El 8 de abril de 2022 Debanhi Escobar desapareció en Apodaca, Nuevo León. En su cuarto aniversario luctuoso, el caso permanece sin avances. Este es uno de los tantos casos que la propuesta de nueva ley de feminicidio deberá abordar.
A reserva de llegar la nueva ley, la sentencia de Mariana Lima (2015), sobre el caso de feminicidio en el estado de México, señala que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio.
Debanhi fue buscada en Monterrey por 13 días para, finalmente ser encontrada en la cisterna de un hotel. Las fallas de la investigación, la opacidad, lentitud de las autoridades y la exposición mediática sin perspectiva de género, condujeron a la revictimización, a la criminalización u señalamiento tanto de la víctima como de sus amigas.
Lo sucedido con Debanhi nos recuerda el poder de las redes sociales y plataformas digitales, no solo para enterarnos rápidamente de un hecho que sucedía en la carretera de una ciudad concreta, sino de su masificación a través de la difusión de videos e imágenes previas a su desaparición y del enfoque de la investigación centrada en sus amigas y no en los posibles agresores.
La experiencia mexicana nos dice que la justicia llega entre 8 y 20 años tarde y no por las autoridades nacionales quienes son rebasadas, por lo que las víctimas deben buscar instancias internacionales que les reconozcan sus derechos.
En 2009 llegó la sentencia de Campo Algodonero, en Chihuahua tras la localización sin vida de ocho mujeres, entre ellas Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez el 6 de noviembre de 2001, en un campo algodonero de Ciudad Juárez.
A Inés y Valentina Fernández, dos mujeres indígenas tlapanecas, quienes sufrieron violencia sexual y tortura por parte de militares en febrero de 2002 les llegó una resolución favorable hasta el 2010.
A Valentina Rosendo Cantú la sentencia favorable le llegó en 2010, luego de 18 años de buscar justicia. Ella sobrevivió a la torturada sexual perpetrada por militares en 2002 en la que la CIDH sentenció al Estado mexicano por la violación, tortura y ordenó implementar políticas públicas dirigidas a los servicios de salud integral para las mujeres indígenas.
La sentencia del caso Atenco en 2018 en la que la CIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violencia sexual, violación y tortura que vivieron 11 mujeres durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, ordenados por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva.
El 19 de diciembre de 2025, llegó la sentencia de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez en 2001, es decir que 24 años después del feminicidio se reconoció la falta de garantías para niñas y niños en orfandad por feminicidio, el desplazamiento al que fue obligada su familia dado el riesgo que vivían en Chihuahua; además se pidió que se realice una revisión de la política publica para prevenir, atender y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en México, gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En diciembre de 2025 también llegó la sentencia de Ernestina Ascencio, una adulta mayor de 73 años indígena nahua de Zongólica, Veracruz. En 2007, Ernestina fue torturada sexualmente por miembros del Ejército mexicano luego de que un campamento militar se instalara en las inmediaciones de su vivienda. A Ernestina la justicia le tardó 18 años cuando la CIDH sentenció que el Estado mexicano como responsable por la tortura sexual cometida por integrantes del ejército mexicano.
Aunque desde 2012, el Código Penal Federal señala el delito de feminicidio y contamos con sentencias firmes sobre los casos, la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio pareciera desconocer las sentencias.
La 4T parece querer reinventar aquello que las feministas ya han avanzado, pero no las fallas que han señalado como la actuación de los ministerios públicos, la tardanza en las investigaciones, el personal capacitado y la tardía justicia.
Cuatro años sin Debanhi, pero muchos más sin tantas mujeres que siguen sin acceso a la justicia. Las 11 mujeres víctimas de feminicidio cada día o las 14 que son desaparecidas a diario.
