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El quehacer de las sonorenses en la vida política y pública es retratado en esta columna así como la situación de violencia contra las mujeres en la entidad

CIMACFoto: César Martínez López

La primera noticia que tuvimos sobre el ataque armado frente al Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, en pleno Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la Mujer, fue una publicación en redes sociales en donde una integrante del colectivo al que pertenecía Marisol Cuadras, defensora de Derechos Humanos privada de la vida en el ataque, revelaba lo que recién había pasado.

“Nos balearon”, fue la escueta frase con la que la chica se comunicó con sus conocidas y conocidos para informar que estaban resguardadas en el Palacio Municipal e incluyó su foto, todavía con lágrimas, tomada tal vez justo en el momento de la crisis. «Nos balearon», dos palabras por demás significativas.

Residentes de Guaymas refieren que todo fue un caos. Al correr para intentar ponerse a salvo, varias personas resultaron heridas y otras, muertas.

Entre las personas privadas de la vida está Lucero Marisol Cuadras, quien junto con sus compañeras se manifestaba por fuera del Palacio municipal con una lona morada que rezaba: “¡Nos queremos vivas!”.

Uno más es el escolta de la alcaldesa de Guaymas Karla Córdova González, y otro hombre más que se encuentra en calidad de no identificado, estaba armado y portaba aparentemente estupefacientes, según el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ofrecido en un boletín y un video con mensaje de la Fiscal Claudia Indira Contreras López.

Liga: https://www.facebook.com/watch/?v=413579713783104

El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, reprobó categóricamente los hechos violentos en Guaymas, y ofreció condolencias a las familias de las personas fallecidas.

Informó también que autoridades de los tres órdenes de gobierno se encontraban en el lugar, apoyando las investigaciones para llevar ante la justicia los responsables.

Tuit de gobernador Alfonso Durazo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en voz de su titular  se aventuró a decir que existe la posibilidad de que el ataque haya sido dirigido al Comisario municipal “en virtud de amenazas previas en lugares públicos y videos”.

Sin embargo, no afirmó como lo hace con cada muerte violenta de alguna mujer, que la de Marisol sería de inicio abierta la investigación como feminicidio.

Pronto la noticia corrió por todo el país, pues hoy día las colectivas se coordinan para realizar acciones conjuntas que suelen llevarse a cabo al mismo tiempo y están en comunicación.

Fue la propia Marisol quien publicó en sus redes sociales la convocatoria para que a manera de conmemoración del Día para la Ede la Violencia contra las Mujer, tomaran simbólicamente el Palacio Municipal. Es por ello que se encontraban en ese lugar al momento de la agresión.

Publicación convocando a toma simbólica del palacio municipal

Este día el presidente de México al ser cuestionado por un periodista sobre el violento suceso de Guaymas, pidió al almirante José Rafael Ojeda Durán que respondiera “porque tenía más elementos”.

El presidente envió un abrazo a los familiares “de los que perdieron la vida”, sin mencionar a la joven que se manifestaba contra la violencia hacia las mujeres.

El almirante hizo una de las más desafortunadas y ofensivas declaraciones, pues revivió la horrenda frase que ninguna persona en México quisiera volver a escuchar: “Daño colateral”.

A Marisol la depositó en el departamento de “daño colateral” como lo hizo tantas veces Felipe Calderón cuando su ejército asesinaba inocentes mientras aparentemente combatía al crimen organizado.

Con ello, Ojeda nos baleó el corazón. Nos baleó la dignidad, nos baleó la esperanza de que el feminicidio de Marisol no sólo no quede impune, sino que no se repita contra otra joven.

“Desgraciadamente hubo daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario (sic) y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación, que, por cierto, es hija de un miembro de la Secretaría de Marina-Armada de México”, expresó. “Vamos a tratar de tener más información de inteligencia para ir sobre ese grupo delictivo”, agregó.

Luego de sus declaraciones, el almirante debe disculparse públicamente con Marisol y con su familia en primer lugar.

En segundo lugar, con todas las víctimas que fueron asesinadas por no ser protegidas por el Estado, como debió ser Marisol pues la manifestación es un derecho, y estaba anunciada públicamente.

Nadie garantizó su seguridad a pesar de que se sabía que realizarían y realizaron la manifestación por fuera del palacio municipal. Se quedaron a la deriva, solas, casi como un escudo humano. Por ello, el almirante debe disculparse.

Sonora se encuentra en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde el 20 de agosto pasado. A la fecha, no se ha instalado el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para articular las acciones de las declaratoria.

Entre los seis municipios incluidos en el decreto, se encuentra Guaymas, que aparece constantemente entre los cien con presencia de feminicidio en el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el más reciente 25 de noviembre, Guaymas ocupa el lugar 18, Cajeme el 17, Hermosillo el 28, Nogales el 29 y Caborca el 51. De enero a octubre del 2021 se han asesinado en Sonora a 119 mujeres y niñas, de los cuales se han clasificado como feminicidio 35 y como homicidio doloso 84.

Portada de Facebook utilizada por el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora en el #25N

21/SNE/LGL

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Han sido días de nombramientos en el nuevo gobierno de Sonora. A partir de esta semana hemos conocido nombres de integrantes del gabinete legal y ampliado de la recién iniciada administración de Alfonso Durazo Montaño, quien gobernará la entidad del 2021 al 2027.

Coordinadora ejecutiva del ISM por proceso de elección abierto

Uno de los nombramientos que está pendiente es el de Coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), pues por primera vez no será designada directamente por el titular del ejecutivo como había sido siempre.

En esta ocasión será nombrada a través de una convocatoria abierta y transparente que estará a cargo de la Junta de Gobierno del ISM en donde participan todas las dependencias que integran los Sistemas para la igualdad; y para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres, así como 14 mujeres de la sociedad civil, siete del Consejo consultivo y siete del Consejo social de la instancia de las mujeres en Sonora, todas con voz y voto.

La particularidad de este nombramiento es que el estado se medirá en su capacidad para soltar una instancia que había sido utilizada para trabajo territorial del partido en el poder, y había actuado como operadora de la estrategia para fingir cumplir con la transversalización de la perspectiva de género.

La próxima elección de coordinadora Ejecutiva que cuenta con nivel de Subsecretaría, se encamina a la ciudadanización de la instancia que vela por los derechos de las mujeres y las niñas. Es pues una determinación crucial emanada de las propias ciudadanas del movimiento feminista y movimiento amplio de mujeres que impulsaron la Ley 181, para para que quien esté al frente del ISM sea la mejor opción, lo cual se logrará a través de la revisión de perfiles idóneos lo que nunca ha sucedido antes.

Hasta este día la Junta de Gobierno del ISM no ha sesionado aún, pero lo hará el próximo martes 21 de septiembre, por lo que pronto se iniciará el camino para que las mujeres empiecen a postular al puesto.

Órganos auxiliares del ISM deben renovarse

Otra convocatoria que estaría pendiente de abrirse a las ciudadanas es para ocupar los puestos del Consejo consultivo y Consejo social del ISM, pues iniciaron su encargo en octubre de 2017 y según el reglamento de la Ley 181 deben ser renovados, o reelegirse las integrantes que así lo decidan, por un solo periodo de tres años.

Como se sabe, el Consejo Social es un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. En tanto, el Consejo consultivo es un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en los términos dispuestos por la Ley del ISM.

