La CIDH documentó que más de 29 mil mujeres permanecen desaparecidas en México, en un contexto marcado por la violencia de género y la impunidad.
La desaparición de mujeres y niñas en México responde a patrones de violencia de género que continúan sin ser atendidos de manera efectiva por las instituciones de justicia. Así lo concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre desapariciones en México 2026, donde advierte que el país enfrenta una crisis humanitaria marcada por la impunidad, la insuficiente investigación de los casos y la falta de una respuesta integral del Estado.
El informe señala que, hasta junio de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba más de 128 mil personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 503 son mujeres. Aunque los hombres representan la mayoría de los casos a nivel nacional, la CIDH identifica un patrón particularmente preocupante: las adolescentes de entre 15 y 19 años constituyen el único grupo de edad en el que desaparecen más mujeres que hombres, una tendencia que evidencia la dimensión diferenciada de la violencia que enfrentan niñas y adolescentes.
La Comisión destaca que el mayor número de mujeres desaparecidas se concentra entre los 15 y 19 años, seguido por el grupo de 20 a 24 años, mientras que el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco encabezan las entidades con más registros de desaparición de mujeres.
Trata, explotación y violencia feminicida
La CIDH advierte que las desapariciones de mujeres tienen causas multidimensionales, pero existe una estrecha relación con la violencia de género y la trata de personas.
El informe documenta que muchas víctimas son captadas mediante engaños afectivos o «grooming» a través de redes sociales, videojuegos y aplicaciones móviles para posteriormente ser sometidas a explotación sexual, trabajo forzado o esclavitud doméstica. También refiere casos vinculados con adopciones ilegales y explotación económica.
Además, alerta que numerosas desapariciones terminan en feminicidio y que las investigaciones suelen desarrollarse sin perspectiva de género, lo que contribuye a la impunidad.
«La desaparición también ha sido utilizada como herramienta de represalia contra mujeres defensoras de derechos humanos», advierte el organismo, al tiempo que insiste en que las fiscalías deben aplicar protocolos especializados y análisis de contexto para investigar estos delitos.
Madres buscadoras sostienen la búsqueda
El informe reconoce que, ante las deficiencias institucionales, las familias —principalmente las madres buscadoras— han asumido gran parte del trabajo de localización de personas desaparecidas.
La CIDH considera que los colectivos de búsqueda han sido fundamentales para impulsar investigaciones y localizar fosas clandestinas, pero advierte que continúan enfrentando amenazas, violencia y una protección insuficiente por parte del Estado. También señala que persiste una profunda desconfianza hacia las fiscalías debido a la lentitud de las investigaciones y a que, en numerosos casos, las propias familias terminan realizando diligencias que corresponden a las autoridades.
Persisten la impunidad y la crisis forense
Aunque la Comisión reconoce avances institucionales desde 2018, como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda y diversas reformas legales, considera que éstos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
Entre los principales desafíos identifica la falta de prevención, la débil coordinación entre instituciones, la sobrecarga de investigaciones, la impunidad y la crisis forense derivada de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado.
Para la CIDH, superar esta situación exige fortalecer las capacidades de búsqueda e identificación humana, investigar las desapariciones con enfoque de género y derechos humanos, desmantelar las redes de complicidad con el crimen organizado y colocar a las víctimas y sus familias en el centro de las políticas públicas.
