Ciudad de México.— Organizaciones que integran la Región Suroeste de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) alertaron sobre la intensificación de la violencia, hostigamiento y criminalización contra personas defensoras en esta zona del país.
De acuerdo con la RED TDT, el incremento de violencia en la zona sur de México contra personas defensoras ocurre en un contexto donde el discurso oficial de pacificación contrasta con lo que ocurre en los territorios.
Datos del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas muestran un total de 124 agresiones contra personas defensoras durante 2025, es decir, un incremento del 25% respecto a los datos registrados en 2024. Para la organización, las cifras muestran que defender derechos humanos en la región es una actividad de alto riesgo.
México a traviesa una crisis de derechos humanos de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en medio de la violencia provocada por actores estatales; crimen organizado; uso de fuerza por actores no estatales; pobreza y exclusión social; tráfico de personas, armas o droga; e impunidad, son las personas defensoras quienes hacen frente a esta situación.
Sin embargo, defender los derechos humanos siendo mujer es enfrentar otro tipo de violencia solo por su género, ya que su sola existencia política desafía los mandatos patriarcales según establece la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Desde 2012 a 2023 IM-Defensoras documentó un total de 35 mil 77 agresiones contra 8 mil 926 defensoras y 953 organizaciones en Mesoamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua).
Para la organización, la violencia contra las defensoras constituye instrumentos de control social, profundización de la desigualdad y destrucción del tejido social que se manifiesta en los cuerpos de las defensoras como “un continuum de violencias patriarcales, clasistas y racistas” que llegan a impactar su labor y vidas personales.
En los peores casos termina en su muerte, pues datos de la RED TDT indican que en los últimos 25 años ocurrieron 30 feminicidios contra mujeres defensoras en México. A esto se suma que la organización documentó 40 asesinatos de personas defensoras durante 2025, entre ellas 12 personas buscadoras, sobre todo en regiones como Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Casos de defensoras víctimas de violencia en el sur
Fue el pasado 20 de marzo, alrededor de las 2 de la mañana, cuando en Tapachula, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova fue objeto de allanamiento y robo en sus oficinas en tres ocaciones durante un corto periodo de tiempo debido a la falta de respuesta de las autoridades y del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
Denuncian segundo allanamiento al CDH Fray Matías de Córdova en Chiapas – cimacnoticias.com.mx
“Esta reiteración no solo evidencia negligencia institucional, sino que coloca en riesgo la seguridad del equipo y la información relacionada a su labor, en un contexto de alta vulnerabilidad.” -RED TDT
En el Istmo-Costa, la defensora Poulette Celene Hernández quien es integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, ha experimentado agresiones directas por acompañar procesos comunitarios como amenazas, agresiones físicas y hostigamiento en su propio domicilio, en un contexto de riesgo que no ha sido atendido de manera efectiva por el Estado, según señaló la Red TDT.
A su vez, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Dora Lilia Roblero García, vivió un allanamiento en su casa a pesar de contar con medidas cautelares internacionales. Para la RED TDT, este tipo de agresiones constituyen mensajes de intimidación directa y ausencia de garantías reales.
Directora del Frayba reporta 8 agresiones en su contra durante 2025 – cimacnoticias.com.mx
La organización también denunció la criminalización contra colectivos que acompañan búsqueda de personas desaparecidas como la muerte de la joven buscadora Yerli Yaritza, de 18 años, privada de la vida mientras buscaba a su padre desaparecido o las Madres en Resistencia Chiapas, quienes han sido golpeadas, amenazadas e intimidadas por fuerzas de seguridad durante manifestaciones, evidencian la falta de garantías incluso para quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
También existen casos particulares contra las defensoras indígenas como Pascuala López López, mujer tsotsil, quien fue víctima de amenazas de muerte, ataques armados, desplazamiento forzado y violencia sistemática.
«Su caso refleja las condiciones extremas que enfrentan quienes defienden el territorio y la vida, especialmente cuando se cruzan desigualdades estructurales de género, etnicidad y pobreza» -RED TDT
Desde Veracruz se reportó en 2025 al menos cuatro incidentes de violencia contra personas defensoras, uno de ellos fue el asesinato a Magdaleno Pérez Santes, padre buscador e integrante del Colectivo de Búsqueda “María Herrera” en Poza Rica. Fue detenido de forma arbitraria el 10 de marzo por policías municipales para ser brutalmente golpeado y al día siguiente falleció.
En julio de 2025, Radio Teocelo denunció censura y criminalización siendo que es una emisora de las radios comunitarias más longevas en el país. La RED TDT señala que ese año, la radio comunitaria fue acusada y enfrentaron persecución judicial, multas para frenar una labor histórica de 60 años.
«Estos hechos no son aislados. Forman parte de un patrón sistemático de agresiones caracterizado por intimidación, vigilancia, difamación y criminalización, que busca desarticular procesos organizativos, inhibir la denuncia y sembrar miedo en las comunidades.» -RED TDT.
Los ataques son responsabilidad del Estado
Para la RED TDT estos casos configuran responsabilidad del Estado mexicano por la inacción y omisión, así como la falta de prevención, ausencia de medidas de protección, ineficiencia de las investigaciones y la participación directa o indirecta de las instituciones formando un entorno hostil para defender derechos humanos.
Afirmaron que la situación se agrava en un contexto de militarización, securitización migratoria (proceso mediante el cual los gobiernos presentan la migración como una amenaza a la seguridad nacional, sanitaria o social) e impunidad, que ha derivado en la estigmatización y criminalización de quienes defienden derechos humanos.
Por ello exigieron el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado frente a la falta de garantías para la defensa de derechos humanos: la investigación inmediata, independiente y exhaustiva de las agresiones, considerando la labor de defensa como línea central; la sanción de los responsables materiales e intelectuales, sin simulación ni encubrimiento; implementación urgente de medidas de protección integrales, construidas con las organizaciones afectadas; el cese de la criminalización y estigmatización contra personas defensoras; y garantías estructurales de no repetición, más allá de medidas declarativas.
