Plan B

Hace un par de semanas recibí la llamada de un joven colega. Rubén me preguntó cómo llevaba tantos años manejando el miedo, cómo se aprende a procesar una interminable cantidad de amenazas de muerte, unas veladas y otras claras y directas.
 
Para este joven fotorreportero, corresponsal de la agencia noticiosa gráfica Cuartoscuro y de la revista Proceso, el insomnio, la falta de apetito, la depresión a que siempre quiso llamar tristeza para no invocar su dura presencia cotidiana, eran enemigos con los que había que acostumbrarse a vivir.
 
Lo recomendé con una terapeuta especializada en estrés postraumático, ese síndrome que se convierte en daño colateral de la labor de periodistas y de quienes defienden profesionalmente los Derechos Humanos.
 
El estrés postraumático es ese oscuro pasajero que se asienta en la vida de quienes viven formas intensas sistemáticas o instantáneas de violencia, y que ponen en riesgo la integridad física y la salud  emocional de la víctima.
 
Rubén había aprendido a entrenar a sus colegas en asuntos de seguridad: cómo documentar gráficamente las injusticias, las manifestaciones cívicas, haciendo estrategias de seguridad personal, y de protección del material gráfico que se convierte en evidencia pura y dura de la realidad.
 
Rubén, como otros colegas, mujeres y hombres, recibió ayuda de la organización Artículo 19 para huir de Veracruz a exiliarse, y junto con valientes periodistas gráficos que se unieron en el grupo #FotoperiodistasMX, decidió no darse por vencido a pesar de las duras y reales amenazas de muerte que había recibido a lo largo de los últimos años por hacer un buen trabajo en Veracruz; todo está documentado.
 
Rubén, como otras colegas, se vio forzado a emigrar al Distrito Federal, allí convivía con amigas cercanas, como la activista, artista y antropóloga Nadia Vera, perteneciente al movimiento #YoSoy132 de Xalapa.
 
“Considérate enemigo del pueblo”, le dijo alguna vez el vocero del gobierno de Veracruz al impedirle la entrada a una conferencia de prensa en la que el gobernador Javier Duarte hablaría. Eso sucedió a partir de la publicación de una ya famosa portada de la revista Proceso en la que Duarte aparece con un inquietante rostro que emana desprecio, portando una gorra policiaca.
 
En esas fechas la gente se manifestaba en las calles de Veracruz contra las malas prácticas gubernamentales, la corrupción, la impunidad e inseguridad.
 
Lo hacían con frases ahora famosas que según el propio Espinosa indignaban al equipo de seguridad del gobernador, muchas de estas expresiones hacen alusión al sobrepeso del mandatario, a su talante iracundo, violento, racista y sexista.
 
Lo cierto es que Rubén Espinosa era un buen fotógrafo, hizo cientos de piezas importantes, logró hacer con una imagen lo que las palabras jamás hubieran logrado de manera seria en una página noticiosa: dejar que el propio personaje se mostrase sin filtros, su metalenguaje de puños cerrados, mirada rabiosa, con su nombre y puesto bordado en la camisa “Javier Duarte. Gobernador”, dicen las letras rojas en su pecho, como para que nadie lo ponga en duda.
 
“Gobernador” anuncia su gorra con la insignia policiaca, que es una estrella plateada a la vez que símbolo de poder y control social.
 
Pero eso no fue lo que más le indignó, según el autor de la fotografía, para el gobernante la afrenta fue el “close up” (acercamiento) que muestra también una obesidad mórbida por la cual siempre se ha sentido inseguro y blanco de la mofa de propios y extraños. De allí que tenga un fotógrafo oficial, responsable de tomarle siempre en ángulos favorables.
 
Parecería nimio o ridículo asegurar que muchos gobernantes se enconan de forma personal con ciertos periodistas (mujeres u hombres) que evidencian algo inocultable de su personalidad, que pretenden esconder y que les genera inseguridad.
 
No sólo hablamos de la estructura corporal, también de los gestos que delatan a todas las personas por más que intenten reservarlos. Rubén me dijo que el vocero había comentado que al gobernador le enfurecía también  ese otro famoso “close up” de Cuartoscuro, en el que a Duarte parecen brotarle los ojos como a una gárgola colérica, en el que aventaba el cuerpo contra las periodistas que lo inquirían, y a quienes mostraba los dientes en señal de rabioso ataque.
 
Una y otra vez le advirtieron a Rubén que ya no debía vivir en Veracruz, que estaba en la lista negra de los enemigos.
 
Rubén no tuvo tiempo de acudir a terapia para sentirse aliviado de su angustia, ni para explorar la ansiedad que le causaba escuchar a tantas y tantos colegas expresar sus miedos y las amenazas que reciben a diario por ejercer periodismo o activismo a favor de los Derechos Humanos.
 
Fue asesinado junto con la defensora Nadia Vera, una joven valiente de voz sólida y mirada luminosa que confrontó al poder y las injusticias en Xalapa. Otras tres mujeres fueron victimadas con ellos con un arma 9 mm de uso militar, con disparos limpios, firma característica de los sicarios.
 