Ambos estarán integrados por no menos de diez ni más de veinte mujeres designadas y propuestas por la junta de gobierno del ISM, por las organizaciones representativas de diferentes sectores de la sociedad, de las organizaciones públicas y privadas, y de asociaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, así como por instituciones académicas constituidas en el Estado.

No obstante, en ninguno de los casos se cumple esa disposición, pues actualmente los conforman siete mujeres cada uno.

Urgente fortalecer la CEEAV

La Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas nunca ha operado como debería, pues a pesar de que en noviembre próximo cumplirá seis años la Ley de atención a Víctimas para el Estado de Sonora, nunca se ha nombrado a alguna o algún titular que se haga cargo.

Fue en 2020 cuando el congreso del estado recibió tres veces ternas por parte de la Secretaría de Gobierno para seleccionar a la persona idónea para encabezar tan importante instancia.

Sin embargo, las tres ocasiones la terna fue regresada pues las personas no sólo no cumplían los requisitos formales y eran ajenas al tema de atención a víctimas, sino que algunos eran ampliamente cuestionados en su ética por su desempeño en trabajos anteriores relacionados con la protección en derechos humanos, sin probidad.

Fortalecerla es uno de los mandatos de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, para seis municipios de Sonora, emitida en Hermosillo, Sonora por la Conavim el 20 de agosto de 2021, por lo que el procedimiento debe empezar de inmediato.

Unidad de Igualdad de Género del congreso de Sonora

Expedida el 8 de octubre de 2020, la creación de una Unidad Técnica para la igualdad de género en el congreso del estado, establece que debería haber sido nombrada ya en sesión del pleno. Sin embargo, nunca se ha lanzado convocatoria alguna para que de acuerdo al boletín oficial que da cuenta de su creación, pueda ser ocupada esa posición.

Es otra de las convocatorias pendientes y urgentes en Sonora, en este caso por parte de la Comisión para la igualdad de Género del legislativo, para que después de cubrir todo el proceso que describe el boletín, pueda ser nombrada en el pleno del congreso.

La titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género durará en su encargo un periodo de tres años contados a partir de su nombramiento, pudiendo ser ratificada por otro periodo más.

Presea al podeío de las mujeres

Publicada el 1 de marzo del 2021, a través de la Ley 248 el congreso de Sonora instituyó la “Presea al Poderío de las Mujeres Sonorenses”, misma que tampoco ha abierto convocatoria para que se postulen mujeres. El galardón, que tendría también un estímulo económico busca reconocer a mujeres que por su trayectoria y mérito ejemplar hayan destacado en los ámbitos político, económico, jurídico, social y cultural de Sonora.

De acuerdo al boletín oficial de 1 de marso del 2021 la designación de las preseas se realizará de acuerdo a una convocatoria que expedirá la Comisión para la igualdad de género del congreso del estado anualmente, y por única ocasión la primera vez se publicará en el boletín oficial del gobierno del estado en la primera edición de septiembre, lo cual no se realizó durante el presente año, y entregada en octubre a las mujeres designadas para recibirla.

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CIMACFoto: César Martínez López

Este viernes se cumplió una semana de que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim) declaró por primera vez, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, AVGM, en el estado de Sonora.

Fueron seis municipios los que se incluyeron, mismos que son los señalados por las organizaciones peticionarias en su solicitud de 26 de junio del 2019.

Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, son los puntos del estado que mes a mes son incluidos en el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, en el indicador “Primeros 100 municipios con presuntos feminicidios”.

En esa lista se ubica una centena de municipios del país que presentan el mayor índice de feminicidio, y recurrentemente Sonora aparece con cuatro de ellos, sino es que con cinco.

La AVGM fue declarada la semana anterior para tres estados: Chihuahua, Tlaxcala y Sonora, en un acto sin precedente. La AVGM es un documento que contiene el decreto de declaratoria y en el caso de Sonora se organiza en ocho resolutivos y uno más que ordena su publicación.

Al ser la primera en declararse en el estado, se recibió con beneplácito por la sociedad y sobre todo por las mujeres que son quienes tienen más temor porque no son protegidas por las autoridades que tienen la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad pública y en particular la vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.

Entre los resolutivos hay un mandato que a una semana de la declaración no se ha cumplido, a pesar de que no requiere recursos, sino sólo la voluntad de acatar las disposiciones y medidas que son de carácter obligatorio.

El resolutivo segundo ordena: “En cumplimiento de la fracción III del artículo 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso con relación al artículo 26, fracción III, inciso a) y d) de la Ley General de Acceso, el Gobierno del estado de Sonora, a través del Ejecutivo Estatal deberá emitir un mensaje a la ciudadanía de aceptación de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo, así como un posicionamiento de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres y las niñas.

Este mensaje deberá ser difundido en las principales lenguas indígenas con presencia en la entidad a través de todos los medios que sean accesibles para personas con discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y deberá ser divulgado en medios de comunicación masivos y radios comunitarias”.

Nada de lo escrito ahí ha sido realizado. Como nunca fue difundido el contenido de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contra las mujeres y otras disposiciones que en sus artículos transitorios así lo ordenan. Esta primera Alerta de Género declarada para el estado de Sonora por la Conavim, fue la primera que se solicitó para varios municipios por feminicidio y desaparición.

En Sonora se han solicitado tres AVG, una por feminicidio sólo para el municipio de Cajeme, otra para seis municipios, por feminicidio y desaparición, y una tercera por agravio comparado no resuelta aún.

Ninguna está relacionada, son procesos distintos, no son continuidad de alguna solicitud anterior, no “agrega” otros municipios a la primera solicitud pues son procesos independientes y parten de diagnósticos distintos en diversos momentos y para territorios diversos.

Las solicitudes pueden concluir en una declaratoria de no procedencia como ocurrió con la solicitud de AVGM para Cajeme en 2017, que terminó y cerró el proceso; o en una declaratoria de procedencia como la declarada el viernes 20 de agosto del 2021 en Hermosillo, Sonora.

Pueden ser de dos tipos: Por violencia feminicida y por agravio comparado. Ambas son de naturaleza distinta por lo que no se pueden mezclar ni acumular, y hay que darles el tratamiento que se merece cada uno de los temas, pues ambos afectan de manera directa a las mujeres y niñas.

La contundencia de la AVGM por feminicidio evidencia la gravedad del riesgo de perder la vida de las mujeres, y urge a establecer una estrategia para proteger la vida y la libertad de las mujeres y niñas en determinado territorio. Por su parte, la de agravio comparado protege el derecho a la no discriminación por normativas contrarias a los Derechos Humanos.

En un sucinto resumen diremos que la AVGM declarada para seis municipios del estado de Sonora se dividen en Medidas de prevención, Medidas de seguridad, Medidas de justicia y Medidas de reparación del daño.

En total son 31 medidas en cuatro dimensiones que abarcan hasta once en el caso de la prevención; ocho en seguridad; siete en justicia y cinco en reparación del daño.

Sin embargo, es importante destacar algunas que son impostergables, y que no habían sido incluidas en ningún plan ni programa del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres. De ahí su relevancia, pues no tienen antecedente por lo que no tienen carácter de rezago, sino de disposición obligatoria de acuerdo a los nuevos acontecimientos en la configuración del feminicidio y la desaparición de mujeres y niñas en Sonora.

El diagnóstico sobre desaparición de mujeres y niñas como una de las medidas de prevención. Esto es porque a la fecha no existe un retrato confiable de lo que está sucediendo con las mujeres que día a día son reportadas como desaparecidas ante los colectivos ciudadanos de búsqueda de personas, y que son publicadas a través de sus redes sociales.

