Hace 10 años un grupo de empresarios de Cancún me invitó a dar una conferencia sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y sus alianzas con los grupos empresariales.
Al terminar la conferencia, durante la cena, varios de los presentes hicieron evidente su frustración frente a la extorsión sistemática que el gobernador de Quintana Roo y el alcalde de la zona norte (en la que se sitúa Cancún) llevaban a cabo.
“Primero el gobierno federal invita a los inversionistas, y una vez que hemos llegado dispuestos a construir hoteles, restaurantes y crear infraestructura en la Riviera Maya nos encontramos con que el enemigo número uno no es la sociedad civil, ni siquiera las ambientalistas; el enemigo a vencer es la corrupción política”, dijo un español francamente irritado.
Uno tras otro, empresarios mexicanos y extranjeros, compartieron sus experiencias con esta reportera.
Con detalles puntuales y cifras que iban desde un millón de pesos hasta 3 millones de dólares, los hoteleros, restauranteros y constructores narraron cómo además de pagar las cuotas legalmente especificadas, así como las inscripciones a los organismos e instancias del Estado que les permitieran invertir, construir y concursar para participar en la construcción de obra pública, debían pasar por “la báscula” en la casa del gobernador entregando propiedades y dinero en efectivo.
Ustedes como Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) deben ser contrapeso de un gobierno corrupto, dije ingenuamente.
La discusión giró alrededor de una posibilidad imaginaria: que todos esos empresarios allí reunidos se unieran en bloque y pusieran un alto a la extorsión de la que eran sujetos.
Casi el 80 por ciento admitió que no tendría inconveniente en confrontar al Ejecutivo estatal y al alcalde en turno para detener la insufrible cadena de amenazas, extorsiones y favores políticos exigidos sin pudor al más puro estilo de la delincuencia organizada.
“El problema, dijo el dueño de una cadena restaurantera, es que en el instante en que te rebelas contra la ilegalidad de permisos especiales, cuando eres un ciudadano probo y empresario honesto y te niegas a pagar cuotas extras de un millón de pesos por el procesamiento de basura, por ejemplo, te amenazan con una auditoría de la Secretaría de Hacienda que podría fabricarte delitos y multas impagables”.
“Yo lo intenté –dijo tímidamente un hotelero mexicano–, pero de inmediato el representante del gobernador me hizo saber que si denunciaba la extorsión o petición de donativos electorales millonarios, el jefe de la policía estatal estaría listo para acusar a mis empleados del hotel de permitir que se vendan drogas a los huéspedes.
“Les dije que adelante, que si encontraban ‘dealers’ (narcomenudistas) en mi hotel los arrestaran, contaban con mi apoyo. Como mi honestidad no sirvió me dijo: a lo mejor a usted lo acusamos de ser líder narco en Cancún”.
Un empresario de parques de diversiones me dijo que mientras los gobernadores tuvieran en sus manos a los medios y en su bolsillo a los directores de medios locales nada podrían hacer, mas que abrir un periódico honesto que dijera lo que en realidad sucede.
“No entiende Lydia, la reputación se puede destruir de la noche a la mañana; por eso los gobernadores o candidatos fondean periódicos, para destruir a su antojo, para construir su imagen también a su antojo.”
Y vaya que lo sabía; he vivido de cerca los manotazos políticos que destruyen periódicos o estaciones de radio, que dejan a las y los reporteros en la calle y de allí se decantan grupos de periodistas “chayoteros” gubernamentales. Es un problema de todo el país, el cerco a la libertad de expresión está en todas partes.
En todos los estados hay historias similares, por eso es tan importante la valentía de personas libres como el ciudadano que se atrevió a tomar las fotografías de David Korenfeld, director de la Conagua, subiendo a un helicóptero oficial para apresurar su llegada al vuelo que le llevaría a él y su familia a esquiar al centro vacacional de lujo en Vail, Colorado.
Por mi paso en diferentes estados escucho el hartazgo, la desesperación y la angustia de empresarias y empresarios, o de jóvenes emprendedoras que resisten someterse a la corrupción.
Yo, 10 años después, sigo preguntando lo mismo: ¿Por qué no se unen en bloque y exhiben a los señores feudales que gobiernan los estados?
Siempre hay uno que termina rajándose, me dice un viñatero de Baja California, o un “compadrito del góber” que revienta los grupos, me dice un restaurantero de Quintana Roo.
Yo sigo sin comprenderlo, aunque 20 de cada 100 hoteleros se hinquen, por ejemplo, ante la lapidaria corrupción oficial en Quintana Roo, aún tienen a 80 que pueden aliarse a una sociedad civil sedienta de rendición de cuentas, de una democracia participativa.
Una y otra vez he atestiguado cómo empresarios sólidos y seguros de sí mismos terminan sometiéndose al poder, humillados, dejados en ridículo después de haber hecho pública alguna queja válida que abonaría a la legalidad.
Generalizar es siempre equivocarse, canta el dicho; no todas las empresas son producto del abuso y la corrupción, miles son negocios legítimos y útiles que estabilizan las economías locales.
Ciertamente no es noticia que los funcionarios utilicen aeronaves del Estado para fines personales, lo novedoso es que un empresario, vecino de una zona de alto poder adquisitivo se haya atrevido a subir a su Facebook esa evidencia innegable.
Este ejemplo pone sobre la mesa la gran trascendencia de que Mexileaks haya llegado a nuestro país. No sólo la sociedad civil defensora de los Derechos Humanos podrá denunciar, también esos cientos, miles de empresarias, empresarios, hartos de la extorsión, cansados de la amenaza de desprestigiarles por periodicuchos de quinto patio.
Podrán aportar su información; vaya que la tienen. Ya le tocará al grupo de periodistas profesionales ir al fondo del asunto y desenmascarar lo que ya sabemos a cuentagotas: quienes están frenando la economía del país no son las y los empresarios en su mayoría, son quienes hacen de su vida y su negocio un infierno de supervivencia: los gobernantes.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
15/LCR/RMB
Plan B
Hay una fuerte corriente de la sociedad civil que pretende rescatar a las instituciones, incluso a veces de sí mismas y de algunos que las conforman, que con su mera presencia aseguran mantenerlas anquilosadas, ineficientes y plagadas de tráfico de influencias.