Sólo quien vive bajo amenazas sabe que el reloj marca las horas de forma diferente. No simplemente se vive el miedo propio, también acosa el duende de la autocensura que hace que nos preguntemos ¿de verdad valdrá la pena el riesgo por develar una tropelía más en un país de indignos gobernantes?
 
Sólo para responder que siempre vale la pena decir la verdad, trabajar contra la ignominia, intentar construir un país en que valga la pena vivir, crecer, amar.
 
También está siempre presente la culpa de la y el sobreviviente, ésa que se lleva como un tatuaje cuando las amenazas son compartidas, hasta que una mala noche nos enteramos de que le llegó la muerte largamente advertida a esa persona con la que apenas hablamos, que tenía fe, que creía en la ética, con quien nos repetimos como un mantra seguro que no se atreverán a matarte, no después de haberlo denunciado tanto, no después de haber señalado abiertamente a tu potencial asesino. Seguro que no te matarán.
 
Puedo escuchar la voz de Rubén como escuché la de otras tantas y tantos colegas canturrear en una marcha solidaria, codo a codo: No se mata la verdad matando periodistas.
 
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
15/LCR/RMB 

Otilia es trabajadora doméstica, mujer fuerte, madre soltera que se esfuerza por sus tres hijos, uno de ellos con hidrocefalia. Ella y su familia dejaron de entregar la basura al camión que pasa cada tercer día.
 
Prefieren arrumbarla en el patio que une las dos casitas familiares en una zona marginada de puerto Morelos, cerca de Cancún. La guarda porque el gobierno del estado creó un programa denominado “Basura por alimentos”.
 
Cada tanto vienen los camiones rojos, con gente vestida de rojo y el escudo tricolor del PRI muy visible, a recorrer el barrio. Esperan a 100 familias que hacen fila con sus triciclos de panadero cargados de basura; el teatro es interminable.
 
Les entregan canastas básicas kilo contra kilo, generalmente más de lo que necesitan de ciertos alimentos, así que unos días después revenden latas de frijoles, aceite, arroz, etcétera.
 
Todo el pueblo paga el predial e impuestos que cubren la cuota de levantamiento y procesamiento de basura, pero al gobernador Roberto Borge se le ocurrió la genial idea de utilizar recursos públicos en un proyecto profundamente populista y paternalista.
 
En lugar de persistir en el proyecto de educación para el reciclaje y reutilización de basura y desechos orgánicos, triplica el presupuesto en un gasto no solamente inútil sino que crea dependencia, corrupción y desgaste social.
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció a Otilia y su familia que el programa nacional de ahorro energético exige que lleven todos los focos antiguos de su casa para que les entreguen focos ahorradores.
 
Otilia explica al responsable del proyecto en el pueblo que ellas usan pocos focos en casa y sólo tienen un recibo de luz; “pues consígase recibos de otros vecinos para que le demos más. No sea malita seño, apóyenos, tenemos que entregar 10 mil focos en tres días”, le dijo el responsable de la CFE.
 
Ella pensó que eso es corrupción, decidió no pedir recibos prestados; otros sí lo hicieron por miedo a que les cortaran la luz.
 
Ramiro tiene 60 años y luego de 27 horas sentado en una silla del hospital, lo atendieron. Fue diagnosticado con cáncer de piel, ha dedicado 30 años de su vida como albañil a construir hoteles en Cancún.
 
El médico le explica que debido a la crisis económica, los médicos tienen la orden de posponer cualquier tratamiento oncológico hasta nuevo aviso. No pueden darle la radiación que según el propio médico era urgente: de vida o muerte.
 
Le recomienda que vaya a la Sedesol, que se inscriba en un programa Oportunidades y lleve a toda su familia por alimentos y servicios médicos. El hombre dice que eso no es necesario que lo único que quiere es su tratamiento.
 
El médico lo convence de que sólo si va a Oportunidades y toda la familia firma lo pueden recomendar para que el hospital privado Galenia le haga la radiación con 80 por ciento de descuento.
 
Ramiro está agotado, espera al rayo de sol con seis miembros de su familia, llenan papeles, dan sus credenciales de elector, firman documentos y les entregan cajas con aceite, frijoles y leche.
 
Él insiste en que no necesitan comida, la representante de Sedesol le dice: “Pues si no la necesita, véndala y así junta un dinerito extra”. Con su papel de Oportunidades sellado va a pedir la beca. Le dicen que espere unos seis meses.
 
Cientos de miles de historias se suman a la crónica diaria que muestra con claridad cómo se teje estratégicamente el entramado de la corrupción social a través del paternalismo y las medidas populistas ordenadas por el gobierno de Peña Nieto y reproducidas por alcaldes y gobernadores.
 
Hay una clara estrategia de condicionamiento que viene de arriba hacia abajo para desmovilizar la dignidad individual, para crear dependencias donde no las había, para someter a la desesperanza a quienes tenían esperanza de sobrevivir enfermedades crónicas o mortales.
 