Tampoco hay una estadística sobre las denuncias de desaparición de mujeres y niñas que pueda ser consultada en tiempo real, para conocer la activación y desactivación de la búsqueda y en caso de hallarlas con vida cómo se encuentra y qué fue lo que sucedió durante su desaparición, con la finalidad de establecer patrones que permitan la prevención.

En las medidas de justicia es importante destacar la necesidad de crear un mecanismo de seguimiento y evaluación del Protocolo Alba.

Esto porque no obstante que se formuló como un resolutivo de la sentencia de Campo Algodonero, Sonora fue de los últimos estados en crearlo y todavía no es aplicado correctamente.

Incluso, en 2016 se creó un protocolo de búsqueda de niñas, niños y mujeres que distaba mucho del objetivo del Protocolo Alba, la búsqueda inmediata de mujeres, derivado de la sentencia al Estado mexicano conocida como de Campo Algodonero.

La otra gran medida en la que se debe poner énfasis es en garantizar a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y víctimas directas o indirectas, servicios integrales de atención temprana, pues ante la ausencia de Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEEAV) entre otras omisiones, las niñas y niños en orfandad por feminicidio están totalmente desprotegidos.

21/SNE/LGL

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CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer

Cuando la Secretaría de Salud de Sonora convocó a periodistas a acompañar en un recorrido por las áreas COVID-19 del Hospital General del Estado (HGE), se cumplió una de las inquietudes periodísticas desarrolladas durante la pandemia, pero que parecía imposible.

¿Cómo estarán atendiendo? ¿Cómo estarán los pacientes? ¿Por qué se mueren tantos? ¿Será la causa una mala atención o falta de equipo especializado?

Eran muchas preguntas, pocas respuestas ya que las áreas estaban restringidas al personal médico, y ni familiares podían ingresar a ver a su pariente enfermo.

Las historias corrían como ríos. “Murió afuera del hospital por falta de atención”, “No alcanzan las camas con ventilador, son muchos los pacientes”, “Familiares no vuelven a ver a las personas enfermas hasta que salen sin vida o recuperados del hospital”.

Algunas de ellas medias verdades o francamente falsedades. Lo cierto es que este mes de agosto se cumplió un deseo natural de cualquier periodista de poder constatar por sí misma o mismo el estado que guardan las áreas más temidas de los hospitales.

El recorrido del martes pasado fue sólo una probadita de lo que ocurre realmente, pues sólo fue en dos salas, una de COVID-19 de mediana gravedad y otra donde los pacientes, inconscientes, respiran gracias al auxilio de un ventilador mecánico.

Foto: Silvia Núñez Esquer

No es para nada el reflejo de lo que ocurrió al principio donde todo era caos y desconocimiento aún para el personal médico que aprendía del Virus SARS-CoV-2 y la infección que provoca, junto con los pacientes.

Tratamientos, manejo del paciente, aplicación de maniobras eran basadas en lo que se conocía de enfermedades respiratorias graves conocidas, y desde luego, de las neumonías.

Médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, se empezaron a infectar y a enfermar, algunos en forma grave y a morir.

Hoy es otro el panorama, con el esquema de vacunación completa contra COVID-19 grave, el personal médico se observa relajado, concentrado en sus pacientes, atendiéndolos con la certeza de que, según la gravedad de cada cual, el tratamiento funcionará adecuadamente.

En ese contexto el periodismo hacía lo suyo, informar de acuerdo a los conocimientos disponibles, a reportes, a nuevos protocolos que se daban a conocer, siempre con información controlada por las instituciones de salud y los organismos reguladores de medicamentos, manejo de pacientes, protocolos, entre otros.

El miércoles pasado la visita consistió más en un intento de la Secretaría de Salud de que las y los periodistas nos percatáramos de lo que el personal y el hospital hacen para atender a quienes padecen COVID-19 grave.

La intención es que fuéramos portavoces de lo que ahí sucede, de lo que médicas y médicos, personal de enfermería y de limpieza siente cuando desarrolla su trabajo por una jornada de ocho horas, ahí dentro.

La experiencia dio resultado. Quienes ingresamos pudimos experimentar la vivencia de vestirse como lo hiciera el personal de salud al principio de la pandemia, con trajes pesados, con varias capas de ropa, impermeables, y equipo incómodo para proteger la cara que es por donde hoy se tiene la seguridad es la entrada que permite introducirse el virus, por boca, nariz y ojos.

“Un buen cubre bocas KN 95 y una careta es suficiente. Hoy se sabe que con protección facial no te contagias”, aseguró el coordinador del área COVID-19 del HGE quien nos guió por el lugar.

Si bien las ruedas de prensa locales nunca se suspendieron, ni los reportes estatales diarios, la agenda la definía la institución. Las preguntas incluso acotadas a “relacionadas con la pandemia, nada político”, se nos dijo en alguna ocasión.

Es por ello que la visita al área COVID-19 del miércoles fue inédita en varios sentidos. El coordinador de esa parte del hospital estuvo dispuesto a responder toda clase de preguntas sin cortapisas, por lo que pudimos preguntar ampliamente sobre múltiples aspectos, incluso sobre las carencias del hospital. Más aún, varias compañeras y compañeros hicieron transmisiones en vivo sin ser cuestionados.

El único límite que se externó fue la confidencialidad de los pacientes. Sin fotos, sin video de sus rostros, ni algún otro rasgo que los identifique. Nada que no esté ya plasmado en los derechos del paciente. Se cuidó la ética periodística y se dio libertad.

Desde el momento de las transmisiones en tiempo real que hacían algunas compañeras y compañeros empezó la crítica de internautas que decían que eso sólo era morbo. Otros más criticaron a la Secretaría de Salud por haber organizado esa visita al área COVID-19 del HGE.

Foto: Silvia Núñez Esquer

El propio responsable de Comunicación social de la institución aclaró en sus redes sociales que fue idea suya y que estaba convencido de que era útil que las y los periodistas transmitieran a la población la necesidad de seguir con los cuidados conocidos para evitar los contagios masivos y el agravamiento de quienes todavía no cuentan con su esquema de vacunación, principalmente las personas jóvenes.

Quienes participamos en el ejercicio no hicimos otra cosa que hacer nuestro trabajo, y la institución lo facilitó. Por ello rescato algunos de los conceptos del manual publicado por la OMS, OPS Y OMS para las Américas, con el cual concordamos totalmente.

“En este documento se procura brindar herramientas para que los periodistas puedan realizar una cobertura responsable de la pandemia y brinda información basada en la evidencia”. Nadie puede constatar la evidencia si no está frente a ella o ante una fuente veraz.

“Los medios de comunicación desempeñan un papel clave en informar a la población de forma clara y comprensible, y en promover comportamientos para que las personas puedan proteger su salud y la de sus seres queridos”. Es por ello que el periodismo se consideró desde el principio de la pandemia como una actividad esencial y lo sigue siendo.

“Los medios de comunicación pueden contribuir a un cambio de comportamientos que ayuden a disminuir la propagación de la enfermedad y a no sobrecargar los servicios de salud, cuya capacidad de atención de urgencias y de cuidados intensivos puede resultar limitada. Los periodistas tienen el poder de contar historias e inspirar a las personas a actuar de manera colectiva. La solidaridad de todas las personas, comunidades y organizaciones es necesaria para superar esta pandemia”.