Sería ridículo afirmar que no existen funcionarias y funcionarios públicos honestos en el Poder Judicial, sin duda hay, pero por desgracia no siempre son quienes tienen la mayor fuerza y contrapeso en sus determinaciones judiciales y sentencias.
La oscura mano de los operadores políticos es un lastre monumental que impide que la justicia llegue en términos de la ley y la verdad objetiva.
Es difícil demostrar que un juez se ha corrompido, o que defiende intereses inconfesables de políticos o criminales; sin embargo en ciertas ocasiones tenemos claras radiografías de aquellos que, por su paso en las instituciones de administración e impartición de justicia, demostraron ser dañinos para el Estado y las víctimas.
Durante su carrera en la Suprema Corte, el ahora ministro presidente, Juan Silva Meza, ha demostrado una clara visión progresista en pro de la integración de los Derechos Humanos en la jurisprudencia mexicana, sin embargo no lo tiene fácil.
La nueva entrada de Eduardo Medina Mora en la Corte es una clara muestra de cómo la Presidencia de la República está dispuesta a debilitar a esa institución, con tal de tener a un mayor número de jueces supremos a favor de las muy opacas causas que ha protegido y protege el PRI para mantenerse en el poder.
Baste una anécdota para ilustrar la postura de Medina Mora respecto a los derechos de las mujeres, las niñas y los niños violentados.
En 2007 Medina Mora era procurador general de la República, sus cinco años en el espía Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) le permitieron tener a mano información privilegiada sobre el funcionamiento y alcance de redes de pornografía infantil y trata de personas que operaban en México.
Meses antes fui arrestada con artimañas político-judiciales del ex gobernador de Puebla Mario Marín y sus cómplices políticos y empresariales.
Mi arresto, tortura, años de juicios fabricados en mi contra y la persecución y amenazas tenían como finalidad forzarme a negar la veracidad de mis investigaciones sobre redes criminales en la que estaban involucrados, de diversas formas, políticos de alto nivel.
En esa época fui requerida por la PGR en diversas ocasiones; en una de ellas Medina Mora me citó en audiencia privada, llegué con mi abogado.
En la sala de su despacho amablemente me preguntó qué era lo que en realidad yo buscaba con la denuncia penal que había interpuesto en contra de los tratantes, de mis torturadores y de los políticos implicados.
Justicia, respondí sorprendida. Sí, pero ¿por qué hace todo esto?, preguntó; porque soy periodista, entrevisté a niñas y niños víctimas, a testigos y especialistas, conseguí videos probatorios de la producción de pornografía infantil, de los vínculos políticos y lavado de dinero, todo está en el expediente.
Medina insistió: Sí, pero qué es lo que USTED busca. Justicia, volví a responder inquieta. Se acercó un poco y me explicó que sólo podría asegurar que el líder pedófilo Jean Succar Kuri se mantuviera en prisión y fuera sentenciado. Eso no le corresponde a usted, sino a un juez, dije frente a mi nervioso abogado.
Medina, sin inmutarse, respondió que el juicio político a Marín y el arresto de los políticos y empresarios involucrados no sucedería. Usted es periodista, entiende las complejidades y peligros, dijo dando por terminada la reunión.
Lo que en aquél entonces me pidió el procurador de la Nación y hoy ministro de Justicia, fue que asumiera que había un pacto político, que él estaba al tanto y que no perdiera el tiempo. No lo asumí.
Nueve años después seguimos dando batallas judiciales e investigando, y ahora él está en la Corte para votar este 25 de marzo sobre uno de los casos más claros de feminicidio impune sucedido en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, y su procurador ocultaba estratégicamente las cifras de violencia mortal contra las mujeres.
El caso de Mariana Lima Buendía llegó al máximo tribunal a fin de que éste determine la urgencia de investigar y aplicar justicia con perspectiva de género, tomando en cuenta los sucesos previos de violencia feminicida.
El esposo de Mariana, policía judicial del Edomex sigue libre; el expediente demuestra que de no ser por las fallas procedimentales el agresor serial habría sido detenido para evitar que ultime la vida de otras mujeres; el fallo positivo podría cambiar la forma en que se investiga la violencia feminicida de acuerdo con la ley existente.
Habrá que mantener la mirada en este caso y en especial en la postura de Medina Mora. Para conocer mejor estos casos le recomiendo leer “Las muertas del Estado”, de Humberto Padgett.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
15/LCR/RMB
El trabajo de investigación reporteril es la piedra angular del periodismo socialmente útil.
Ningún buen medio de comunicación sobrevive con credibilidad y prestigio sin un grupo de reporteras y reporteros profesionales, éticos, capaces de jugarse la vida a ratos y de arriesgarse a los cada vez más notables y sistemáticos ataques vengativos de gobernadores, alcaldes, policías y personajes públicos que tienen el dinero para crear ciberdesacreditadores, periódicos y revistas estilo pasquín hechos a modo para la defensa a ultranza de los poderes fácticos y de los pactos de corrupción, que tienen a nuestro país arrodillado ante la violencia y desánimo que las corruptelas generan en todos los ámbitos políticos y sociales.
En los últimos años hemos presenciado y documentado los daños directos y colaterales de los ataques a la prensa, tanto a medios particulares como a periodistas en lo individual.
Hemos buscado nuevas formas para explicar con claridad el costo emocional, profesional y económico que tiene para una reportera haber sido encarcelada y torturada por órdenes de un gobernador abocado a defender a la delincuencia organizada; o a una reportera amenazada por militares hasta el día en que apareció asesinada en su hogar; o el de un editor que fue secuestrado durante 60 horas para torturarlo psicológicamente y luego soltarlo lleno de miedo, advertido por los criminales de que su vida y los textos del periódico ya no le pertenecen a él sino al líder del cártel.