No es la condición humana lo que Peña Nieto quiere domesticar (como dijo hace unos días), es la condición de ciudadanas y ciudadanos libres la que quieren someter a un sistema de controles que inhabilita a la gente para hacer lo correcto.
 
Porque no se trata sólo de rebelarse o de resistir la impunidad, o de marchar ante la injusticia; hay algo más estratégico, más perverso, más típicamente priista al estilo de Echeverría: la reinstitucionalización del paternalismo de la pequeña corrupción ordenada, sugerida y facilitada por las instituciones gubernamentales.
 
No se trata de negar que hay miles de mexicanos dispuestos a mentir, sobornar o corromperse, sin duda los hay. De lo que se trata es de señalar el condicionamiento estratégico que surge del poder hacia las bases de la pirámide.
 
Las estrategias de opresión y manipulación para que la sociedad se convierta día con día, entre la pobreza, la basura, la electricidad y la ausencia de salud, en cómplice de un sistema que desperdicia recursos para mantener el estado de opresión que poco a poco medra el ánimo individual, que desgasta, angustia, irrita y distrae a la gente de lo importante.
 
Vemos ahora más clara que nunca la revolución institucionalizada: los gobiernos haciendo la guerra permanente a la sociedad, para mantenerla atrincherada en sus hogares, en sus problemas, para morir con balas militares, o lentamente en una sala de espera mientras la seguridad social se privatiza.
 
No es la condición humana que señala Peña Nieto, es la estrategia política la que hay que transparentar y desarticular, cueste lo que cueste.
 
Twitter: @lydiacachosi
 
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15/LC/RMB

Sorprende que a casi ninguna persona en México le asombró la fuga del capo “di tutti capi” Joaquín, “El Chapo”, Guzmán Loera.
 
Yo he estado en el penal del Altiplano, me vi forzada a testificar frente al pederasta Jean Succar Kuri durante ocho horas en la zona de careos. Simplemente entrar me llevó una hora debido a los procedimientos de seguridad exhaustivos. Cámaras por todas partes, guardias con armas, pasillos blindados, vidrios blindados, más cámaras en los pasillos, en los baños.
 
Los detenidos, para circular de una zona a otra, van esposados y escoltados por guardias. El guardia casi le respiraba a Succar en el cuello.
 
Así es esto –me dijo el juez de Toluca– en este penal, hasta las moscas están inventariadas. En ese momento entró un grupo de policías de las fuerzas especiales, encapuchados y armados, escoltando a una decena de detenidos, supuestos zetas híper peligrosos.
 
Nos tensamos, el ambiente lo ameritaba. El responsable de seguridad del área en que estábamos nos dijo que en absolutamente cada rincón había cámaras y sensores de movimiento; de esta fortaleza sólo se sale por la puerta principal; somos una de las prisiones más seguras del continente, afirmó ufano el encargado de asegurarse de que mis abogados y yo, que testificábamos contra un detenido, no nos moviésemos de nuestro lugar durante ocho horas.
 
Entramos sin absolutamente ningún aparato, bolsa, cartera, vaya ni una pluma. Sólo puedo imaginar el operativo para crear el túnel de un kilómetro por el que salió “El Chapo” luego de lo que se intuye como una buena negociación política.
 
A mí, la multimillonaria fortuna de “El Chapo” Guzmán no me enoja tanto como la de Carlos Romero Deschamps, el líder petrolero, dijo una amiga actriz.
 
Sin duda la industria criminal organizada hace un daño terrible a la sociedad, pero la industria criminal politizada es peor, porque imposibilita la existencia de un gobierno estable y creíble que le siga el paso a una sociedad civil que trabaja afanosamente por la construcción del Estado de Derecho y del bienestar social.
 
Porque mientras los políticos ponen en riesgo la estabilidad social y económica, la sociedad civil arriesga la vida, la seguridad personal y la integridad.
 
El periodismo ético es parte de esa sociedad que documenta con  cifras, nombres, evidencias, testimonios y verdades, quién es quién en el país. En los últimos años hemos creado un mapa de las realidades mexicanas, tal vez gracias a él entendemos que los túneles son cosa de todos los días en México.
 
Enrique Peña Nieto se salió por el túnel subterráneo de la Casa Blanca, y su esposa dio la cara para justificar la existencia del dulce hogar. Ambos salieron ilesos, los únicos castigados fueron Carmen Aristegui y el equipo que reveló la noticia.
 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el “Rey de la basura”, líder del PRI del Distrito Federal, cavó su propio y pequeño túnel que llegaba a las oficinas de la Procuraduría capitalina, donde se desestimaron los testimonios, evidencias y denuncias penales por el delito de trata de personas interpuesto por cinco mujeres valientes que aún ahora viven bajo amenaza.
 
Tal vez a pocas personas les sorprendió la noticia de la fuga de “El Chapo” porque hace tiempo que comprendimos que el territorio nacional es una especie de ratonera de rancho. En el campo las casitas pintorescas están rodeadas de un huerto que da frutos al lado de la hortaliza que da vegetales, allí la milpa, por acá el pozo de agua, más allá la pileta de riego.
 
