sin perspectiva de género los cuales responden a intereses de los que se benefician grupos de poder.
“Los ataques no son accidentes, son síntomas de modelos de desarrollo extractivista y sistemas patriarcales a los que se suma la discriminación histórica contra los pueblos indígenas y de los sistemas de justicia que raramente responden” señaló Sebile.
“Los riesgos de violencia contra las defensoras del medio ambiente suman intersecciones complejas resultado de múltiples discriminaciones, es decir, a los riesgos de la defensa del territorio se suma la realidad de los conflictos sociales y ambientales, los intereses económicos y la desigualdad de género estructural”, así lo señaló Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de Uruguay.
Xavier llamó a institucionalizar los acuerdos internacionales como Escazú y el Acuerdo de Tlatelolco sobre el derecho al cuidado para su implementación más allá de los gobiernos cambiantes: “debemos visibilizar la relación con la naturaleza basadas en el cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente”.
Durante su intervención, Sarah Douglas, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, reconoció que aunque existe un marco normativo internacional que llama a la protección de las defensoras del medios ambiente, como el Acuerdo de Escazú, “no siempre se traducen en respuestas concretas y oportunas”.
La violencia contra las defensoras, refirió Douglas “busca deslegitimar su labor y refuerzan patrones de desigualdad y exclusión que afecta a mujeres indígenas rurales y afrodescendiente históricamente marginadas.”.
La experta de Brasil, Letícia Leobet, del Instituto Geledes de la Mujer Negra, llamó al reconocimiento de defensoras de derechos ambientales y al fortalecimiento de la sociedad civil de la región para impulsar los acuerdos regionales que buscan la sostenibilidad con enfoque medioambiental y de género.
“Otro modelo posible de desarrollo en nuestra sociedad. Justicia es más integral si es con justicia racial, social, económica, ambiental y de género”, señaló Leobet.
Adriana Salazar, indígena aymara de Bolivia, narró los obstáculos que viven las defensoras jóvenes indígenas del medio ambiente, como la dificultad lingüística para denunciar la violencia; la migración forzada derivada de la sobreexplotación de los recursos de las comunidades, discriminación por ser indígenas al llegar a las ciudades y la criminalización a la hora de interponer denuncias.
La justicia debe incorporar la mirada indígena. De acuerdo con Salazar, las injusticias pasan primero por el cuerpo de las mujeres y han sido en los procesos de colonización manifestados en las tierras “los conflictos que hoy vivimos como Congo, Palestina y Venezuela son por el territorio, requerimos alianzas sur-sur para nuestra defensa”.
“Nuestro cuerpo, el primer territorio libre de colonización” puntualizó Salazar.
Este y otros eventos paralelos suceden en el marco del 70 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés, CSW70) que arrancó el lunes 9 de marzo y concluirá el 19 de marzo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos cuyo tema central es el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas y tema de examen es la participación plena y efectiva de las mujeres y la adopción de decisiones en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad.