Paralelamente hemos documentado con nombres, apellidos y cifras comprobables que por cada periodista perseguido, amenazado, hay una decena que renuncia o se somete, se prostituye por miedo al peligro potencial o simplemente por falta de vocación y ética.
Nada es tan simple como parece, no todos tienen la fortaleza y resiliencia para seguir adelante a pesar del peligro, de la fatiga emocional por vivir bajo espionaje estatal, a pesar de los ataques constantes a su integridad, de los intentos por desacreditarles inventando historias sobre una supuesta vida privada.
No todas ni todos resisten el miedo a las amenazas contra sus hijos o padres, ni tampoco es fácil soportar las crisis de pareja que derivan de haber elegido una profesión de alto riesgo como el periodismo, en el que sí aplica eso de necesitar tener la lengua larga y la cola corta.
Es claro que los criminales organizados y los políticos que ejercen el poder desde la ideología de la corrupción delictiva, operan con estrategias similares.
Intentan comprar voluntades y plumas, amenazar con retirar las onerosas cuotas de publicidad gubernamental que sostienen a tantos medios, ofrecer dádivas y amistades simuladas para acercar a periodistas a las mieles putrefactas del poder y, finalmente, orquestar golpes al interior de medios, conseguir despidos por presión política o por amenazas sutiles a cambio de beneficios empresariales que el gobierno controla de manera discrecional.
Por otro lado tenemos a los propietarios: empresarios dedicados principalmente a obtener dinero a través de uno o varios medios de comunicación que se convierten en cotos de poder importante.
Esos propietarios una vez instalados en la credibilidad que el “rating” les otorga, valoran a sus periodistas en la medida en que suman lectores, televidentes o radioescuchas, porque aunque la buena fama se la ganan las y los individuos, el medio, siendo su altavoz, se convierte en socio victorioso de ese prestigio.
Es un ganar-ganar hasta que comienzan las batallas por el poder.
Las y los periodistas, conductoras o reporteros que han hecho una carrera propia, de pronto se descubren maniatados por el propietario del medio, que condiciona su libertad, que decide si pueden o no tener un blog y redes sociales o investigar a todos los políticos por igual.
Tal es el caso de Carmen Aristegui y su equipo de reporteras y reporteros, ellas y ellos revivieron a MVS, le atrajeron seguidores, credibilidad, mejoraron sus ventas, rescataron a un medio para que se convirtiera en un ejemplo del servicio informativo a la sociedad.
Sólo entonces comenzó la batalla por el poder, por desacreditarla para controlarla, la exigencia de absoluta exclusividad, la estrategia de aislamiento bajo un modelo empresarial que considera a los periodistas su propiedad; obedientes empleados que deben responder a los intereses, a veces transparentes y otra veces opacos, de la empresa.
Sí, son una empresa, pero no fabrican autos, producen información socialmente útil, de allí que se deban a un código ético diferente porque están inherentemente ligados a los Derechos Humanos y a la libertad de pensamiento como ejes de la democracia ciudadana, protegida por leyes nacionales e internacionales.
Los medios de comunicación no deberían convertirse en cómplices del apartheid informativo que los gobiernos corruptos pretenden establecer para aislar a la sociedad y silenciar el disenso.
Minimizar el aniquilamiento de la libertad de prensa y de la autonomía económica para poder ejercer esta profesión, es hacerse cómplice de un sistema que busca la opacidad para tener el control absoluto de la decadencia asimilada.
Twitter: @Lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
15/LCR/RMB
Mi abuelo paterno, nacido en Portugal, me regaló mis primeros libros de poesía, de Camoes y Natália Correia; con ellos practicaba el portugués que aprendí escuchando a mis abuelos hablar de cuando se convirtieron en refugiados mexicanos.
El viejo cariñoso y exigente había jugado futbol y me hablaba de ese deporte como si fuera una de las claves de la felicidad humana.
De mi padre, un ingeniero mexicano serio y trabajador, aprendí a ser disciplinada, a terminar todo aquello que comienzo, a llegar puntual a mis citas, a sostener mi palabra y dignidad cuando de asuntos éticos se trata.
De mi tío Manuel aprendí que hay hombres dulces, tiernos e igualitarios. Por mi abuelo, el militar José Ernesto Cacho, descubrí el costo que pagan los hombres por guardarse las emociones para el día en que mueren.
Los hombres que fueron ejemplos en mi vida me enseñaron las cosas del mundo público, del poder; las mujeres en cambio me enseñaron a entender la vida interior, la fuerza moral laica. Gracias a ellas supe qué hacer cuando decidí seguir mi vocación de periodista en los años 80, cuando las mujeres éramos la excepción en esta profesión.
Mi madre y mi abuela fueron ejemplos de una ternura acompañada de sólida inteligencia que se oponía al hembrismo manipulador.
Con ellas aprendí a decir mis verdades, a pagar el costo de la congruencia en un mundo que avala la hipocresía como método de convivencia y fustiga la coherencia entre lo dicho y el hecho.
Por ellas y con ellas me instruí para rebelarme contra un mundo que decía que las mujeres inteligentes son la excepción a una supuesta regla de bobas, tontas, putas y sumisas.
Mi abuela me regaló las obras de Rosario Castellanos y Anaís Nin; mi madre poco a poco puso en mis manos libros de Simone de Beauvoir, de Pita Amor y Safo de Lesbos. Me regaló la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, de Carmen Laforet y Ana María Matute.
Gracias a Ethel Krauze entendí en la adolescencia una nueva forma de acercarme a la poesía. En el Colegio Madrid, la maestra Trueta además de Historia me enseñó a mapear la diversidad del mundo, y la maestra Luz me aseguró que debía de seguir escribiendo hasta encontrar mi propia voz.
Ya adulta, fui leyendo a Blanche Petrich que entendí la valía insuperable de ser una reportera honesta y persistente. Por Esperanza Brito tuve el valor de publicar mis primeras reflexiones sobre feminismo cotidiano antes de cumplir los 30; gracias a Rosario Ibarra deduje que hay formas no violentas de hacer política.
