Ciudad de México.- Defensoras como Consorcio Oaxaca y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) solicitaron que la investigación por el feminicidio de Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam, Oaxaca, defensora de la tierra y el territorio, se tome en cuenta su labor como autoridad agraria y defensora.
Fue el pasado 19 de marzo cuando se reportó el asesinato de Nazaret en medio de un ataque armado mientras regresaba a su domicilio en San Pedro Totolápam . A raíz del incidente, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.
Cabe recordar que, a raíz de la sentencia Mariana Buendía por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un posible caso de feminicidio. Asimismo, al ser una mujer, indígena, defensora y desenvolver un cargo público, el caso contiene elementos de género que deben ser tomados en cuenta.
De acuerdo con la organización Consorcio Oaxaca el feminicidio de Nazaret manda un mensaje de violencia, impunidad y permisividad que se suma al contexto de violencia que atraviesa la entidad, sobre todo con las mujeres. Durante 2025, la entidad registró 16 casos de feminicidios y, actualmente, al menos 40 municipios mantienen una Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
A esto se suma que, con el feminicidio de Nazaret, ya suman nueve mujeres en cargos públicos que han sido asesinadas a manos de sujetos armados durante la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, ellas son Guadalupe en San Pedro, Lilia Gema en San Mateo Piñas, Jana Ali en Huajuapan de León, Reina en San Mateo Nejapam, Janet en San Antonio de Lacal, Fabiola en Santo Domingo Petapa, Hortencia en San Agustín Losicha, Heidi en San Pedro Tanatepec.
«Estos hechos ocurren en un contexto donde ser mujer, ocupar espacios de decisión y ejercer autoridad implican aún un riesgo mucho más alto.» -Consorcio Oaxaca.
Para la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) a este panorama se suma la labor que Nazaret desempeñó como defensora de la tierra y el territorio, ya que acompañaba a su comunidad en la protección de los bienes naturales, el entorno y sus derechos colectivos.
Durante el Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social, al menos ocho organizaciones de Oaxaca también se pronunciaron condenando el feminicidio de Nazareth y mencionaron que su muerte se da en un contexto de conflicto social interno ante intereses económicos relacionados con diversos proyectos mineros como «El Águila» y «San José», así como el nuevo tiradero de la capital de Oaxaca llamado el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU).
Las organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Frente Popular Revolucionario (FPR), Servicios del Pueblo Mixe A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Tequio Jurídico A.C, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, CAMPO A. C. Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Consejo de Comunidades en Resistencia de Oaxaca CCORO; destacaron que en algunos proyectos no se han realizado asambleas agrarias o llamado al Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia.
«La minería está ocasionando impactos ambientales irreversibles en los suelos, en los mantos acuíferos y en el medio ambiente de los ejidos y comunidades agrarias que en Oaxaca representa alrededor del 80% del territorio estatal.», advirtieron organizaciones.
Las organizaciones advirtieron que defender el territorio lleva a la criminalización, señalamientos y agresiones contra las mujeres y hombres defensores, sobre todo para las autoridades agrarias porque «son quienes representan a sus asambleas ejidales y comunales», señalaron. Asimismo, mencionaron que en la región las comunidades zapotecas se han pronunciado en favor de la vida comunitaria declarando que sus territorios se prohíbe actividades de minería y extractivistas.
Asimismo, alertaron que las mujeres comuneras, ejidatarias y avecindadas luchan y resisten para ejercer sus derechos agrarios, ya que requieren que el estado garantice las condiciones fundamentales para que puedan desempeñarlos, por lo que expresaron que implementar la paridad de género en la Ley Agraria no es suficiente cuando existen mujeres que son asesinadas por asumir esos cargos.
Durante el primer año del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es decir, del 1 de octubre de 2024 hasta el 24 de octubre de 2025, el monitoreo «Todos sus Nombres. Todas sus Luchas» de la campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca contabilizaron 34 asesinatos de personas defensoras en México, de las cuales 4 fueron desapariciones forzadas.
Defender los derechos humanos en México continúa siendo una actividad de alto riesgo. Los resultados del monitoreo apuntan que la defensa de la tierra y el territorio, así como la reivindicación de un medio ambiente sano (31.6%), el derecho a la verdad y la justicia (28.9%), y derechos civiles y políticos (15.8%) representan el 76.3% de los atentados a la vida de quienes se encargan de esta labor.
En febrero de 2026, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT), advirtieron que en los últimos 25 años se han documentado 114 asesinatos contra personas defensoras, de las cuales 30 fueron mujeres:
Digna Ochoa, Beatriz Cariño, Maricela Escobedo, Susana Chávez, Zenaida Pulido, Carmen López, Samantha Gómez, Ángela Almeras, Isidra Sosme, Rosalinda López, Teresita de Jesús Arrasate, Yohari Belén, Dolores Arrasate, Marcela Castro, Valentina Sodi, Minerva Pérez, María Guadalupe, Diana Rodríguez, Adriana Ortiz, Virginia Ortiz, Silvia Hernández, Sofía Raigosa, Teresa González, María del Carmen Morales, Sandra Domínguez, Karina Ruiz, Katia Medina, Judith Alvarado, Aida Juárez, Daniela Ortiz, Ana Belén Sánchez.
Tanto Consorcio Oaxaca, IM-Defensoras y el resto de las organizaciones solicitaron tomar las medidas necesarias para esclarecer el feminicidio de Nazareth; otorgar atención a la familia y garantizar justicia en el caso; la investigación inmediata, diligente y con perspectiva de género; castigo a los responsables materiales e intelectuales; protección real para las mujeres en cargos comunitarios; ponerle fin a la simulación frente a la violencia feminicida en la entidad; que se reconozca su labor como aurtoridad agraria y defensora; y fortalecer las medidas de protección para la familia, comunidad y personas defensoras de la región.
«Nazareth no es un caso más. Es una vida arrebatada en medio de un estado que no garantiza la seguridad. Justicia para Nazareth Cortés Velázquez.» -Consorcio Oaxaca.