Todo parece funcionar, pero cada noche los ratones de campo, las tuzas, los topos, circulan alegres por sus túneles, entran en la casa, anidan en un rincón, se comen las raíces de los frutos más jugosos y vuelven a casa. A diferencia de los políticos, los animales de campo cumplen una función estabilizadora del medio ambiente, excepto cuando se convierten en plaga.
 
Los políticos y los más poderosos criminales, en más de una ocasión unidos en intereses y negociaciones inconfesables, planean y diseñan sus túneles desde antes de ser detenidos o evidenciados por la prensa.
 
Contrario a lo que algunos opinan, no creo que la ausencia de sorpresa por la fuga de “El Chapo” se deba a nuestro cinismo, más bien es porque tenemos memoria y hemos comprendido cómo opera el Sistema.
 
Conocemos de sobra el guión, el teatro ha fracasado, las tramas son predecibles hasta la nausea. Justamente lo que la sociedad civil ha dicho en los últimos años es que habrá que cambiar el guión, a las y los actores públicos y con ello la narrativa de la violencia y la criminalización.
 
Si queremos resultados diferentes la aproximación debe cambiar. Ya se gesta en México la articulación de nuevas narrativas y acciones, el túnel y la fuga son una distracción, comprenderlo nos ayudará a seguir adelante con la verdadera tarea de rescatar al país de la plaga que nos monta el circo de la violencia como panacea de la estabilidad, del Estado Policiaco como respuesta de silenciamiento ante las quejas justificadas.
 
Aunque el reflector le pertenezca a los gobernantes, la brújula la tienen la sociedad civil y la prensa libre. Lo que parece la nota urgente no debe distraernos de la que es importante. ¿No cree usted?
 
Twitter: @lydiacachosi
 
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15/LC/RMB

Me subí al auto con mi amiga Fernanda, llegamos a la guardería por su hijo. Estacionadas frente a la reja de una casa privada en Cancún sentí un escalofrío. El letrero de la guardería es una manta plástica con el nombre y abajo en grande el logotipo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
 
El cuidador abrió la reja que tenía doble llave, miré para todos lados: es la única salida, pensé. Conozco bien el vecindario, detrás de la casa convertida en estancia infantil hay un edificio.
 
El pequeño Patricio salió corriendo, subió al auto y nos abrazó. De inmediato comenzó a  narrar las peripecias del día, yo tenía un nudo en la garganta; en mi cabeza una serie de imágenes inolvidables: Hermosillo, Sonora, 5 de junio de 2009.
 
Mucho humo, la voz de un locutor que no podía explicar con claridad lo que sucedía, hombres y mujeres comenzaron a llegar al lugar, los bomberos, un vecino que carga a una pequeña que parece muñeca, cuyo cuerpo hirviendo está quemado.
 
Poco a poco lo supimos, 49 niños y niñas muertos, 106 heridos, con quemaduras desde leves hasta graves. Una casa privada con permiso gubernamental para operar como guardería, el sello del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que aprobaba la operación de un lugar no adaptado con los mínimos requerimientos de Protección Civil (sin alarmas de fuego, salidas de emergencia, sin extinguidores, construido con tablaroca), para resguardar la integridad y la vida de niñas y niños de entre cinco meses y cinco años de edad.
 
Regreso a este momento, aquí y ahora escucho al pequeño, adorable Pato, ojos inmensos, una voz conmovedora, las manos elocuentes y bailarinas explican en bulto cómo aprende a escribir y dibujar.
 
Una urgencia entra en mi cabeza: quiero que este pequeño esté seguro, que nada ni nadie le haga un daño irreparable. No me atrevo a  preguntar en ese momento, frente al niño, si su madre sabe de la Ley 5 de Junio o Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, si ella y su esposo se aseguraron de que la guardería subrogada con recursos de la Sedesol cumple con el reglamento y toda la seguridad en caso de accidentes, incendios u otros sucesos peligrosos. Lo hago después.
 
Es bien sabido que en el momento de la tragedia de 2009 los políticos, desde el presidente Felipe Calderón y su esposa, hasta el gobernador Eduardo Bours y el alcalde, dieron espectáculos para prometer justicia.
 
También sabemos que no la hubo. Se despidió a algunas personas responsables de la supervisión de guarderías del IMSS, no se hizo justicia ni se llevó a cabo el procedimiento de reparación del daño.
 
A seis años de que estas niñas y niños perdieran la vida por negligencia, sus familias unidas en dos organizaciones diferentes pero con el mismo fin, esperan justicia y exigen que todo el país aprenda de esta terrible lección, que nos hagamos responsables de que todas y cada una de las guarderías del país, las subrogadas y las oficiales, cumplan con los requisitos de ley para el bienestar de niñas, niños y de quienes les cuidan y educan.
 
A seis años de esta pérdida y a cuatro años de que la ley fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, los gobiernos estatales siguen sin cumplir con la responsabilidad de asegurarse de que toda la población que tiene IMSS, así como quienes reciben apoyo de Sedesol tengan acceso a guarderías y estancias infantiles con cuidados profesionales, que cumplan con todos los requisitos de Protección Civil y estén certificadas.
 
