Ciudad de México.- A unos días de que termine marzo, la colectiva Por Las Mujeres de Puebla, recordaron a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, su compromiso por someter a votación la Ley Monzón en el Pleno antes de que termine el mes, por lo que hicieron un llamado a las diputadas y diputadas del Congreso para su aprobación a nivel federal.
Fue el pasado 2 de septiembre de 2025 que la diputada federal por Puebla, Nora Merino Escamilla, presentó la propuesta de la Ley Monzón en la Cámara de Diputados, desde entonces el proyecto se encuentra en las comisiones de Justicia, Gobernación e Igualdad de Género y se espera que sea votada antes de que concluya el periodo de sesiones el próximo 30 de abril.
La iniciativa llevada ante el Congreso plantea un paquete de reformas al Código Penal Federal para establecer la suspensión inmediata de la patria potestad de los padres acusados por feminicidio, tentativa de feminicidio o violencia familiar grave para que no ejerzan la custodia de sus hijas e hijos menores de edad cuando existe una sentencia condenatoria protegiendo así a las infancias, según afirmó la colectiva Por Las Mujeres de Puebla.
«Hoy más que nunca, alzamos la voz por esta iniciativa, que surge de las colectivas, activistas y mujeres políticas, compañeras de lucha de Cecilia Monzón que, tras su feminicidio, seguimos su voz, para exigir justicia por ellas y para todas las mujeres y las infancias de México» -Por Las Mujeres de Puebla.
La Ley Monzón fue impulsada por Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón quien fue víctima de feminicidio en el estado de Puebla durante 2022 por el político priista Javier López Zavala como el autor intelectual, quien también fue su expareja y padre de su hijo. El 24 de diciembre de 2025, un tribunal declaró culpable al funcionario después de 80 audiencias y varios intentos del feminicida para evadir la justicia.
Antes de su feminicidio, Cecilia Monzón denunció a Javier López Zavala por la pensión alimenticia de su hijo, la cual era condicionada para que ella hablara bien de él ante los medios de comunicación, ya que se encontraba buscando la gobernatura de Puebla. Tras su muerte, la custodia del niño fue otorgada a la familia Monzón y desde ese momento, su hermana Helena, feministas y defensoras iniciaron un largo proceso para impulsar la Ley Monzón.
En 2023, el Congreso de Puebla fue el primer estado en aprobarla, de esta manera se modificó su Código Penal y Civil. En ese mismo año, senadoras y senadores de la Comisión de Gobernación del Senado exhortaron a 24 Congresos estatales a reformar su legislación local para aprobar la ley, los cuales son:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La lucha por impulsar la Ley Monzón ha sido una forma de resignificar a Cecilia y a las víctimas de violencia feminicida. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que los casos de feminicidio persisten en México. Tan solo en 2025 ocurrieron un total de 721 casos a nivel nacional y en lo que va del 2026 ya se registraron 54 mujeres víctimas de este delito donde Sinaloa, Ciudad de México, estado de México y Tamaulipas lideran la lista con mayor incidencia.
En la otra cara del feminicidio se encuentran las infancias en orfandad quienes permanecen abandonadas por el Estado mexicano. En 2024, ya extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer a raíz de una solicitud de transparencia que había al menos 5 mil infancias en orfandad por feminicidio registradas entre abril del 2018 y marzo del 2021 por las fiscalías de los estados.
Hasta ahora, México no tiene un registro oficial que proporcione un panorama sobre la situación que atraviesan las infancias en orfandad por feminicidio. Se trata de una deuda pendiente del Estado como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso García Andrade y otros Vs. México emitida el pasado 19 de diciembre del 2025 en donde se pidió como una de las medidas reparatorias la protección de estas niñas, niños y adolescentes.
Un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizado en 2020 encontró que la Ley General de Víctimas prevé medidas de rehabilitación especial hacia las hijas, hijos y personas adultas mayores que dependían de la víctima de feminicidio y que tras su asesinato fueron afectados de forma indirecta.
También detalla que en el menos en cuatro entidades las leyes de víctimas contemplan a las infancias en orfandad por feminicidio, en 13 regulan una disposición sobre proporcionar atención, pero en 18 no prevén ninguna medida respecto al tema.
En las cuatro entidades que sí contemplan disposiciones específicas son Jalisco quien reconoce el deber de proporcionar atención psicológica especializada de emergencia; en Oaxaca se incluye un registro estatal para que puedan acceder a medidas de asistencia y atención; para Puebla se ordena que las infancias reciban servicios integrales de atención temprana y otros como jurídicos, médicos y psicólogos especializados; mientras que en Veracruz amplía la protección a infancias en orfandad por feminicidio y desaparición con medidas de reparación integral y un registro estatal.
Ante este panorama, la Ley Monzón no solo representa justicia por las víctimas, sino la protección de las infancias que quedan en orfandad por feminicidio donde de sus padres fueron los feminicidas de sus madres.
En el caso de Cecilia Monzón, fue su hermana Helena quien asumió la responsabilidad y cuidado de su sobrino y además ha impulsado la aprobación de esta ley en México.