Manual para periodistas que cubren COVID-19

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CIMACFoto: César Martínez López

Hermosillo, Son. Excluidas del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, las mujeres no tendrán voz en ese órgano de la ciudadanía al menos en el lapso de los próximos cuatro a 12 años, luego de que la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich, en su carácter de presidenta del mismo, nombró sólo a varones como nuevos integrantes de este Comité.

De los nueve nombramientos ( 3 con vigencia de 4 años, 3 de 8 y el resto de 12 años), no hay ninguna mujer ni como propietaria, ni como suplente, por lo que 18 hombres serán quienes den su opinión e influyan en la política de Seguridad Pública en el estado de Sonora.

Boletín oficial del Estado de Sonora, 29 marzo de 2021

Es importante mencionar que durante la gestión de gobierno de Pavlovich Arellano (2015-2021) nunca se nombró a alguna mujer como secretaria, por lo que el gabinete se caracterizó por ser de hombres que acompañaron a la titular.

En varias Secretarías hubo relevo luego de renuncias por razones diversas, y en ninguno de los casos se contempló a alguna mujer de las tantas colaboradoras de alto nivel académico con el que cuenta en puestos menores.

La única posición para la que, haciendo uso de su prerrogativa como titular del poder ejecutivo propuso a una mujer, fue para dirigir la Fiscalía General del Justicia del Estado de Sonora, órgano que en teoría es autónomo, pero que la persona titular es propuesta por la o el gobernador.

De esta forma el gabinete de Seguridad que se reúne para diseñar la política de seguridad pública en Sonora, más las opiniones y recomendaciones del Comité Ciudadano de Seguridad pública, quedan en manos de hombres.

La Ley de igualdad en Sonora queda totalmente rebasada e ignorada pues en los puestos de gobierno parecería que es un principio que las mujeres no mandan y continúan siendo relegadas a los puestos menores, o a los tradicionales “asuntos de mujeres”.

El que dicho comité esté constituido solo por hombres marca una pauta clara de que la visión de seguridad pública tiene que ver con proteger el patrimonio, los bienes que interesan a los hombres, y a determinadas clases sociales.

Basta con analizar en el boletín oficial del 29 de marzo de 2021 el contexto en el que fueron nombrados los integrantes para darnos cuenta a quiénes representan .

El BO marca el inicio del acuerdo que designa a los representantes ciudadanos integrantes del Comité ciudadano de seguridad pública y sus respectivos suplentes.

Según la legislación, el comité ciudadano es una instancia autónoma adscrita al Consejo Estatal de Seguridad Pública, conformada por nueve representantes ciudadanos (y sus suplentes).

Lo importante del comité ciudadano es que tiene por objeto coadyuvar con las autoridades de seguridad pública del estado y de los municipios.

Explica el acuerdo, publicado en el Boletín Oficial que tendrán posibilidad de analizar junto con las autoridades: “el fenómeno delictivo, las conductas antisociales y las infracciones administrativas, generando propuestas de planes, programas y acciones de corto, mediano y largo plazo para la consecución del objeto y fines de ese mismo ordenamiento legal”, nada más y nada menos.

También describe cómo deben ser quienes aspiren y sean nombrados como integrantes del consejo: “El Comité Ciudadano de Seguridad Pública se conformará por nueve representantes ciudadanos y sus respectivos suplentes, que los integrantes del mismo comité se renovarán cada cuatro años y de manera escalonada”.

Además especifica que corresponde al presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en este caso la gobernadora, hacer la designación de los mismos.

Se estima pertinente -dice el BO-  que la designación de los representantes ciudadanos recaiga en aquellas personas que, además de reunir los requisitos legales de “formación profesional, ejercicio profesional y conocimientos en materia de seguridad pública”, garantizan el desempeño de sus funciones en el comité ciudadano “con objetividad, imparcialidad, honestidad, responsabilidad y el manejo confidencial de aquella documentación o información que por razón de su naturaleza y contenido, pueda producir algún daño, peligro o afectación a personas o instituciones”.

Todas esas características parecerían ser propias solo de hombres y no ser posible que la gobernadora las encontrara en algunas mujeres.

La justificación para nulificar a las mujeres de la visión de seguridad pública en Sonora, puede ser que la convocatoria estuvo abierta para toda la población y era posible que cualquiera fuera postulada o postulado.

Sin embargo, las organizaciones de mujeres no fueron convocadas, de acuerdo al sondeo que hicimos entre los colectivos que inciden en legislación y políticas públicas por una vida libre de violencia para las mujeres.

Según este sondeo, quienes tienen experiencia y conocimiento en políticas públicas de seguridad y protección ciudadana para las mujeres con perspectiva de género, nunca conocieron la convocatoria, pues ninguna tuvo acceso al documento a pesar de que estuvo vigente, se designaron y finalmente se les otorgó el nombramiento oficial a los integrantes desde el 29 de marzo pasado.

De origen, la convocatoria del 4 de agosto de 2016 (sic) es excluyente al no indicar que al menos la mitad de las personas integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública deberían ser para cada uno de los géneros.

Tampoco está caracterizado por la inter seccionalidad ni la inter culturalidad. Esto hace que muchos sectores de la población, sobre todo los más vulnerabilizados, estén excluidos.

En esta visión arcaica de Seguridad pública que omite la seguridad y protección ciudadana, ni por asomo se advierte el enfoque de Derechos Humanos ni perspectiva de género, lo cual explicaría la exclusión de las mujeres.

Los integrantes provienen de cámaras y organizaciones empresariales, con lo que se da por sentado que está representada la sociedad civil, incluso las únicas dos mujeres que han pertenecido a ese comité en el pasado, Mirna Rea Sánchez y Cecilia Bours Martínez, también provienen de la clase empresarial.

Este órgano colectivo ciudadano vuelve a reafirmar la inclinación acusada a ignorar no solo el punto de vista de las mujeres, sino desconocer a las propias víctimas que podrían hacer propuestas de prevención. Una vez más la violencia de género y su prevención seguirán siendo ignoradas, pues está comprobado que a los hombres les interesan sus bienes patrimoniales, las mujeres que se defiendan solas.

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Foto: Silvia Núñez Esquer

“Las taradas” son las defensoras de Derechos Humanos de las mujeres, según la presidenta municipal de Hermosillo. Para ella, las defensoras viven con una “tara”.

En el pasado decirle “tarada” a una persona, significaba una ofensa verbal para insultar a alguien que nos había agredido, o con la que no estábamos de acuerdo en algún tema.

Poco a poco, y con el avance del reconocimiento a los Derechos Humanos en la legislación, producto de la firma de tratados internacionales, el avance en la claridad médica indica que padecer una “tara” es como vivir con alguna discapacidad y eso se respeta, porque el mundo es de todas y todos, seamos o no discapacitados.

La “tara” es un nombre femenino, dice el diccionario. El vocablo se refiere a un defecto físico de una persona, especialmente el que es grave y hereditario.

Otra acepción de “tara” es la que la define como un defecto de una cosa manufacturada, especialmente el que no pasa de ser una leve imperfección que disminuye el valor del objeto.

Pero también en Chile y Perú, la “tara” se refiere a una planta arbustiva de flores amarillas y frutos en legumbres esponjosas y oblongas de la que se obtiene una sustancia que se emplea para teñir.

En Venezuela por “tara” se entiende que es un insecto de cuerpo muy largo y estrecho de hasta nueve centímetros de longitud, color verde o amarillento, con las patas delanteras largas y robustas, provistas de fuertes espolones y espinas, entre los cuales quedan atrapados los insectos de que se alimenta; cuando está en reposo, une las patas delanteras en una actitud que recuerda a una figura orante; la hembra suele devorar al macho tras la cópula.