Según el informe de la Sedesol de febrero de 2015, en las 32 entidades de la República existen 9 mil 514 estancias infantiles para madres solteras operadas por la sociedad civil.
 
De acuerdo con el IMSS, se cuenta con el triple de estancias. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que existe un desorden generalizado en el esquema de funcionamiento y subrogación de las estancias; las cosas van cambiando poco a poco.
 
Debemos los cambios y la existencia de la ley a las madres y padres de las víctimas, a su persistencia y compromiso; ahora le toca a toda la sociedad, desde Quintana Roo hasta Tijuana, asegurarse de que en cada ciudad y estado estos espacios público/privados protejan y cuiden verdaderamente a niñas y niños. Actuar es la mejor manera de honrar su memoria.
 
Twitter: @lydiacachosi
 
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15/LCR/RMB

Son cinco los puntos fundamentales para entender si el caso Ayotzinapa se podrá esclarecer algún día.
 
Para explorarlos hace falta comprender los avances del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cuya presencia y actividad fue aceptada por el gobierno mexicano.
 
Estas mujeres y hombres con gran experiencia en casos de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y evaluación de riesgos en contextos dictatoriales, ha tenido avances que no podemos soslayar.
 
Gracias a su claridad sabemos con precisión que la aciaga noche del 26 de septiembre pasado los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el evento de la presidenta del DIF, esposa del alcalde Abarca.
 
Sabemos a ciencia cierta que las autoridades de Guerrero, la Policía Federal (PF) y los miembros del Batallón 27 del Ejército estaban plenamente informados de que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa estaban boteando y tomando algunos autobuses.
 
En ningún momento ninguna autoridad pensó que los estudiantes estuvieran armados o haciendo cosa distinta. Las y los miembros del GIEI han podido hablar con todas las familias y testigos conocidos del ataque.
 
Es absolutamente indispensable esclarecer si el caso de los 43 es una estrategia de desaparición forzada como práctica formal ante grupos considerados potencialmente desestabilizadores, o una acción criminal de un pequeño grupo dentro del sistema político/militar.
 
El primer punto, sin duda, será impedir la pulverización del caso, es decir las investigaciones se encuentran divididas en 13 causas penales en seis juzgados diferentes, y los detenidos están en tres prisiones distintas, lo cual resulta absolutamente inaceptable.
 
No es la primera vez que en un caso penal la investigación surge desarticulada, fragmentada, esto se debe en gran medida a las malas prácticas burocráticas del sistema de justicia penal, ciertamente, pero también es resultado de decisiones políticas de gobernadores que operan sobre las procuradurías locales y de las decisiones de la PGR con la Secretaría de Gobernación (Segob), que al no hacerse plenamente responsable de un caso criminal, permiten que la fragmentación aletargue el procedimiento de la investigación, que a su vez permite la fuga de información y el robo hormiga de evidencias.
 
La atracción del caso en un solo juzgado, sumando las causas y tomando en cuenta todos los delitos es indispensable y factible.
 
Esto no debería depender de la voluntad política, sino de la efectividad de los órganos de administración e impartición de justicia, así como de la Segob. Negarse a la acumulación procesal significa que desean obstruir el esclarecimiento del caso.
 
El segundo, sin duda, es que se acuerde con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el encuentro de miembros del GIEI con los soldados del Batallón 27 para hacer entrevistas directas y buscar cabos sueltos.
 
Hasta ahora la Sedena se ha negado a cooperar en la investigación. ¿Por qué el Ejército niega esta posibilidad si sus soldados, cuyos nombres ya se conocen, no son responsables de limpieza social o desaparición forzada, o connivencia criminal?
 
Ciertamente sólo el presidente Peña Nieto, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, puede exigir al Ejército que facilite este encuentro. ¿Por qué el presidente prefiere el desgaste que el caso le genera a su gobierno antes que la elucidación?
 
El gobierno federal sabe que el GIEI no opera como un Ministerio Público; su labor fundamental es facilitar la efectividad de las investigaciones y transparentar los procedimientos como coadyuvante.
 
Tres: México tiene en el espacio los satélites Solidaridad 1 y 2, Satmex 5 y 6, Quetzalt 1 y Satex1, gracias a ellos y a la red satelital con que operan en acción conjunta Estados Unidos y nuestro país, sumadas a la red federal de microondas operada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las redes satelitales concesionadas por nuestro gobierno a empresas privadas y la UNAM, tenemos la posibilidad de obtener fotografías satelitales segundo a segundo del basurero de Cocula y los otros nueve escenarios del crimen, lo cual resulta vital para la investigación.
 
Segob y PGR se niegan a pedir formalmente estas fotografías indispensables para el esclarecimiento del caso y su integración en el expediente.
 
Cuatro: el GIEI no ha podido entrevistar a todos los agentes de la PF y de la Policía Ministerial que, según los testimonios, estuvieron presentes en las escenas del crimen el día 26 de septiembre. Sus testimonios son indispensables y negarlos resulta por demás sospechoso. ¿Prefieren desgastar a toda una corporación que investigar a unos cuantos?
 