Elena Poniatowska me recuerda la responsabilidad de compartir el conocimiento y el poder. Por Lucía Lagunes y Sara Lovera me atreví a hacer televisión y radio con perspectiva de género en los años 90, cuando eso parecía una afrenta contra el periodismo convencional. Con Carmen Aristegui reivindico la sororidad, la integridad profesional y la amistad a prueba de infamias.
Cuando Adela Navarro asumió la dirección del Semanario Zeta en Tijuana, entre un mundo de hombres que cubrían temas del crimen organizado, supimos que se gestaba una nueva generación de mujeres jóvenes a quienes admirar todos los días.
A diario convivo con las que hacen historia, que salvan a sus comunidades y al periodismo de perderse en una cultura de corrupción donde el ego es primo hermano del narcisismo insoportable de los famosos.
Las que documentan historias que muchos nos dijeron que eran nimias son ahora expertas en periodismo de Derechos Humanos.
Esa generación de geniales reporteras como Marcela Turati, Elia Baltazar, Daniela Pastrana, Margarita Torres, Thelma Gómez, Daniela Rea, Adriana Varillas, Selene Ríos y muchas otras que todos los días se juegan la vida, la integridad y la seguridad por dar voz y valor a las historias humanas que en verdad importan.
Hace un siglo que en México todos los días se demuestra la obsolescencia del sexismo, la inaceptable desigualdad de género, el papel vital de la participación de las mujeres en la vida pública. Es un hecho: las insumisas han llegado para quedarse y hacer de éste un mundo igualitario, y por tanto, un mundo mejor.
Twitter: @Lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
15/LC/RMB
Hace unos años llegó a nuestro refugio para mujeres maltratadas la esposa del piloto de uno de los narcotraficantes más poderosos de México; nadie había querido ayudarla a salir del infierno de violencia intrafamiliar con sus hijos pequeños.
Cuando conoció a quien sería su esposo, éste laboraba en una aerolínea comercial, más tarde encontró un trabajo que lo hizo millonario y cómplice de delitos graves al transportar a narcotraficantes armados y cargamentos de dinero entre México y Estados Unidos.
Ella sólo quería rehacer su vida lejos del peligro de muerte, estaba dispuesta a entregar toda la información y evidencia que había recabado para ayudar a las autoridades a detener a su esposo y por tanto al jefe del cártel.
Años después, ya que ella vivía en otro país con sus pequeños, nos reencontramos. Me confesó que no sabía si la había hecho sufrir más la violencia de su esposo o la violencia de las autoridades que durante cinco años la utilizaron sin detener a nadie, hasta que nosotras logramos ayudarla a salir del país.
Su marido está prófugo y Joaquín “El Chapo” Guzmán está en prisión; en alguna medida gracias a la valentía de esta mujer que estaba abiertamente dispuesta a ayudar a las autoridades y a su país.
Cuando la entrevisté en el refugio, hace seis años, me aseguró que quería que sus hijos pequeños aprendieran a reconocer la diferencia entre el bien y el mal.
La violencia de su padre era inaceptable, pero sobre todo era indefendible vivir en condiciones de riqueza a costa de miles de asesinatos y de jóvenes adictos a las drogas que el jefe de su padre y su empresa internacional habían sembrado en el país.
Ella sabía que declarar podía costarle la vida, pero estaba dispuesta. En aquel entonces atestigüé cómo ella entregó toda la evidencia al entonces fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos.
Hace unos días hablé con ella nuevamente, su hijo más pequeño (de 11 años) quería saludarme. Ha adquirido un acento extraño luego de tantos años de no hablar español. Frente a la pantalla de la computadora, en una de esas llamadas cibernéticas me pidió que me fuera a vivir con ellos.
“El gobierno de México no quiere a las personas que dicen la verdad”, me dijo con esa voz aún aniñada que inspira una gran ternura.
Intenté convencerlo de que son algunos individuos en el poder los que no quieren que las cosas cambien, que hay personas comprometidas en todas las instituciones, que somos más quienes deseamos que éste se convierta en un país de leyes y solidaridad, que deje de ser una patria de traidores, de asesinos y políticos miserables. No pude convencerlo.
El pequeño insistió en que en el nuevo país en que viven nadie te castiga ni te encierra por decir la verdad. Recuerda el infierno de escondites que tuvieron que pasar en México luego de denunciar ante las autoridades contra la delincuencia organizada al clan de narcotraficantes.
Su madre quiso darles a sus pequeños una lección de ética y valentía y las autoridades judiciales se encargaron de demostrarles que en México se castiga a los valientes y se protege a los cobardes. Ninguna palabra puede impactarlos tanto como las lecciones aprendidas en los hechos.
Como reportera he recabado miles de datos sobre vínculos entre políticos y criminales profesionales; como defensora de los Derechos Humanos he atestiguado en ocasiones en primera fila, y en otras en carne propia, los procedimientos puntuales que los operadores del crimen hacen desde las instancias de administración y procuración de justicia.
Está claro que hay procuradores de justicia, agentes ministeriales y policías judiciales vinculados con el crimen organizado. Lo que es verdaderamente difícil de documentar y contabilizar es el costo social, económico y de salud física y emocional que paga cada víctima y sus redes de apoyo por acudir a las instituciones a pedir apoyo, protección, seguridad y justicia.
Sabemos, gracias a la documentación de CIAM Cancún A.C., que para una mujer maltratada el costo de acudir a denunciar, testificar, ratificar, llevar testigos, demostrar los delitos y defenderse y mudarse a un lugar seguro lejos del agresor es de 4 mil pesos mensuales.
El monto incluye todos los gastos de transportación, llamadas telefónicas, pago de fotocopias de expedientes, acopio de evidencia, horas de trabajo abandonadas por estar en su propia investigación, consumo de alimentos en la calle en espera de ser atendida por las autoridades y abogadas (tomando en cuenta una defensa muy barata).
El tiempo promedio en que se resuelve un caso de este tipo es de tres años, por tanto el promedio mínimo de inversión de una mujer maltratada para que se le haga justicia es de 144 mil pesos.
A eso habría que sumarle el costo que cada institución invierte en cada víctima y los costos ocultos generados por la compra de autoridades que podrían triplicar la suma en conjunto.
