Ciudad de México.- Hoy se cumplen nueve años desde que Miroslava Breach Velducea, periodista y corresponsal de La Jornada, fue silenciada a través de su feminicidio en Chihuahua; sin embargo, la justicia en su caso ha quedado estancada, pues hasta el momento solo dos personas implicadas perdieron la vida y otros dos se encuentran sentenciadas, uno de ellos intentó buscar su libertad condicional en 2025.
El jueves 23 de marzo de 2017, la periodista Miroslava Breach fue víctima de feminicidio afuera de su casa, mientras esperaba en su auto para llevar a su hijo a la escuela. Luego de cinco minutos, llegó al lugar la policía municipal y más tarde La Cruz Roja quienes confirmaron su muerte. A través de la policía estatal y servicios periciales encontraron una cartulina blanca con el mensaje relacionado a su labor periodística.
Hablar de Miroslava Breach Velducea es recorrer su historia y el trabajo que hizo como periodista. Nació el 7 de agosto de 1963 en Chínipas de Almada, Chihuahua, y creció en Navojoa, Sonora, con una familia de cinco hermanas y un hermano. Estudió Ciencias Políticas en el estado de Baja California Sur y, posteriormente, inició su carrera como periodista trabajando en medios como El Heraldo, Diario de Chihuahua, El Norte de Ciudad Juárez y La Jornada.
A lo largo de su carrera cubrió diversos temas, pero fue conocida por denunciar la cercanía del gobierno local con el crimen organizado en Chihuahua, así como otras historias sobre el despojo de tierras de campesinos en la Sierra Madre, la lucha indígena contra el narcotráfico, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Miroslava: La periodista que no quiso ser cómplice del silencio – cimacnoticias.com.mx
De acuerdo con un análisis del caso basado en diversas notas e investigaciones periodísticas realizado por María José Gutiérrez Rodríguez, investigadora en la coordinación de Reforma de Justicia del Centro de Investigación Independiente CEEAD A.C., Miroslava Breach vivía en constante amenazas que la llevaron a tomar medidas de seguridad y cambiar su dinámica familiar en 2016.
La investigación por la que recibió represalias fue cuando denunció desplazamientos por violencia en la Sierra Tarahumara y la relación con los gobiernos municipales, particularmente con Crispín Salazar Zamorano un sobrino de los fundadores del Cártel de Los Salazar, el cual se trata de un grupo armado que controlaba gran parte del territorio en disputa, quien se quedó sin la candidatura al municipio de Chínipas.
Gutiérrez Rodríguez describe que la periodista recibió una llamada del vocero del PAN estatal pidiendo revelar sus fuentes a lo cual se negó, posteriormente, recibió otra llamada del exalcalde de Chínipas Hugo Amed Schiltz Alcaraz, haciendo la misma petición. Después de que en junio de 2016 se llevaran a cabo las elecciones locales y subiera el poder el gobernador Javier Corral, cercano a Miroslava, ella denunció con el funcionario las últimas amenazas que vivió esperando apoyo que no alcanzó a llegar.
La Fiscalía local negó inicialmente reconocer como víctimas a las hermanas de Miroslava Breach, argumentando que sus hijos ya estaban registrados en el proceso. Fue hasta enero de 2018, tras un amparo, que se les otorgó ese reconocimiento. Aun así, enfrentaron múltiples obstáculos: acceso limitado al expediente, ocultamiento de documentos y falta de cooperación por parte de la Fiscalía, lo que llevó a su asesoría jurídica a acudir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
En 2018, la FEADLE presentó acusación contra Juan Carlos, pero el juicio se retrasó hasta marzo de 2020 por diversos recursos legales. Aunque el proceso concluyó, persistieron críticas por no investigar la posible relación con la narcopolítica. Posteriormente, en diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República detuvo a Hugo Amed, señalado por presuntamente ayudar a los autores intelectuales.
Hasta el momento, hay dos personas sentenciadas por su feminicidio con sentencias de 8 años y 50 años respectivamente: Hugo Amed Schiltz Alcaraz, exalcalde de Chínipas, Chihuahua, y Juan Carlos Moreno Ochoa, uno de los autores materiales e integrante del grupo criminal Los Salazar. El primero emitió una apelación después de permanecer 4 años privado de su libertad para solicitar su libertad condicionada y cumplir otros cuatro años de la sentencia fuera del penal.