Quinto: Resulta ridículo que un juez haya declarado que es mejor acusar a los sospechosos por el delito de secuestro, por tener penas más graves que la tortura y el homicidio.
 
La justicia no debe responder al gusto del consumidor, sino a los hechos constitutivos del delito; en este caso se deben investigar los siguientes crímenes: desaparición forzada, tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, uso inadecuado de la fuerza, lesiones y amenazas.
 
Más allá de la imaginación, de los chismes y las sospechas de todo tipo, lo que el GIEI exige es que se haga un análisis del contexto real y del modus operandi de los perpetradores para llevar a cabo la estrategia de búsqueda formal.
 
Hasta no tener certezas, los 43 jóvenes deben ser buscados por cielo, mar y tierra. Porque un crimen que se da por sentado sin evidencia es fácilmente reiterado.
 
A todos, al gobierno y a la sociedad, nos conviene esclarecer este caso, debemos tener evidencia absoluta de que el gobierno federal no lleva a cabo prácticas dictatoriales de desaparición forzada, porque de ser así, hemos de hacer todo lo posible para impedir que México caiga en el despeñadero de la limpieza social como práctica política.
 
Twitter: @lydiacachosi
 
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15/GMV/RMB

Cientos de miles de madres de todas las edades caminan por las ciudades, llevan en sus brazos y en el pecho el estandarte de la fotografía de su hija, su hijo, su nieta; la multitud corea como un mantra la palabra justicia.
 
Las madres de los jóvenes de Ayotzinapa lo han dejado todo, sus milpas, sus hogares, su vida cotidiana, para entregarse en cuerpo y alma a la búsqueda; ellas saben mejor que nadie que sus hijos han sido víctimas de una persecución política, que su desaparición tiene visos concretos de limpieza social, no es su imaginación, sino su conocimiento y una vida en resistencia lo que les da fuerza.
 
Las madres de los pequeños muertos en la Guardería ABC han dejado la vida normal en el pasado, su persistencia no tiene fin, porque conocen el amargo sabor del silenciamiento orquestado por el gobierno, por las autoridades judiciales.
 
Porque a ellas, como a las miles de madres y abuelas de personas desaparecidas, desde migrantes hasta gente de pueblos y ciudades, desde estudiantes hasta policías y soldados honestos, desde niñas y mujeres de Chihuahua, Guanajuato y el Estado de México, los políticos en el poder les han negado el derecho a conocer la verdad, les han negado el acceso a una justicia posible, les han negado la existencia de su dolor y su pérdida.
 
Detrás de cada injusticia en México está la crueldad de los servidores públicos que encubren, ocultan, mienten y promueven la ineficacia de las instituciones. Detrás de esos hombres de poder que nos gobiernan, que llevan en sus manos las llaves de las procuradurías de justicia, hay una ideología en la que debemos reparar.
 
Para comprender a gobernadores que persiguen, difaman y encarcelan a quienes exigen que sus derechos sean respetados, hay una ideología concreta que manda su proceder día y noche.
 
Tal vez Javier Duarte, de Veracruz; Eruviel Ávila, del Estado de México, y Roberto Borge, de Quintana Roo, entre otros, tengan cierto grado de delirio pinochetiano tropical, pero detrás de ellos no hay un ideal de Nación, ni un deseo de servir para pasar a la historia, ni siquiera un proyecto de trascendencia histórica de buen líder; son los ideólogos del desamparo: todo para ellos, nada para la sociedad.
 
Por eso les irrita, les indigna y les pone rabiosos la crítica sustentada, las manifestaciones, la fuerza de las madres que buscan a sus hijas e hijos, les molesta la verdad porque viven sumidos en la ficción del poder oligárquico. Ellos creen en someter a la sociedad para simular su democracia por el bien del progreso económico; creen en la estabilidad aparente como símil de mejoramiento.
 
Juan Villoro dijo recientemente: “Quien está preso en un estilo de pensar ideológico no tiene por qué aceptar que su creencia se deba a intereses particulares, porque él sólo ve razones. En realidad, si aceptara que su creencia es injustificada y que sólo se sustenta en intereses, no podría menos que ponerla en duda. Por eso la crítica a la ideología no consiste en refutar las razones del ideólogo, sino en mostrar los intereses concretos que encubren”.
 
De allí que cuando analizamos a estos políticos debemos tomar en cuenta que los motivos ulteriores de su ideología son única y exclusivamente obtener y mantener el poder para enriquecerse.
 
A ninguno de ellos los mueve, como diría Carl Jung, la fuerza del alma empática, su motor es el ego, de allí que ante la ausencia de liderazgo real se fabriquen una credibilidad de cartón utilizando periodistas corruptos, negociando con las televisoras que cobran por minuto la ficción de un falso buen gobierno.
 