A lo que no podemos ponerle precio es a la migración por violencia, a la expulsión por corrupción, ni a los ideales de esas miles de niñas y niños que han aprendido en carne propia que decir la verdad es peligroso para las y los mexicanos, no por denunciar el crimen, sino por confiar en las autoridades.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
15/LCR/RMB
La caja de Pandora se abrió en el estado de Guerrero luego de los hechos de Ayotzinapa y Cocula.
Aparecieron grupos de activistas, intelectuales y ciudadanos en redes sociales declarando la inminente necesidad de cancelar las elecciones en esa entidad sumida en una crisis de gobernabilidad similar a la que ha pasado Michoacán.
El clamor antielectoral comienza a expandirse por todo México; aquí y allá surgen grupos de activismo anulista (que proponen voto anulado con una gran cruz), de abstencionistas (que proponen que nadie, pero nadie, se presente a votar).
Los unos y otros argumentan que es indispensable enviar un mensaje claro a los partidos políticos y a sus representantes para asegurarles que la sociedad comprende que ellos y los candidatos que eligen no tienen credibilidad; que los partidos han pulverizado los procesos electorales y con ellos la democracia electoral mexicana.
La han transformado en una máquina burocrática que deja pasar corrupción, mentiras y dinero sucio; es un aparato que simula renovación pero en realidad está destartalado. Las candidaturas independientes son parte de esa simulación, un logro pírrico, como ha dicho uno de sus principales promotores.
Mientras los partidos siguen sumidos en sus dinámicas de repartición de candidaturas reproduciendo los modelos tradicionales de corrupción, nepotismo, amiguismo, reciclaje y fusión de compadrazgos e intereses inconfesables, millones de personas en México expresan su desesperación, enojo, o indignación frente a la capacidad de los líderes partidistas para ignorar la crisis política y social en que ellos mismos han sumido al país.
Es un hecho que todos los partidos han elegido candidatos cada vez más ineficientes e ignorantes en aspectos de buen gobierno y respecto a la seguridad humana.
Todos eligen a personas que tienen suficiente dinero para hacer campañas y comprar votos pero claramente ignoran los orígenes de sus fortunas. Estratégicamente restan importancia a las hojas de vida de sus candidatos y candidatas.
No hay nada nuevo en admitir que los líderes de partidos han creado una dinámica operativa que induce a la putrefacción de los liderazgos, que incita a elegir a los más corruptos, los más envalentonados para mentir y sostener sus mentiras públicamente.
Las investigaciones periodísticas y académicas han demostrado plenamente que los partidos han destruido paulatinamente el débil blindaje que alguna vez tuvo el sueño dorado del Instituto Federal Electoral; ese IFE que José Woldenberg sigue defendiendo aunque haya perdido el rumbo y el nombre original.
(Alguien debe avisarle a Woldenberg que su hijo democratizador ha muerto; que en su lugar hay una parvada de buitres afectos a la sabrosa descomposición de los procesos electorales democráticos, expertos en capitalismo electoral a modo).
Basta entender que ni el voto nulo ni la abstención harán mella a los partidos. Con tener un 5 por ciento de votos quedarán a salvo. Ellos han puesto las nuevas reglas del opaco juego electoral. ¿Qué hacer entonces?
El investigador Edgardo Buscaglia propone una estrategia realista y efectiva: que agrupaciones civiles apartidistas exijan a todos los partidos sin excepción que permitan que un consejo civil multidisciplinario investigue y evalúe a sus precandidatos: desde los bienes materiales hasta el historial político y familiar, sin dejar atrás el coeficiente intelectual y conocimientos mínimos de tareas de buen gobierno.
Un examen de conocimientos, un test psicológico, un ejercicio de transparencia aplicada con instrumentos medibles y comprobables (como los que usa la psicología social en áreas de recursos humanos de las empresas).
Con todos los partidos se aplicarían exactamente los mismos instrumentos de medición y transparencia.
Ya Buscaglia planteó esta propuesta a senadores del PRD (que se quedaron mudos). Imaginemos qué sucedería si en verdad un colectivo de mujeres y hombres intelectuales diverso, con credibilidad, creara un modelo de evaluación blindado a la corrupción.
¿Qué responderán PRI, PAN, Morena, PRD, Partido Humanista, PVEM y Nueva Alianza a la exigencia de transparencia? Si quieren que la gente vote, deben admitir que sus elecciones han sido equivocadas.
Si creen que sus candidatos y candidatas son en verdad buenos ¿por qué temerle a la evaluación y transparencia? Después de todo el dinero que usan para sus campañas es el de nuestros impuestos.
Las reglas creadas por los que están en la punta de la pirámide política y económica lo han arruinado todo. ¿Podremos replantear nuevas reglas desde la base cívica? Yo creo que sí, o al menos habremos de intentarlo, aunque nos lleve mucho tiempo y esfuerzo sacar de las boletas a payasos, peloteros, ignorantes, pedófilos, ladrones y miembros de los cárteles.
Twitter: @Lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
15/LCR/RMB
¿Será posible que el arresto de un hombre se convierta en el silencio de un pueblo? Eso se pregunta Margarita Pech, una mujer maya habitante del municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo (QR).
Para ella, como para miles de pobladores originarios de este territorio maya que a lo largo de toda la península de Yucatán vio florecer la Guerra de Castas, la ilegal detención y tortura de Pedro Celestino Canché Herrera se ha convertido en un símbolo de lo que les espera a quienes disientan frente al régimen priista encabezado por el gobernador Roberto Borge.
Pedro es un periodista indígena, un activista que durante toda su vida ha promovido el habla del idioma maya y ha denunciado las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos (DH) de mujeres, hombres, niñas y niños mayas.
Las abogadas de Pedro, especialistas en DH, han demostrado puntualmente las violaciones procesales en el encarcelamiento de este compañero reportero, pero su condición de hombre indígena en el sureste le ha dejado incluso en mayor indefensión que a cualquier periodista perseguido en México.