Y también en Venezuela, se conoce como “tara” al nombre común con que se denomina a distintas especies de mariposas.

De todas estas definiciones que encontramos en el diccionario, es tal vez la última con la que nos identificamos las feministas, defensoras de Derechos Humanos de las mujeres, a quienes la presidenta municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas calificó de “taradas”.

Esta no es la primera vez que la alcaldesa se refiere a algún sector de la ciudadanía con algún calificativo para denostar el objetivo o acción de ese grupo.

Su intención parecería utilizar un lenguaje “popular” al incluir en sus discursos frases como “para que no me chinguen”, “hay que arreglar las cosas en casa por las buenas, no a chingadazos”, “si te tomas una caguama a diario o solo pisteas en fin de semana, pues estás jodido”, y otros.

Pero este 29 de marzo su narrativa fue de antología. Su discurso ante jóvenes a los que pretendía influenciar para buscar la intención del voto a su favor en las próximas elecciones, pues pretende repetir su trienio al frente del municipio de Hermosillo, se salió de lo “popular”, y pasó al terreno de lo misógino e ilegal.

Abogada de profesión, Celida López no midió las consecuencias de su arenga, pues incurrió en varios dichos que podrían configurar no sólo violaciones a Derechos Humanos, sino en promoción de odio hacia las feministas que se han manifestado en Hermosillo, particularmente por aborto legal.

Al ser un tema con el que no está de acuerdo, su convicción religiosa que ha expresado en múltiples ocasiones, la ha cegado para poder ubicarse en la posición de alcaldesa de todas y todos, y posicionarse como servidora del “señor” (Dios).

Su religiosidad la ha llevado a agradecer primero que a nadie a los ministerios religiosos que la apoyaron en su campaña proselitista, al momento de recibir su constancia de mayoría de votos al ganar la elección en 2018.

Al tomar protesta como alcaldesa, agradeció antes que a ningún otro invitado, al arzobispo de Hermosillo, presente entre otros. De igual forma, en algún momento cuando le solicitaron por primera vez que el palacio de gobierno municipal se iluminara con los colores del arcoíris durante el mes de junio se negó.

Arguyó que no lo podía autorizar, como se lo habían solicitado colectivos LGBTTTIQ+ porque eso estaba fuera de sus convicciones, así como la práctica del aborto legal. Finalmente accedió, cuando se lo pidieron otros colectivos, y el palacio se iluminó en el año de la pandemia (2020), visto solo en fotografías por la sociedad pues la ciudad se encontraba en confinamiento total.

En la historia de Hermosillo quedará su imagen pintando con brocha gorda las paredes de la catedral que habían sido lienzo para que las manifestantes del 8 de marzo del 2020 expresaran sus consignas, particularmente “las niñas no se tocan”, aludiendo a la pederastia clerical ampliamente documentada en México.

Para las “taradas” ni una palabra, ni un pronunciamiento, ni un mensaje, ni una llamada para averiguar lo que sí es de su incumbencia como presidenta municipal, saber cómo estaban las defensoras que habían sido agredidas en la marcha, por un hombre armado con un bat.

Ninguna muestra de solidaridad con las jóvenes a quienes ese día les quebraron vidrios de sus carros, con las otras a las que les robaron, con otras más a las que acosaron a familiares cercanos, a quienes también frente a sus propios domicilios les vandalizaron sus vehículos estacionados.

Nada hacia las que tuvieron que salir desplazadas hacia otras ciudades a partir del 8 de marzo, en que les profirieron amenazas, y les montaron guardias en vehículos desconocidos frente a sus viviendas.

Desde ahí Celida marcó distancia de las luchas legítimas de las mujeres, sobre todo las jóvenes de pañuelo verde, color de la esperanza que tienen en que sus derechos sean plenamente reconocidos.

En cambio, estrechó su apoyo total, así lo declaró al finalizar la marcha, a la Iglesia católica, incluso ayudó a pintar las paredes con sus propias manos. Declaró en contra de las manifestantes, y nada dijo de las agresiones que sufrieron éstas.

El lunes pasado su discurso salió del alma, de su corazón. Su odio hacia las defensoras de la vida y libertad de las mujeres no le permitió moderar sus palabras y poner límites. Y si los puso, éstos siguieron los carriles religiosos, no los legales que corresponden dada su investidura.

Ahora que busca su reelección, Celida seguramente pagará los costos de su ligereza al referirse a un movimiento que, aunque ella no lo sepa, la llevó a donde está. El feminismo ha sentado a mujeres en curules, en sillas presidenciales municipales, en gobiernos estatales, pero la mayoría de quienes los han ocupado no han emanado del propio movimiento feminista.

Tal vez la actuación de Celida López Cárdenas sirva para emprender desde ahora, una campaña para que ni una mujer misógina más sea llevada al poder por los movimientos feministas. Hoy las “taradas” están pidiendo sanción para la alcaldesa y todo hace indicar que pronto se convertirá en un clamor generalizado.

Petición abierta por el colectivo “Las Taradas” para solicitar sanción a la presidenta municipal de Hermosillo por sus dichos violentos contra las manifestantes por aborto legal.

21/SNE/LGL

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CIMACFoto: César Martínez López

El título de la columna de hoy, parece una total contradicción, pero no es otra cosa que la situación del tratamiento que se da a la violencia contra las mujeres en México.

Hoy, jueves 6 de agosto, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina realizada en Ciudad Obregón, Sonora, que las violaciones en Sonora bajaron. También dijo que el feminicidio bajó y que todos los días lo ven en la mesa de seguridad.

“Se le da un trato especial” le dijo al reportero que le preguntó sobre el tema, mientras esperaba que el Almirante José Rafael Ojeda Durán “encontrara” las cifras que el mandatario le solicitó pusieran en la pantalla.

El comandante de la Guardia Nacional hizo la comedia de estar buscando entre sus papeles, como si no supiera que no estaban entre esos apuntes con los que se apoyó mientras exponía al principio de la conferencia los datos de la incidencia delictiva en el municipio de Cajeme, y en Sonora en general.

La cara que puso el presidente mientras le inquiría por los datos, el almirante que no los encontraba, y sabía que no los encontraría porque no los tenía, es la misma que ponemos nosotras como periodistas y defensoras de Derechos Humanos, cada que vemos que el feminicidio no está contemplado en sus reportes que exponen en las conferencias matutinas que dan en los municipios a los que visitan.

Quienes documentamos casos de violaciones a Derechos Humanos de las mujeres y la más grave, el feminicidio, no entendemos por qué esconden las cifras de ese delito y lo minimizan al quitarlo del conjunto de delitos graves.

Quedará como una mañanera de antología en la que el gobierno federal, hoy con la instancia más confiable para los números sobre incidencia delictiva incluso de los delitos de género, -el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- presente a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no supo qué decir y al final tuvo que echar mano de los datos locales, que tienen qué ver con el poder judicial estatal, pero que son orgullo de quien le auxilió en el vergonzoso momento: la Fiscalía General de justicia del estado de Sonora.

La violación en Sonora es uno de los delitos que más incrementó, dicen los reportes del 2020. Un total de 95 violaciones simples y 27 violaciones equiparadas, mientras que en 2019 el reporte fue de 76 violaciones simples, y 31 violaciones equiparadas.

