Ciudad de México.- El próximo 5 de abril se cumplirá un año de la muerte de Berenice Giles y su compañero fotoperiodista Miguel Ángel Rojas en el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, ambos jóvenes eran colaboradores del medio Mr. Indie y estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y para su aniversario luctuoso impulsarán una iniciativa para mejorar las condiciones laborales y seguridad de periodistas en el país.
A Berenice y su compañero Miguel no solo los mató una grúa mal puesta y colocada sin supervisión, sino toda la estructura violenta que persiste en el ejercicio periodístico, el cual afecta de forma diferenciada a mujeres. Se sabe que ellas son quienes tienen más empleos adicionales para sustentarse económicamente debido a la segregación horizontal y vertical al interior de las redacciones que estandarizan diferencias salariales.
A través de una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS) en la que participaron la defensora Tábata Ximena Salas y los defensores de derechos humanos Oscar David Camarena y Edwin Alan Piñón quienes forman parte del equipo jurídico de la familia de Miguel quienes también estuvieron presentes; se anunció que la iniciativa busca que estos casos no se vuelvan a repetir, sobre todo cuando son evitables.
Tábata Ximena Salas, presentó la Ley para la protección del trabajo periodístico, la cual propone seguros obligatorios para todas las y los periodistas, la existencia de protocolos de seguridad específicos para la prensa en los eventos y que existan responsabilidades claras de los organizadores y empresas respecto a las condiciones de cobertura periodística.
Se espera que las reformas planteadas se realicen en la ley de gestión integral de riesgos de la Ciudad de México y a la Ley de Espectáculos Públicos para la Ciudad de México. La defensa de la familia de Miguel declaró que ambas leyes son fundamentales para garantizar la seguridad de todas las personas asistentes en eventos públicos masivos, pero también específicamente del gremio periodístico.
A su vez, la también abogada Tábata Ximena Salas especificó que la ley fue planteada para eliminar vacíos legales que existen en la actualidad y que no permiten ampliar las responsabilidades de las empresas cuando se trata de la seguridad en los eventos que promocionan y de los cuales se benefician económicamente. Además, decidieron no nombrar la ley con ningún nombre particular para que pueda englobar a todas las personas periodistas en México.
Crédito: Fotograma de conferencia de prensa
Precarización en el periodismo se agudiza en mujeres
De acuerdo con Data México, en 2024 se registraron 31 mil personas trabajando como periodistas y redactores siendo la Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua los estados que albergaron a más personas en estas áreas. En ese año se registró un revés en esta tendencia donde las mujeres en promedio ganaron 10.6 mil pesos y los hombres 9.07 mil pesos, aunque el promedio salarial de ambos sexos alcanza los 8.05 mil pesos.
El articulo ‘Precariedad en el empleo periodístico: dimensiones y factores predictores’ señala que, este empleo se ha desarrollado a través de una relación del periodismo con los centros de poder estatal y económico donde existe vulnerabilidad de las personas periodistas y medios ante los ataques de grupos de poder y los efectos del modelo de negocio dentro del periodismo.
Este último, en el que se busca producir la mayor cantidad de noticias y generar grandes ganancias a través de la publicidad, ha perpetuado un escenario de precarización al que se enfrentan todos los días las y los periodistas, siendo los grupos de personas jóvenes, migrantes y mujeres los sectores más vulnerables.
Siguiendo el artículo, entre 2007 y 2017 el promedio de edad de periodistas bajó a edades más jóvenes en donde se les contrata por temporalidad sin garantizar trabajos estables. En 2024, la formalidad laboral de periodistas y redactores alcanzó un 65%.
Respecto a la informalidad laboral en esta área se han registrado nuevas formas de modalidades atípicas que se disfrazan bajo la «flexibilidad laboral» cuando en realidad la relación laboral es temporal o no cuentan con un contrato como el caso de Berenice Giles.
Tanto medios impresos como digitales no han ofrecido condiciones óptimas de trabajo que cumplan con las expectativas financieras de las y los periodistas. Siendo estos últimos una respuesta ante el deterioro industrial del periodismo en donde se ha adoptado modalidades atípicas, el discurso de la autonomía y el seguimiento del teletrabajo.