El Ministerio Público (MP) abrió una averiguación previa por órdenes del gobernador Borge, me asegura un agente judicial de origen maya.
Se le acusa de haber participado en una demostración en contra de CAPA (la proveedora de agua potable y alcantarillado del estado), que se niega a dar servicios públicos vitales a la población que desobedece las órdenes del PRI en la localidad.
Desde hace años se conformó el Consejo de Colonias Populares en Felipe Carrilo Puerto (Cocop), cuya meta es defender a la población de los abusos de poder y la pobreza extrema en que el gobierno estatal ha sometido al pueblo originario del estado.
La denuncia contra Pedro Canché es por “sabotaje a las instalaciones de servicios de agua potable”. El apoderado legal de CAPA declaró que el reportero Canché había impedido el paso de los empleados a las instalaciones el 11 de agosto de 2014; pero se ha demostrado frente al juez que Canché pasó los días 11 y 12 de ese mes en Cancún haciendo diligencias y compras.
Las pruebas testimoniales en su contra están armadas por servidores públicos que se contradicen en sus declaraciones. Toda la evidencia en contra de Canché consiste en declaraciones tan erradas como aquella en que el juez ordena una diligencia de investigación judicial incluso antes de que el supuesto delito fuera cometido.
El grueso expediente está plagado de mentiras y confusiones. Uno de los más grandes absurdos es aquél en que los policías judiciales asisten a las oficinas de CAPA a las 23 horas y describen que es claro que las instalaciones “están cerradas a causa del sabotaje de los manifestantes”; mientras omiten reconocer que esta oficina burocrática cierra sus puertas diariamente a las 18 horas.
Los mismos peritos determinan que no hay absolutamente ningún daño físico a las instalaciones, por tanto no existió el sabotaje. La abogada Araceli Andrade se reunió con el secretario de Gobierno de QR, Gabriel Mendicuti, para con el expediente en mano demostrar que Pedro es un preso político y que no existe delito que perseguir.
Mendicuti reaccionó violentamente y aseguró que no se pueden contravenir las órdenes del gobernador Borge.
Lo cierto es que Pedro Canché había llevado a Carrillo Puerto, unos días antes de su detención, a Marisol Ceja Gálvez, activista con quien organizó un evento público para explicar el movimiento cherán de Michoacán, que defiende los derechos indígenas y se ha movilizado contra las desapariciones forzadas.
Desde esa fecha, según fuentes del régimen local, Pedro fue seguido por agentes de la Secretaría de Gobierno de QR por sospechas de querer incitar a la disidencia indígena.
Consta en las actas que a tan sólo cuatro horas de que se girara la orden de búsqueda y localización de Canché, la agente del MP recibe testimonios de una decena de policías judiciales que reportan haber acudido varias veces a casa del acusado sin encontrarlo.
En menos de 240 minutos fueron siete veces a buscar al sospechoso (eso es efectividad). En menos de 49 horas la MP había ejercido acción penal contra Pedro Canché por el “delito grave de sabotaje”.
Pedro lleva seis meses preso sin evidencia alguna por un delito que nunca cometió. Margarita, al igual que muchos de sus amigos y vecinos, aseguran que a Pedro lo detuvieron porque desde hace años ha dicho que los mayas de QR tienen derechos y éstos deben ser respetados, porque no quieren ser esclavos del PRI, porque se rehúsan a ser utilizados para procesos electorales.
“Lo encarcelaron y torturaron por ser maya”, dice su vecino; “lo torturaron para espantarnos a todos”, dice su vecina. “Ser maya es más peligroso para Borge que ser Zeta, porque esos sí hacen tratos, nosotros no”, asegura un amigo de Pedro que estuvo en la reunión para entender cómo se han unido los indígenas de Michoacán.
Lo que está claro es que Pedro ha sido torturado, que se le niegan servicios médicos y que está allí por ser periodista, por ser indígena, por levantar la voz por la justicia social.
Su deplorable estado de salud me consta, lo mismo que la crueldad y el racismo que el gobierno de QR ha mostrado a la población maya, ésa que les es útil sólo para vender turismo, para mostrar vestigios arqueológicos o artesanías.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
15/LCR/RMB
Desde hace algunas semanas han comenzado a circular las opiniones sobre Ayotzinapa de algunos de los más adinerados empresarios mexicanos.
Todas coinciden con una versión: “Estudiaban para guerrilleros, se ganaron la muerte por revoltosos; quienes han exagerado la dimensión del caso lo hacen persiguiendo intereses ajenos a la vida de los 43 jóvenes”.
Como siempre en la pirámide del poder la información producida por agentes del Estado cae, a manera de cascada, desde la cima hacia abajo.
Ahora, a cuatro meses de las balaceras y la desaparición, comienza la segunda parte de la Operación Cicatriz Ayotzinapa; consiste primordialmente en convencer a propietarios de los medios de mayor circulación de sacar del espectro el tema, diluirlo, a la vez que circulan la opinión de los que manejan el dinero, que son también quienes pagan la publicidad a los tribunales mediáticos, ésos que establecen o ignoran los temas socialmente importantes de acuerdo con criterios empresariales.
Para nadie medianamente enterado es una sorpresa que se intente instaurar la normalización de la desaparición forzada de los estudiantes, bajo la premisa de que eran ciudadanos “difíciles”, no deseables, “potenciales guerrilleros”.
Ayotzinapa está en territorio guerrillero, aquél que dio vida al famoso Lucio Cabañas, comandante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, alumno graduado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Lucio fue acribillado por el Ejército mexicano hace 41 años, luego de que él y su grupo secuestraran al ex gobernador del estado. Cabañas se había convertido en leyenda por la defensa de los campesinos de Guerrero frente a los empresarios y políticos que les robaron sus tierras sumiendo en la pobreza poblaciones enteras.
Hoy en día el 60 por ciento del plan de estudios de la Normal Rural de Ayotzinapa, de la cual salieron los estudiantes desaparecidos, consta de principios y actividades socialistas, como la defensa de la tierra, la lucha contra el racismo y contra el neoliberalismo económico y político, por la igualdad y la justicia salarial de un estado enriquecido por el turismo.
