El 27 de marzo se cumplieron cinco años desde que una imagen en Tulum sacudió la conciencia nacional e internacional: la de una mujer sometida contra el asfalto bajo la rodilla de una policía, asfixiando no solo su vida, sino la promesa de protección que México le había hecho. Esa mujer tenía nombre, historia y sueños: Victoria Salazar.
A un lustro de su feminicidio, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) escribimos estas líneas no solo para recordar su feminicidio, sino para denunciar la persistencia de las condiciones que lo permitieron. Victoria no murió por un «error» policiaco aislado; fue víctima de un sistema que criminaliza la pobreza y la migración.
Victoria llegó a México huyendo de la violencia en El Salvador. El Estado mexicano la reconoció como refugiada en 2018, otorgándole —en teoría— el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, la realidad fue devastadora: su estatus migratorio regular y la protección otorgada mediante la figura de asilo no la blindaron contra el racismo institucional ni contra la brutalidad de agentes estatales que vieron en ella un cuerpo desechable.
Durante estos cinco años hemos acompañado a su familia en un proceso legal desgastante y revictimizante. A pesar de las promesas inmediatas de «cero impunidad» vertidas por los gobiernos de México y El Salvador tras la viralización del caso, la justicia ha llegado a cuentagotas y de forma incompleta.
Hemos sido testigas de cómo las audiencias se han diferido, cómo la defensa de los perpetradores ha intentado reclasificar el delito para evadir la carga del feminicidio, y cómo el sistema judicial ha puesto a prueba la resistencia de una madre y dos hijas que quedaron en la orfandad. La sentencia penal contra los policías materiales es indispensable, sí, pero no es sinónimo de justicia completa.
La verdadera justicia incluye la reparación integral del daño, y es ahí donde el Estado mexicano sigue fallando estrepitosamente. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las autoridades de Quintana Roo tienen una deuda pendiente con las hijas de Victoria. No basta con una indemnización económica que se pierde en la burocracia -y que aún no llega-; se trata de garantizar su futuro, su educación y su salud psicosocial tras el trauma de perder a su madre a manos de quienes debían protegerla.
Al conmemorarse este quinto aniversario, la pregunta sigue siendo: ¿Es México un país seguro para las mujeres refugiadas? El caso de Victoria nos dice que el papel que otorga el reconocimiento a una persona como refugiada no protege a nadie si la política migratoria y de seguridad sigue basada en la criminalización de la migración, la contención migratoria, el perfilamiento racial y la militarización.
Victoria no murió; el Estado la mató por acción y por omisión. Hoy, nuestra mejor forma de honrar su memoria es no permitir que el tiempo normalice su ausencia ni diluya la responsabilidad de las instituciones. Exigimos sentencia firme, reparación real para sus hijas y, sobre todo, garantías de no repetición. Porque ninguna mujer que busque protección en este país debería encontrar aquí su muerte.