Pero el presidente afirmó que la violación había bajado en Sonora y que eso era muy bueno. Por supuesto que no se apoyó en ninguna cifra, sino en su memoria, o en la percepción de lo que él sabe, de acuerdo a lo que le informan.

Y eso es preocupante, pues en la entidad es público y está muy documentado el incremento no sólo en las denuncias, sino en la crueldad de los ataques tanto de violación como de violación en grado de tentativa. De hecho, todos los delitos sexuales han presentado aumento.

Fue un momento incómodo donde quedó claro que así como el coronel de García Márquez no tenía quién le escribiera, el presidente no tiene quién le informe.

Y mientras él se conducía con aparente naturalidad, el almirante hacía como que buscaba, mientras seguramente se preguntaba: “¿por qué pregunta por el feminicidio? Si nosotros solo registramos y reportamos los delitos graves, importantes”.

El robo de combustible, el homicidio doloso –que en las conferencias mañaneras no desagregan por sexo-, robo de vehículo y robo a casa habitación, son los delitos que se consideran relevantes para estar actualizando en cada estado que visitan.

Estamos ante el re auge de la creencia de que los asesinatos de mujeres y otros delitos que se cometen primordialmente contra las mujeres son asuntos de mujeres.

Ante esa percepción, deben ser el Inmujeres, la Conavim y las instancias de las mujeres las que atiendan esos asuntos, por lo que no constituyen un interés institucional de seguridad nacional.

Y es que mientras en los primeros delitos no sabemos quiénes puedan ser los delincuentes que los cometan ni contra quiénes los van a cometer, hasta que se produce la acción, en el caso de los delitos de género sí hay una presunción, de antemano si se investigan y se juzgan con perspectiva de género.

El feminicidio, la violación, la trata de mujeres y la violencia sexual generalizada contra las mujeres y niñas, son delitos en donde la mitad de la población es potencialmente agresora y la otra mitad es potencialmente víctima, y eso no es fácil de asimilar.

Por ello es más fácil desde la visión androcéntrica ver a las mujeres como un sector “vulnerable”, al que agreden, pero “igual que lo pueden hacer contra los hombres”.

No hay una política pública con enfoque de género, pues a menudo cuando al presidente le preguntan qué está haciendo para prevenir el feminicidio y la violencia de género en general, responde con los beneficios económicos que su gobierno ha traído para las comunidades “vulnerables”.

Es así que al no haber un enfoque de género en su visión de gobierno, igual puede dar pensión a un feminicida que a su potencial víctima, a la que esté agrediendo sistemáticamente, siempre y cuando sean ambos mayores de 65 años.

De igual forma, un joven violador puede acceder a una beca de “Jóvenes construyendo el Futuro”, al igual que una niña a la que éste haya agredido sexualmente, mientras ella sea discapacitada.

Un indígena que haya abusado sexualmente de su esposa, su hija, y de su nieta puede acceder a las pensiones preferenciales por el solo hecho de pertenecer a una etnia de pueblo originario.

Se lee fuerte, pero así es posible que suceda en este gobierno, cuyo principal objetivo es combatir la corrupción, pero no la violencia de género y la discriminación histórica hacia las mujeres.

Habla de llegar a las comunidades indígenas con beneficios de salud, en su idioma, pero recorta los recursos a las Casas de la mujer indígena que son las únicas que pueden hacerlo pues están integradas a la comunidad y son constituidas por personas de confianza, que hablan el idioma.

Pero no, no bajó la violación y el feminicidio registra menos casos, pero eso lo decide la Fiscalía General de Justicia al clasificarlos así, y eso al presidente no se lo han informado.

20/SNE/LGL

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CIMACFoto: César Martínez López

En Sonora, la iniciativa para armonizar el marco legislativo que protege los derechos y libertades de las mujeres en materia de violencia digital de género se presentó en marzo pasado. Fue la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, quien personalmente la entregó en un acto protocolario al congreso estatal, a representantes de diversas comisiones de la 62 legislatura.

En el acto había también invitados especiales como la fiscal general de Justicia del estado, Claudia Indira Contreras, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez. Así de importante era la iniciativa que aparentemente unía a todas las bancadas partidistas, pues era un tema en el que todas y todos estaban de acuerdo. Después vimos que no fue así.

“Se trata de una ley que protegerá a las mujeres de ciberacoso, ciber violencia y ciber chantaje, entre otras”, se leía en los medios el 5 de marzo del 2020. Todos estaban felices, era una fiesta de unidad en torno a una propuesta, que como pocas, parecía que saldría pronto y entraría en vigencia inmediatamente.

No solo eso, para las feministas esto era por fin el reconocimiento de que las mujeres somos dueñas de nuestra intimidad sexual, rompiendo con la imposición histórica de que nuestra sexualidad es de y para los demás. La “Ley Olimpia” es una reapropiación nada menos que de la sexualidad de las mujeres para sí mismas, de ahí la sanción si no hay consentimiento.

Cuatro meses han transcurrido, mismos que han coincidido con la vivencia de la pandemia. Las condiciones de confinamiento y distanciamiento social han favorecido la imposibilidad de reuniones, manifestaciones, y actos de análisis presencial entre ciudadanas y quienes legislan.

La iniciativa de la gobernadora coincidía con la convocatoria al Parlamento de Mujeres organizado por la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Alicia Gaytán, y con algunas propuestas ciudadanas que se presentaron en ese foro para legislar la violencia digital.

La propuesta gubernamental pretende reformar el Código Penal, el Código Civil, la Ley Estatal de Responsabilidades y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos para el estado de Sonora.

Mientras toda la atención estaba en la pandemia, el congreso sesionaba en periodo extraordinario, y fue así que, en un desafío inusitado, el jurídico del congreso, afín al Partido Revolucionario Institucional, incluyó en el dictamen del 12 de junio un artículo que a todas luces llevaba como objetivo acallar las voces que monitorean a las personalidades políticas y las exhiben en situaciones relacionadas con su quehacer político.

El jurídico se atrevió a incluir algo que no estaba en la iniciativa y que ninguna diputada o diputado había solicitado. El dictamen estaba sucio, manchado por la manipulación de una facción política en lo que toda la sociedad vio como un intento de aplicar la “Ley Mordaza”, aprovechando el proceso de legislación de la “Ley Olimpia”.

En el dictamen del 12 de junio se pretendía sancionar a: “Quien por cualquier medio relacionado con Tecnologías de la Información y/o de la Comunicación, sin el consentimiento de la persona que legalmente deba proporcionarlo, publique, revele, divulgue, o difunda información apócrifa, editada o alterada, así como amenazas, mensajes de odio, en perjuicio de su intimidad, imagen pública o su derecho a la no alteración de identidad personal, se le impondrá de cuatro a seis años de prisión y de ciento cincuenta a trescientas Unidades de Medida y Actualización. La pena se agravará en una mitad cuando:

I. La acción nuclear recaiga sobre contenido sexual, atente contra la dignidad o el libre desarrollo emocional; II. Sea cometido por alguna  persona servidora pública o integrante de las instituciones de Seguridad Pública en ejercicio de sus funciones, incluyendo a los integrantes de órganos ciudadanos que reciban recursos públicos; III. La acción se cometa con el objeto de denigrar, afectar o perjudicar la imagen política o social de una persona;”.

La “Ley Olimpia” perdía su espíritu, pues lo que pretendía proteger, la intimidad sexual de las mujeres, de pronto se convertía en una ley para impedir la crítica, y la circunstancia del contenido sexual se convertía solo en uno de los supuestos.