También se ha detectado que no existe un sindicato que combata la precarización laboral a la que se enfrenta el gremio periodístico, en parte porque hay una desconfianza hacia estos organismos que se refleja en la escasa participación de las y los periodistas.
A esto se suma la constante violencia diferenciada que enfrentan por su labor periodística, Comunicación e Información de la Mujer A.C. documentó que el 2025 fue el año más peligroso para las mujeres periodistas con un total de 338 agresiones, es decir, una agresión cada 26 horas. Se trata de una cifra que superó a la documentada en 2020 con 245 agresiones.
La investigación del caso
De acuerdo con el abogado Edwin Alan Piñón, hasta el momento, existen 3 empresas y 8 personas imputadas por lo ocurrido en el festival Axe Ceremonia 2025, entre ellas se encuentra la Cooperadora Eclectic administradora del parque quien elaboró el programa de protección civil; la agencia de los socios que organizaron el festival y Producciones Creativas quien sugirió la idea de las grúas, estas dos últimas empresas forman parte del Grupo ECO.
Sin embargo, advirtió que cuando comenzó el caso habían más de 100 empresas siendo investigadas, ya que por la magnitud del evento se necesita de una red empresarial que brinde diferentes servicios. A partir del análisis de la cadena de omisiones la lista se redujo a esas tres como las principales responsables, aunque existen otras que continúan siendo investigadas, ya que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha podido mostrar su papel en el incidente.
Edwin Alan Piñón explicó al analizar la cadena de omisiones que se encontró que en el programa de protección civil del evento que no estaban contempladas las estructuras con grúas y las siluetas en formas de osos que cayeron sobre Berenice y Miguel, los cuales estaban adornando el festival Axe Ceremonia. Además, detalló que dichas estructuras no estaban permitidas para su uso en el exterior porque el aire podría tirarlas.
Edwin Alan Piñón, describió que lo más grave fue que el festival continuara con normalidad después de la muerte de Berenice y Miguel, incluso se colocó una madera para cubrir de la vista pública los cuerpos atrapados bajo la estructura, incluso algunos reporteras y reporteros comentaron que fueron amendrentados y expulsados del evento al intentar documentarlo.
Nulo avance para iniciar el proceso penal
A casi un año de la muerte de Berenice y Miguel no se ha podido comenzar el juicio inicial por 25 amparos tramitados para retrasar el proceso, no obstante, 15 de estos fueron interpuestos por la Cooperadora Eclectic y tres de ellos su objetivo fue impedir que inicie el proceso penal a través de una audiencia inicial.
Esta empresa tenía en su poder la concesión del Parque Bicentenario por 1.2 millones pesos al año otorgado por el Gobierno de México en 2017 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y desde entonces el espacio fue usado para diversos eventos hasta que en hasta mayo de 2025 y derivado de la muerte de Berenice y Miguel se le retiraron todos los permisos.
Cooperadora Eclectic rechazó su responsabilidad en el incidente argumentando que «solo prestaron el parque» y no tuvieron participación en la planeación y ejecución del evento.
En septiembre de 2025, el asesor jurídico de la familia de Berenice promovió un escrito para «que se deje sin materia la audiencia inicial para todos los investigados», según detalló el abogado Oscar David Camarena.
Para la defensa de Miguel, esto podría deberse a que el anterior asesor jurídico de la familia de Berenice, quien había realizado la misma solicitud en junio de 2025, es servidor público en funciones adscrito a la Secretaría de Gestión Integral del Agua con un estatus activo, lo cual apuntan que «es grave» e hicieron un llamado a la jefa de gobierno Clara Brugada para que el director de esta secretaría manifieste una postura y explique esta situación.
«No estamos ante discursos dispersos, sino ante una estrategia articulada que busca incidir directamente en el avance del proceso, porque a un año de la tragedia aún continuamos sin responsables.» -Tábata Ximena Salas, abogada y defensora.