La organización Propuesta Cívica, quien ha acompañado el caso, alertó la posibilidad de que Hugo Amed Schiltz Alcaraz saliera victorioso, pero mencionó que un tribunal federal en Chihuahua frenó el recurso obligándolo a cumplir su sentencia en reclusión sin posibilidad de apelación. Con ello, se envió una señal: «quienes cometan agresiones contra periodistas, deberán rendir cuentas», indicó la organización.
El caso de Miroslava Breach es emblemático porque evidencia la narcopolítica en México. A través de su trabajo periodístico, documentó no solo el tráfico de mariguana y cocaína en la región, sino también violencia ejercida por el crimen organizado contra comunidades enteras, muchas de las cuales fueron obligadas a desplazarse.
Un mes antes de su asesinato la periodista exhibió que el crimen organizado se había infiltrado en gobiernos y policías municipales de diez municipios, entre ellos Chínipa. Cuando a Miroslava la cuestionaron sobre el porqué no dejar de investigar estos nexos en la “narcopolítica” al ser amenazada, ella respondió: «El silencio es complicidad”.
Ser mujer y periodista en México
Que una mujer ejerza el periodismo en México implica hacerlo en un contexto donde la violencia no solo es persistente, sino creciente. De acuerdo con el informe «Entre el discurso y la desprotección» de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), durante 2025 se documentaron 338 agresiones contra las mujeres periodista, la cifra más alta registrada en un año hasta ahora y que coinciden con el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.
En anteriores ocasiones, el Programa de Libertad de Expresión y Género (PLEG) de CIMAC encontró que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo un total de mil 189 casos, 47 de ellos ocurrieron durante la conferencia Mañanera, representando un aumento de 117% respecto a los 548 casos ocurridos con el expresidente Enrique Peña Nieto.
El incremento de la violencia contra las mujeres periodistas no son datos aislados, sino que refleja un entorno donde informar sigue siendo una actividad de alto riesgo. De acuerdo con la clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México es el país número 124 de una lista de 180 donde se puede ejercer la libertad de expresión sin restricciones, por ende, año con año se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y letales para ejercer el periodismo.
Este informe que documenta los casos de 2025 indica que la Ciudad de México concentró la mayoría de los casos (18.93%) seguido de Coahuila (11.24%), Guerrero (10.06%), Puebla (9.17%) y Baja California (7.4%), para la organización esto no indica que la capital es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo, sino que se trata de un espacio de acogida para las periodistas desplazadas internamente por motivos de seguridad.
Entre los tipos de agresiones persisten las amenazas (14.79%), descrédito de su labor y estigmatización (13.91%), intimidación (10.36%), hostigamiento (9.47%) y campaña de desprestigio (8.88%). En los casos donde existen graves violaciones a los derechos humanos se encuentra la privación ilegal de la libertad, detención arbitraria, agresión sexual, feminicidio y atentado.
Entre las mujeres periodistas agredidas, el PLEG encontró que la mayoría fueron directoras (41.12%), reporteras (38.46%), columnistas (3.85%), locutoras (3.55%) y periodistas de investigación (3.25%). La mayoría de ellas laboraban en medios digitales (68.93%) o impresos (10.36%) y se dedicaban a las fuentes de política, derechos humanos, seguridad y sociedad.
Respecto a los perpetuadores de violencia, la mayoría fueron funcionarios estatales (19.53%), funcionarios municipales (12.72%), civil (11.83%), otros periodistas (8.58%) y medio (7.1%). Dichas mujeres fueron violentadas desde espacios institucionales, comunitarios, digitales, laborales y feminicidas en los cuales se ejerció violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual.
CIMAC advirtió que en los últimos 23 años ha existido una tendencia preocupante, ya que la violencia contra las mujeres periodistas está cerrando la brecha histórica respecto a las agresiones dirigidas contra los hombres, lo cual menciona que dicho acercamiento numérico debe interpretarse como una alerta sobre la intensificación de violencia contra ellas en un contexto donde su presencia en el espacio público y mediático es incómoda para los actores de poder.
Para CIMAC, la violencia contra las mujeres periodistas también responde a la calidad democrática en el país, pues intentar silenciar a una periodista mediante amenazas, estigmatización o violencia basada en el género vulnera los derechos individuales y limita el derecho de la sociedad a estar informada.