En respuesta, el “Observatorio Contra el Acoso México”, con sede en Hermosillo, Sonora, se pronunció a través de un comunicado en contra de cualquier acción que se aleje de la finalidad que tiene esta ley a favor de las mujeres, adolescentes y niñas, ya que esa ley fue propuesta para garantizar el respeto a la intimidad sexual de las mujeres, no para ser usada a beneficio de nadie más que el de la seguridad e integridad de las víctimas.

Por esa irregularidad en donde el jurídico se arrogó facultades que son propias de las y los legisladores, la Comisión de Igualdad de Género pidió que se rehiciera el documento, lo cual se aceptó.

Sin embargo, lo volvieron a hacer. El 21 de julio sesionaron las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Igualdad de Género unidas, para dictaminar la “Ley Olimpia”, pero cuál no sería la sorpresa, que el PRI insiste en utilizarla para aplicar sanciones a las voces críticas.

La forma se ha sofisticado, ya no es tan burdo y claro, sino que lo llevan a la discusión de una palabra, pero ¡Qué palabra! es el término crucial para legislar la “Ley Olimpia”, casi podemos decir que, si no está, es otra la ley que se está dictaminando.

El PRI insiste en hablar de “intimidad”, pero las diputadas Alicia Gaytán, Miroslava Luján y María Dolores del Río, de Morena y Movimiento Ciudadano respectivamente, observan que debe decir “intimidad sexual”, pues de otra forma se pierde el espíritu de la Ley.

Esto es en el Código Penal de Sonora, al cual se está proponiendo también retirar como delito el sexting que erróneamente se había incluido como conducta delictiva, e incluir el delito de: “violación a la intimidad”.

El problema ahora es que la composición de las comisiones dictaminadoras incluye a diputadas y diputados que, a juzgar por la sesión virtual del 21 de julio, actúan por un lineamiento establecido afín al PRI, pues en sus intervenciones exhibieron su desconocimiento sobre los antecedentes y objetivos de la “Ley Olimpia”, incluso confundiendo casos mediáticos, y comentando que no eran de carácter sexual, cuando justo el ataque fue a la intimidad sexual.

La votación no arrojó un dictamen pues hubo empate. Con esto la Ley Olimpia en Sonora sigue en el aire, se retrasa una vez más, pues no hay fecha para la siguiente sesión de comisiones. Votan legisladores que no conocen el tema, otras y otros permanecen callados, solo cierran filas con quien la está deteniendo para brindarle su voto.

Sonora sigue en rezago de armonización legislativa para garantizar el ejercicio de todos los derechos para todas y todos.

20/SNE/LGL

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CIMACFoto: César Martínez López

El estado de Sonora fue uno de los primeros que armonizó la legislación sobre derechos de las mujeres en la década de los noventas, en el primer gran impulso de la Plataforma de Acción de Beijing ´95, y a principios del siglo que corre.

Sin embargo, se estancó esa armonización cuando los grupos reaccionarios y contrarios a la apropiación del cuerpo de las mujeres para sí mismas antes que para los demás, tomaron protagonismo. En 2008 se visualizó la posibilidad de que se reformaran algunas normas, entre ellas las Constituciones locales y los Códigos penales, para dejar de considerar el aborto como delito en los mismos términos que el entonces Distrito Federal.

A partir de ahí, dichos grupos no han hecho otra cosa que bloquear cualquier iniciativa que tenga que ver con el progreso del ejercicio de derechos tanto de las mujeres, como de adolescentes, personas de la comunidad LGBTTTIQA+, y todo intento de avance democrático sobre esos temas.

El primer gran golpe fue la reforma que hicieron al Artículo Primero de la Constitución de Sonora para reconocer al producto de la fecundación, a la que erróneamente le llamaron “concepción”, retomando el término religioso, para blindar la carta magna de una posible reforma que abriera a las mujeres la posibilidad de ejercer plenamente sus Derechos Humanos.

Después siguieron otros bloqueos al avance en reformas, particularmente sobre derechos de las mujeres en el ámbito familiar reforzando el sistema patriarcal a través del Código de Familia, logrando uno de los más machistas del país.

El matrimonio igualitario ha sido uno de los temas que sistemáticamente se estrella en el mismo lugar, las comisiones del Congreso, atendiendo a las peticiones de los grupos que insisten en imponer su modelo de familia patriarcal, apoyados por personajes políticos locales y nacionales.

El perdón y la conciliación, contrarias a las disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, se priorizaron sobre otras formas de procesar el delito de violencia familiar.

Hoy mismo en Sonora existe la posibilidad de que a alguna mujer que denuncie a su agresor por violencia familiar de género la presionen para que otorgue el perdón, que sea sometida a un proceso de mediación y de alguna manera dé el permiso para que la sigan violentando y hasta la priven de la vida.

El tipo penal de feminicidio como delito autónomo también se incluyó en el Código Penal de Sonora, como uno de los últimos estados en incluirlo, después de una lucha ardua.

El proceso de la “Ley Olimpia” cumple ese patrón que ha tenido el estado al ser uno de los últimos que todavía faltan de reformar el paquete legislativo que pueda reconocer y sancionar la violencia digital en todos los tipos en su ley local y en los códigos correspondientes.

En marzo pasado, en el marco del Día internacional de las mujeres, la gobernadora del estado de Sonora Claudia Pavlovich presentó una iniciativa llamada “Ley Olimpia” que consistía básicamente en incluir la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La propuesta fue muy bien vista pues propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código penal, Código civil, Ley estatal de responsabilidades y Ley de Acceso estatal.

Y aunque la definición de violencia digital vendría a fortalecer la legislación, ésta tiene dos aspectos que son cuestionables. El primero es que la violencia digital se incorpora como un tipo de violencia y no como una modalidad, que es el apartado de los ámbitos en donde se cometen los tipos de violencia.

El otro inconveniente es que refuerza la sanción para el sexting que está contemplado como un delito en el Código Penal.

Además de criminalizar el sexting, hoy reconocido como un derecho sexual, lo ubica en el capítulo de la “exposición pública de pornografía, exhibiciones obscenas y sexting”. Por sí misma, esta reforma podría ser contraproducente para las mujeres, por lo que habría que reformar, pero para incluir la violencia digital como delito, no el sexting.

En el pasado parlamento de mujeres convocado por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Sonora, participamos con una propuesta de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el estado de Sonora.

La reforma era puntual para que se incluyera la violencia digital en los mismos términos de la Ley General de Acceso que define la violencia digital como uno de los tipos de violencia en la fracción octava. En la reforma de septiembre de 2019, se incluyó la Violencia digital como:

“… aquellos actos de violencia de género cometidos en parte o totalmente, cuando se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto o llamadas vía teléfono celular, que causen daño psicológico o emocional, refuercen los prejuicios, dañen la reputación, causen pérdidas económicas, planteen barreras a la participación en la vida pública o privada  de la víctima o puedan conducir a formas de violencia sexual o física”.

Sin embargo, esta adolece del mismo problema que la iniciativa de la gobernadora, pues no es un tipo de violencia, sino una modalidad.

En estos días, como ha sucedido en otros estados, Olimpia Coral Melo quien inspiró esa ley por un caso personal de violencia digital, convocó a las mujeres, organizaciones y legisladoras de Sonora, para hacer un gran frente para analizar, presentar observaciones, y respaldar el proceso de concreción de la “Ley Olimpia” en la entidad. En ese momento crucial se encuentra.

