Organizaciones judiciales y especialistas alertan que la salida del personal afectará el acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y otros sectores vulnerables, además de representar un impacto laboral con perspectiva de género.
El despido de 39 personas trabajadoras del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) encendió alertas entre organizaciones judiciales y especialistas debido a que 39 de ellas son mujeres que desempeñaban labores de trabajo social para garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas mujeres víctimas de violencia.
Los ceses laborales fueron ejecutados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) durante la última semana de junio y afectaron a personal distribuido en las 31 delegaciones del IFDP. Las personas despedidas ocupaban plazas de analistas especializadas en trabajo social, un área considerada sustantiva para la defensa pública y no únicamente administrativa.
De acuerdo con información difundida en redes sociales por personas trabajadoras, las mujeres despedidas realizaban investigaciones socioeconómicas, identificaba condiciones de vulnerabilidad, elaboraba dictámenes sociales, brindaba acompañamiento institucional y canalizaba a usuarias y usuarios hacia programas públicos. Su trabajo era clave para fortalecer las estrategias jurídicas dentro de la defensoría pública.
Entre las personas que recibían atención se encontraban mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas, personas migrantes, personas privadas de la libertad y víctimas de violaciones a derechos humanos, además de personas en situación de pobreza.
Alertan impacto en el acceso a la justicia
María Emilia Molina, Magistrada de circuito en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C., se pronunció a través de su cuenta X (antes Twitter) para advertir que, al despedir a personal especializado, se debilita la posibilidad de impartir justica.
La jurista señaló que hasta ahora no se han informado las razones específicas de los despidos, tampoco se conoce si las plazas fueron eliminadas, transformadas o reasignadas. También expresó preocupación porque entre las personas cesadas hay trabajadoras próximas a jubilarse o con enfermedades crónicas que dependían de las prestaciones laborales para continuar sus tratamientos médicos.
Cuando desaparece este personal especializado, no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan».
María Emilia Molina
Organizaciones condenan los despidos
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito calificó los despidos como una medida preocupante y pidió detenerlos, al considerar que afectan áreas esenciales para garantizar el acceso a la justicia.
Mientras tanto, las personas afectadas analizan la posibilidad de interponer recursos legales para impugnar la terminación de su relación laboral. Hasta el momento, ni el IFDP ni el Órgano de Administración Judicial han emitido una explicación pública sobre los motivos de los ceses.