Por si usted no lo sabe, desde hace 40 años, cada 12 meses los profesores de las normales rurales tienen que suplicarle al gobierno que saque la convocatoria de inscripciones, suplican por recursos para la educación, y con el tiempo esas súplicas se han llenado de hartazgo.
El autoritario gobierno de Guerrero juega este juego a la perfección: negocia cada año el derecho a la educación y a la libertad de pensamiento.
Porque conviene a sus intereses, el gobierno estatal, con conocimiento de los órganos de inteligencia, juega al estira y afloja con los miembros corruptos de los colectivos magisteriales de todas las escuelas públicas (no sólo de las normales).
Ellos amenazan con hacer paros de todo el aparato educativo, el gobernador en turno se dice “extorsionado”, pero acepta entregar fondos en efectivo a los corruptores magisteriales, en lugar de invertir de forma transparente en la educación de todo el estado (Tanto PRI como PRD han jugado juntos).
Está claro que los 43 no eran jóvenes sumisos indígenas, maestros que soñaban con enseñar a leer y escribir a los niños y niñas para que eventualmente tuvieran un trabajo miserable, sino para que puedan trabajar y defender sus derechos y vivir dignamente.
Los 43 son, o eran, jóvenes preparados para la vida, para la política, para la batalla contra la opresión, informados, organizados, inteligentes, rebeldes y muy probablemente indignados y rabiosos con la forma en que su estado y su país les ha tratado desde que nacieron.
Muertos o vivos, estamos hablando de activistas que salieron a dar una batalla sobre la cual los órganos de inteligencia del Estado tenían información. Jóvenes aguerridos que hartos del narco-gobierno querían una vida libre, sana y justa para todos.
Efectivamente hay grupos de intereses alrededor del caso, sería imposible “blindarlo” de los oportunistas corruptos (la complejidad es connatural a cualquier caso de esta naturaleza), pero las exigencias son válidas y su vida importa.
Lo fundamental, además de la investigación penal, es comenzar a responder con la solución a los problemas de raíz: que las movilizaciones que piden justicia activen un movimiento por la educación libre, laica y de calidad en todo el estado de Guerrero.
Asegurarnos de que las normales rurales sigan abiertas, funcionando, con recursos, libros, materiales para el sostén de las milpas y de los animales de cría.
Asegurarnos de que en toda la zona rural de Guerrero haya clínicas de salud, acceso al agua potable, apoyo a los modelos de vivienda ecológicos con milpa propia, planes de promoción de la cultura y defensa del medio ambiente.
No podemos distraernos: sí hay solución para Ayotzinapa y no está en el campo criminal, sino en el de la justicia social y la Seguridad Humana. Llevamos demasiado tiempo arrojando tinta sobre las cenizas, llenando cárceles de presuntos culpables, elucubrando sin evidencia.
Mientras tanto la sociedad se divide más y agentes del Estado con algunos empresarios trabajan para normalizar la desaparición forzada de activistas y defensores sociales como castigo ejemplar.
Que se transparente el gasto en educación de Guerrero, que el gobernador interino, en lugar de filtrar información, diga quiénes lo extorsionan, cómo y cuándo.
Sí, los 43 estudiantes, como millones en el país, tienen una ideología socialista, eso no les hace menos ciudadanos, por el contrario, les hace más solidarios y conscientes de la importancia de la educación y los Derechos Humanos. Pedir justicia para ellos es también señalar la raíz del problema que los puso en peligro.
Twiter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
15/LCR/RMB
“En este 2015 ustedes tienen la encomienda de fomentar una imagen veraz y objetiva del país, que disipe dudas o distorsiones de nuestra realidad”.
Con esas palabras el presidente Peña Nieto ordenó una línea discursiva en la 28 reunión de cónsules y embajadores de México. ¡Qué bueno sería que dijeran la verdad! Pero los diplomáticos serían incapaces de mostrar una imagen veraz sobre nuestra realidad, veamos cómo sería este discurso.
México es un país cuyos paisajes hermosos van desde las selvas montañosas hasta las planicies de praderas verdes donde pasta un ganado sano y fuerte, donde se siembra menos maíz y más amapola, menos hortalizas y más cannabis.
Un país de hombres y mujeres con sentido del humor, creativos, cuya imaginación nos obsequia las artesanías más bellas y las obras literarias más notables y comprometidas; tierra donde periodistas dejan la vida por decir la verdad, en que defensoras y defensores de Derechos Humanos, desde sacerdotes como Alejandro Solalinde hasta miles de mujeres como Lucha Castro, se juegan la piel por su prójimo, ayudando a implementar un mejor sistema de justicia y salvando la vida de miles y miles de seres humanos.
Tierra de posibilidades en que millones trabajan cada día para fomentar el trabajo digno y respetar los derechos laborales; somos la patria en que las trabajadoras del hogar han logrado demostrar su valía laboral y sus derechos bien ganados ahora impresos en leyes; donde las parejas del mismo sexo forman familias, se casan y tienen derecho a dejar herencia a su esposa o esposo.
Somos la tierra de la música y el baile, de la pasión que celebra la muerte y la vida, una raza de personas indignadas que han aprendido a rebelarse contra la ignominia y la barbarie, contra los monopolios y la política criminal. País que se debate entre el clamor de paz, la mordaza y el agotamiento.
Somos el país en que durante 50 años los políticos han logrado insertar con efectividad a las mafias en los gobiernos municipales, estatales y federal. Donde los poderosos obtienen justicia expedita y las y los ciudadanos la deben mendigar y pasar un viacrucis de entre cuatro y 10 años para resolver un solo caso penal, en que las víctimas y sus familiares son los investigadores porque los ministerios públicos no se dan abasto.
País en que se ha implementado un nuevo sistema de justicia penal que muy pocos conocen y que los más poderosos se niegan a respetar.
País en que los propietarios de los medios de comunicación más poderosos no le sirven a la sociedad sino a los poderes fácticos, televisoras que se dedican a consultores de imagen, a las relaciones públicas para resarcir la mala fama de los gobernantes, les venden publicidad para encubrir fraudes, desgracias, fosas y crímenes.