Son ellos los ideólogos de un país de mentiras, los que con su pequeño dedo pulgar intentan ocultar el inmenso sol radiante que arroja luz sobre las 22 mil desapariciones forzadas y los miles de presos de conciencia; sobre los 100 mil asesinatos; sobre los seis casos de feminicidio que suceden a diario; sobre el ignominioso e inolvidable incendio que cobró la vida de niños y niñas en Sonora.
 
Sin embargo, aquí están millones de personas que toman las calles para recordarles que de este lado de la frontera ciudadana caminan las y los creyentes en la democracia, que mientras más crezca el puño de hierro del gobierno más fuerza tomará la marcha por la libertad ganada.
 
Twitter: @lydiacachosi
 
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15/LCR/RMB

Más de 30 personas desde diferentes ángulos vieron exactamente lo mismo: un grupo de policías federales masacrando a un puñado de hombres desarmados que mantenían las manos arriba y se hincaban ante la petición de la autoridad.
 
La masacre de Apatzingán, documentada por la reconocida periodista Laura Castellanos, no es producto de un dicho, sino la documentación de un hecho concreto sobre el cual hay videos, fotografías, y una diversidad importante de testimonios de personas que atestiguaron los hechos en el momento en que sucedieron.
 
Frente a este reportaje publicado en el portal aristeguinoticias.com, el ex comisionado para la paz en Michoacán, el mal logrado ex procurador del Estado de México Alfredo Castillo, vuelve a negar los hechos y se esconde tras su nuevo puesto burocrático (seguramente se lo dieron por ser experto en hacer de la falsedad un deporte).
 
No es de sorprender que Castillo mienta, se equivoque y vuelva a mentir, ya lo hizo hace años con el ominoso caso de la pequeña Paulette, la niña asesinada cuyo cadáver no localizó el equipo de Castillo y que días más tarde apareció como por obra de magia bajo el colchón sin que el procurador dudase de los resultados de las pesquisas.
 
Ese es otro hecho contundente: Castillo es un funcionario público acostumbrado a falsificar testimonios oficiales para ocultar su ineficiencia, acostumbrado a adulterar la evidencia para justificar su ineptitud y con ello fortalecer la impunidad.
 
Lo que en realidad frustra a la sociedad es que los dichos de un mediocre servidor público se antepongan frente a los hechos concretos de una masacre con claros tintes de limpieza social ejecutada por autoridades mexicanas.
 
Ante lo evidente sigue preguntar lo importante: ¿Quién dio las órdenes a los policías federales de ultimar a los miembros de la Fuerza Rural que meses antes fueran reconocidos por el comisionado Castillo? ¿Por qué analistas políticos de medios de comunicación decidieron ignorar la masacre de Apatzingán?
 
Acaso podremos demostrar que esta masacre es parte de una estrategia iniciada desde tiempos de la guerra calderonista, y de ser así, estos asesinatos se suman a los crímenes de Estado que deben ser demostrados frente a tribunales internacionales.
 
La fallida guerra calderonista sigue tan viva como antes, pero a diferencia del sexenio panista, Enrique Peña Nieto ha optado por fortalecer la simulación de negociación de conflictos que permitiría que las fuerzas rurales trabajen contra el narcoestado.
 
Esta simulación controla temporalmente y divide a los grupos civiles rurales hastiados de la violencia generada por la ingobernabilidad que abre las puertas a gobiernos municipales paralelos operados por la delincuencia organizada.
 
Si esto puede demostrarse jurídicamente, la comunidad internacional podrá comprender por qué nacen nuevos cárteles y la inseguridad crece en lugar de debilitarse.
 
A las y los reporteros nos corresponde documentar hechos reales; buscar la historia, entrevistar a tantas personas involucradas y testigos como sea posible, contrastar las fuentes, entender el contexto en que se dan los hechos y narrarlos tal como son.
 
Eso hizo la colega Laura Castellanos con el caso Apatzingán, sin embargo, como en cientos de casos en que las autoridades quedan en entredicho frente a crímenes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos, los políticos y servidores públicos se convierten en una suerte de charlatanes de la justicia.
 
Para la prensa son claros los casos en que las declaraciones mentirosas de los representantes del gobierno abonan a la impunidad. Todos, o su mayoría, están documentados, grabados en video y voz; ya son parte de la historia reciente.
 
La prensa mexicana que no se ha sometido al poder político es la gran aliada de la sociedad civil; no es casualidad que las amenazas desgasten a reporteras y reporteros, o que el sitio de Aristegui Noticias haya sido derribado por un ataque cibernético luego de subir esta nota y sus videos hace unos días.
 
Lo que sorprendió es que los editores, incluso de medios que se consideran libres, hayan ignorado con tal flagrancia el reportaje #FueronLosFederales, que revela la masacre de Apatzingán, porque muestra en realidad a quién protege el ex comisionado Castillo.
 
Ahora queda responder las preguntas: ¿Quién dio las órdenes a los federales que cometieron un crimen? ¿Quién saboteó al medio que nos dio a conocer esta historia?
 
Twitter: @lydiacachosi
 
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
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¿Qué sucede en un país que celebra el asesinato de algunos y marcha en contra de la muerte de otros? Tal vez la pregunta es: qué tuvo que suceder para que México esté fracturado de tal forma que una parte de la sociedad que se dice en busca de justicia, celebre e incluso goce de las masacres perpetradas contra autoridades y fuerzas de seguridad.
 
