Hay historias que incomodan porque nos obligan a mirar de frente lo que, como sociedad, preferimos no ver.
Cuando una mujer expresa que no quiere seguir viviendo, el debate público suele dividirse rápidamente: quienes defienden su derecho a decidir y quienes lo cuestionan. Pero en esa discusión hay algo que se pierde —y es justamente lo más importante—: todo lo que ocurrió antes.
Antes de que una mujer quiera morir, hubo violencia. No una sola, ni en un solo momento. Existieron violencias acumuladas: en el abandono, en la negligencia, en la impunidad, en las instituciones que no respondieron, en las veces que no hubo protección, ni justicia, ni reparación.
Porque la violencia no es un evento aislado, es un continuo. Y también lo es la ausencia del Estado.
El caso de Noelia Castillo Ramos nos confronta con esta realidad. No como una historia individual ni como un debate aislado sobre la eutanasia, sino como la evidencia de múltiples fallas: de un sistema que no protegió en la infancia, que no garantizó condiciones de vida digna y que llegó tarde, cuando el daño ya era irreversible.
Defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es fundamental. Pero ese derecho no puede analizarse fuera de las condiciones en las que se ejerce. Incluso en el dolor más extremo, las decisiones de las mujeres siguen siendo disputadas. El cuerpo de las mujeres continúa siendo un territorio de control.
Por eso, hablar de autonomía también implica cuestionar las condiciones que la hacen posible.
Cuando la vida se ha vuelto inhabitable por la acumulación de violencias, la pregunta no es únicamente qué decide una mujer, sino qué dejamos de hacer como sociedad para que su vida siguiera siendo vivible.
Esa es la conversación incómoda.
Y no empieza en la adultez, empieza mucho antes…Empieza cuando una niña o un niño crece en contextos de violencia sin que exista un sistema que garantice cuidado, protección y seguimiento real. Empieza cuando el acceso a derechos depende del azar, de la familia en la que se nace o de si alguien decide intervenir a tiempo.
Los innumerables casos de violencias contra niñas y niños no son excepciones. Son evidencia de un sistema que llega tarde o, muchas veces, no llega.
¿Qué significa nacer con derechos si no existen condiciones para vivirlos?
¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano si el Estado no garantiza cuidados, protección y bienestar desde el inicio de la vida?
Sin sistemas de cuidados sólidos, sin políticas públicas con presupuestos garantes que acompañen de manera sostenida a niñas, niños y sus familias, lo que se reproduce no es solo vulnerabilidad: es abandono.
Y el abandono también es violencia.
Desde los espacios de atención y protección, como los refugios, vemos todos los días lo que significa intervenir a tiempo: acompañar, sostener, reconstruir y abrir otras posibilidades cuando la violencia parecía no dejar salida.
Por eso sabemos algo con claridad: ninguna vida debería llegar a un punto en el que dejar de vivir se perciba como la única opción posible.
Cuando eso ocurre, no es solo una historia individual, es la evidencia de un sistema que falló en proteger, en garantizar justicia y en sostener la vida.
Hablar de estas historias no debería ser para consumir el dolor ni para polarizar debates. Debería ser para exigir que el derecho a vivir con dignidad, con cuidados y con futuro sea una realidad desde el inicio de la vida.
Porque antes de discutir sobre la muerte, hay una deuda pendiente con la vida.
Nombrar el caso de Noelia no es para habitar su dolor ni para reducirlo a una decisión individual. Es para evidenciar que ninguna mujer debería llegar a un punto donde la vida deje de ser vivible.
Y esa deuda comienza desde la infancia, donde el cuidado y la protección deberían ser una garantía, no una excepción.