Somos el país en que al menos una tercera parte de su territorio está gobernado por narcopolíticos capaces de asesinar a sus adversarios y lanzarlos en fosas clandestinas, de policías que respetan más a los jefes de los cárteles que a los procuradores, de procuradores que obedecen a los políticos antes que a la ley que les obliga a proteger a la sociedad. Aquí en 2013 se cometieron el doble de asesinatos que en Irak como resultado del conflicto armado.
México, dirían los diplomáticos en caso de seguir las órdenes del Presidente, es un país diverso que se ha acostumbrado a un autoritarismo organizado, en el que importa más la imagen falsamente construida por intelectuales enriquecidos por el sistema que la verdad concreta que a gritos clama atención desde las calles abarrotadas de manifestantes, en redes sociales que pretenden unirse sin saber muy bien cómo hacerlo, que ha reinventado los números contando hasta el 43.
Es el país en que los secuestrados mueren y los que se salvan quedan como muertos vivientes por la decepción y el miedo.
Somos un país en que la injusticia y la impunidad se fabrican desde arriba: en la punta de la pirámide se protege a políticos pederastas, tratantes de personas, traficantes de armas, asesinos, oligarcas, líderes petroleros corruptos, gobernadores feminicidas, narcotraficantes que presiden alcaldías; gobernadores, policías tácticos y militares que asesinan a jóvenes para hacer limpieza social en medio de una guerra que obnubila todo.
Somos un país mágico que premia a ex procuradores corruptos que patrocinaron la protección de criminales peligrosos con embajadas en Estados Unidos.
Lo que el Presidente les ha pedido a estos diplomáticos es que sean parte de este grandísimo fraude mediático que pretende “fomentar una imagen” que mande la exigencia de justicia a las fosas clandestinas, maquillar a la muerte como muchacha joven y feliz; mentir más y mejor para que la sociedad pierda y un puñado de políticos siga ganando la batalla de la corrupción institucional.
Twitter: @Lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
15/LCR/RMB
¿Quiénes van a reconstruir a México? La pregunta de estos días es quiénes tienen verdadera incidencia para llevar a cabo una transformación de fondo porque no hay hogar mexicano en el que no se hable de la injusticia, inestabilidad, corrupción rampante y, claro, de los 43 estudiantes como símbolo patente del narcoestado.
¿Por dónde comenzar para dar certidumbre? Algunos pasos para iniciar…
Hace cinco semanas el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto. Mis fuentes de Presidencia aseguran que la respuesta del residente de Los Pinos fue algo así como: “Vaya, eres el primero que trae su propia renuncia; todos los demás me traen listas de quiénes deben renunciar”.
A la luz de la ineptitud de Murillo Karam, está claro que esa renuncia debería de ser aceptada de inmediato, además de abrirle un expediente para investigar todos los casos en que por omisión de su equipo y su falta de liderazgo causó muertes que pudieron ser evitadas: léase caso Abarca (tenían todo el expediente y no actuaron desde hace 18 meses).
Debe renunciar Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, porque es parte de un claro entramado de corrupción institucional que impide la transparencia y la confianza hacia este gobierno y el uso de sus finanzas.
Videgaray es propietario de una casa construida por Bienes Raíces HyG, parte del Grupo HIGA que construyó también la “Casa Blanca” en la que viven el presidente Peña y su familia (el modus operandi de la adquisición de ambas casas es casi idéntico).
Como se sabe, el Grupo HIGA no sólo adquirió con una opaca licitación el contrato millonario del tren México-Querétaro, además mantiene hoy contratos millonarios efectivos arreglados con el gobierno federal.
Videgaray debe renunciar porque recibe salario como servidor público desde el 3 de septiembre de 2012 cuando se le presentó como líder del equipo de transición presidencial.
Él recibió contrato de su casa en octubre de 2012 cuando ya el Grupo HIGA estaba formado en la fila de empresas que ofrecían sus favores y servicios al gobierno federal. Mintió sobre la casa, mintió sobre su salario, y negó ser funcionario público desde septiembre de 2012.
Se debe llevar a juicio político al gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y se le debe hacer una investigación formal para demostrar si es o no, responsable de la impunidad criminal en la entidad, porque su salida por la puerta trasera ha creado mayor inestabilidad política en el estado.
Es obvio que el PRI quería recuperar formalmente Guerrero y con tanta opacidad y caos lo está haciendo sin elecciones; el gobernador suplente es un priista que está operando para las elecciones de 2015, de allí que los guerrerenses se opongan a unas elecciones que se advierten desde ya manipuladas. Se deben seguir los pasos que la ley manda, no los que la política impone.
Urge evidenciar la profunda corrupción al interior del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que desde hace años mantiene una relación mafiosa con el gobierno estatal, a quien extorsiona para tener fondos para sus líderes, quienes manipulan y utilizan las verdaderas causas justas para enriquecer y dar más poder a un puñado de líderes sindicales más parecidos a la corrupción que denuncian que a la ética que exigen.
Su reciente ataque, asalto y detención de 100 periodistas en Guerrero, usando toletes, arrebatándoles cámaras, carteras, celulares y amenazando de muerte a informadores y sus familias, es un ataque a la libertad de expresión y un operativo muy parecido al que hacen los cárteles contra comunicadores, amenazándoles y ordenando qué noticias cubrir u ocultar.
Su actuación violenta y mafiosa resulta inaceptable para un grupo que dice enarbolar las causas de la justicia, la educación, los valores sindicales y la democracia. Esta agrupación se debe purgar de los corruptos que promueven la agresión y la extorsión como falso método para erradicar la injusticia y rescatar la educación. Los sindicatos útiles son un contrapeso, no un socio coludido y corrupto.
Con éstas me conformo por ahora, la semana que entra regresamos con más.
Twitter: @Lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
14/LCR/RMB
Visita el reportaje audiovisual: "Justicia. Madres Ayotzinapa"
Consulta nuestra cobertura informativa Caravana de madres de Ayotzinapa