Fueron 15 los policías asesinados la semana pasada en Jalisco, una de las fallecidas es mujer. Hay cinco agentes de la Fuerza Única Rural que fueron heridos, entre ellos una mujer; se encuentran graves en clínicas de Guadalajara y Puerto Vallarta.
 
Este ataque mortal fue resultado de una venganza por el reciente arresto de una docena de presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación.
 
Esto nos recuerda que hay efectivamente personas dentro de las fuerzas policiacas que están haciendo su trabajo, léase perseguir, detener y esperar a que los jueces procesen a quienes cometen delitos graves.
 
Impresiona descubrir cientos de voces iracundas celebrando la muerte de estos agentes, voces que comúnmente se elevan contra el asesinato de víctimas civiles, de los 43 y de otros casos notables.
 
Sumado a ello está el vergonzoso papel que juegan personas como el senador Javier Lozano, que celebra el sufrimiento de quienes se rebelan contra el gobierno y a su vez promueve los tribunales mediáticos y da por culpables a los presuntos inocentes.
 
Luego de ocho años de violencia sostenida en un país sin Estado de Derecho, en el que muy pocas personas defienden el debido proceso judicial y prefieren los tribunales mediáticos, las venganzas a domicilio o la humillación pública como justicia poética han contaminado peligrosamente el debate sobre la necesidad de reconstrucción del tejido social que erradicará la corrupción.
 
El experto Marco Lara Klahr ha descrito los tribunales mediáticos como “una práctica institucional que implica tortura y en general tratos crueles, inhumanos y degradantes, que conculcan la dignidad de las personas y su presunción de inocencia, y que revictimiza a las víctimas”.
 
Para que estos falsos tribunales funcionen las autoridades, incapaces de hacer su trabajo en el marco de la legalidad, necesitan a los medios y periodistas para instrumentalizarla y a la sociedad para hacer eco.
 
Es decir, para exhibir a los detenidos y a las propias víctimas sin que un juez conozca el caso están algunos medios y las redes sociales a quienes la PGR o sus derivadas en los estados arrojan carnada sangrienta cada vez que quieren hacer creer que el gobierno hace su trabajo para detener la violencia.
 
Por otro lado tenemos a quienes aseguran una falacia insostenible: que sin tribunales mediáticos habría más impunidad. Como si exhibir a personas detenidas implicara que hay administración y procuración de justicia.
 
Sin duda son muchos nuestros problemas, pero uno de los más peligrosos radica en que la justicia depende de los gobernantes y no de los tribunales; las fiscalías siguen operando bajo el viejo esquema de los bomberos judiciales, de los telefonemas para pedir los “favorcitos” que constituyen la semilla de la impunidad, y de alguna manera la sociedad es cómplice de la permanencia de este esquema.
 
En esta confusión, la mayoría de periodistas y la ciudadanía ignoran el contenido del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que justamente pretende impulsar nuevas prácticas que favorezcan la justicia y la construcción del Estado de Derecho para absolutamente toda la población.
 
La paradoja que pone en peligro la seguridad es justamente que incluso periodistas o activistas que defienden el debido proceso, le niegan ese derecho a policías y militares. Comparto el hartazgo y la indignación frente a los abusos de poder, pero no justifica que les neguemos el derecho a unos para favorecer a otros. Porque ese círculo vicioso imposibilita el cambio.
 
Existe una tensión entre el deseo de hacer la guerra ante la ausencia de justicia y el miedo resentido, a la vez paralizante ante el patriarcado político que lo mismo manda encarcelar que asesinar, desaparecer, o vituperar para desacreditar personas y causas de tal forma que con recursos del Estado y del pueblo descomponen la realidad noticiosa hasta convertirla en apenas una turbia madeja de palabrería confusa.
 
No confiamos en las instituciones porque quienes las manejan y dirigen son los cancerberos del poder; si bien es cierto que una parte de la policía es escudo de protección de esos cancerberos frente a la sociedad civil, hay cientos de policías que intentan desde dentro hacer bien su trabajo; arrebatar su dignidad humana por la profesión que eligieron es inaceptable.
 
La confusión incita a mayor corrupción, a más violencia y venganza como símil de una justicia. Nos quejamos de las televisoras, pero reproducimos sus notas de tribunal mediático.  Aunque será lento, urge un periodismo renovado para cambiar el discurso judicial.
 
Llevará tiempo y paciencia recomponer el sistema de justicia y el Estado de Derecho, pero de no hacerlo la impunidad nunca desaparecerá.
 
Hay que esforzarnos para que los políticos se sometan a la justicia en lugar de tenerla sometida y valorar la vida humana para no seguirle el juego a la PGR. Sí, aun la de criminales; si queremos justicia para nosotros debemos dejar de pedir humillación y venganza para “los otros”. Porque usted y yo somos las y los otros frente al espejo.
 
Twitter: @lydiacachosi
 
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
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