Las legisladoras de varios partidos la han abrazado para llevarla a un buen término y que la tengamos como tantos otros estados, incluso algunos hace años. Los colectivos de mujeres, jóvenes en la mayoría, ven con muy buenos ojos que al fin se pueda contar con una herramienta para denunciar y sancionar la Violencia digital de género.

Ojalá que a la iniciativa se le hagan las adecuaciones necesarias, sobre todo en lo que se refiere al sexting pues no tendría sentido, dados los retrasos que ha tenido la legislación de Derechos Humanos de las mujeres, dejarla a medias y tener que reformarla en el futuro.

20/SNE/LGL

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CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer

Sonora podría hacer un catálogo de violencias contra las mujeres. Recientemente fuimos testigas de un efímero intento por denunciar a hombres acosadores sexuales, y violadores en un tendedero virtual iniciado por algunas jóvenes de Guaymas y Empalme, Sonora.

El proyecto quedó en un fugaz paso por la red social Twitter que duró 48 horas, pues la ira machista se desató y a través de cuentas falsas, intento de clonación del sitio, y otras estrategias que buscaron acallar las voces que rápidamente nutrieron el espacio con testimonios de cómo hombres que se desempeñan como maestros, jefes en algunos empleos y otros, han abusado de su jerarquía histórica de género y las usaron para los fines que ellos decidieron.

Como ocurrió con el Metoo, las chicas autoras se organizaron para salvaguardar pruebas y evidencias de las denuncias.

Esto no gustó a algunos hombres que de inmediato movieron sus redes para que en forma colectiva se intentara disuadir del proyecto, lo cual finalmente lograron a través de amenazas, insultos, y una especie de cacería contra otras colectivas feministas que no tenían nada que ver con la creación de la cuenta.

Dos días y el exilio de dos jóvenes, una que sí participó en la iniciativa y otra ajena a ella, es el saldo de lo que ocurrió en esta misma semana.

Por primera vez las adolescentes y jóvenes víctimas se atrevieron a poner en público lo que se cuenta en privado y a veces nunca se ha externado, por lo que la plataforma proporcionaría un espacio seguro para hacerlo público por primera vez.

Pero las amenazas y violencia digital diversa les impidieron continuar, y por decisión colectiva, cerraron temporalmente la cuenta, no sin antes agradecer a quienes depositaron su confianza en ellas, e informar que próximamente regresarán con una estrategia más segura para todas.

Violencia política de género

Wendy Briceño Zuloaga es una feminista de Hermosillo, Sonora, que decidió participar en política desde hace años en el Partido Morena, el cual contribuyó a construir y fundar.

Wendy Briceño ha sido atacada día a día por algunos columnistas que, desde hace meses, solo tratan ese tema, agrediendo a la legisladora con insultos, acusaciones y caricaturización, con la finalidad de deformar su imagen gráfica como diputada.

La estrategia es todos los días escribir sobre ella, pero nunca informar sobre lo que está realizando en su trabajo legislativo, ni jamás entrevistarla para brindar información desde la fuente primaria. Estas columnas también focalizan la violencia de género contra otras correligionarias de Briceño.

De ahí que en la medida que las agresiones han acumulado una cantidad y nivel exacerbado, la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de diputadas y diputados publicó en sus redes sociales el 2 de julio el siguiente posicionamiento:

“AVISO IMPORTANTE: Hay pseudocolumnistas que han estado atacándome sistemáticamente buscando descalificarme haciendo alusiones discriminatorias sobre orientación sexual y luchas pro derechos; e incluso modificando fotografías para escarnio; e invadiendo el derecho a mi privacidad y libertad.

También han estado lanzando una serie de señalamientos y aseveraciones hacia mi persona, sin dar prueba alguna de sus dichos. No hay día en que no lancen menciones llenas de odio selectivo, discriminación, violencia política y calumnias contra mí.

No he respondido porque: No son sujetos de diálogo quienes rentan su pluma y conciencia al mejor postor. No usaré mi derecho a réplica, sino que defenderé mis derechos vía recurso legal para demandar por odio selectivo, calumnias y violencia política. Tengo claros mis derechos y los haré valer”.

La carga de odio hacia cada una de las propuestas y/o avances en la legislación sobre reconocimiento de Derechos Humanos de las mujeres que impulsa Wendy Briceño es evidente en dichas columnas que no han cesado desde que ella asumió la presidencia de esa comisión. Parecería un “encargo” tal como ella lo señala al asegurar que “rentan la pluma”. No responderá ejerciendo el derecho de réplica porque no hay alguna información qué aclarar, simplemente no hay información, solo agresiones.

Violencia contra defensoras de Derechos Humanos

En el Diálogo #MujeresTransgresoras: “la importancia de la solidaridad nacional e internacional frente a las agresiones contra mujeres defensoras de los Derechos Humanos”, realizado a través de Facebook el 30 de junio, Yessica Sánchez Maya de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, hizo alusión a los datos de la Red Nacional de Defensoras, en la que Sonora aparece en la documentación de agresiones.

Pero no en cualquier lugar, sino en los primeros del país. Los principales estados en donde se perpetra la violencia contra defensoras de Derechos Humanos son: Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guerrero, Yucatán y Sonora. Esto deja al descubierto que esas entidades no tienen una claridad de cómo garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

En el marco de confinamiento asesinaron a tres defensoras: Paulina Gomez, María Elena Ferral y Karla Camarena, recordó Yéssica Maya. “Es un confinamiento confuso”, expresó, y la falta de diseño de una política estratégica de protección a las mujeres, ha puesto en mayor vulnerabilidad a las defensoras y a las mujeres en general.

Violencia contra mujeres periodistas

En el mapa “Cartografía de agresiones a mujeres periodistas, Geografía de las violencias contra las mujeres”, construida por Comunicación e Información de la Mujer, A.C. se evidencia que en Sonora se documentaron 21 casos en total de agresiones a mujeres periodistas.

La responsable del programa Libertad de expresión y género de CIMAC, Adriana Ramírez Venegas, la periodista y defensora de Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro, el Relator especial de la libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza y la periodista Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC como moderadora, presentaron el informe este 2 de julio.

En el mapa se puede distinguir que en diversos momentos y municipios las principales violencias que se perpetran en la entidad contra las mujeres periodistas son: violencia digital, acoso, censura, acoso judicial, detención arbitraria, amenazas, bloqueo de información institucional, e intento de desprestigio por parte de los grupos de poder, utilizando a otros periodistas.

Peor aún, algunas periodistas han recibido varias agresiones, en años distintos, y en respuesta a seguimiento periodístico específico que hacían en ese momento. Es por ello que aparecen en la base de datos en varias ocasiones.

Del 2010 al 2020, en Sonora fueron violentadas conductoras, reporteras, y directoras de medios, quienes fueron agredidas de diversas formas como se puede consultar en el mapa y base de datos que puso a disposición CIMAC, desde el 2 de julio.  

Todas estas violencias parecerían no existir para las instituciones pues nunca se mencionan ni se registran como tal. Solo si las víctimas denuncian ante las instancias correspondientes, se conoce entre el gremio periodístico.

Sin embargo, el mapa presentado por CIMAC, nos advierte que hay patrones de agresión identificados que, por cierto, se ejercen contra los diversos segmentos de mujeres antes descritos. Expresa también que Sonora no ha puesto en el foco de atención el prevenir las violencias ni contra las periodistas, ni contra otras mujeres y niñas. Sonora no anda bien en prevención de la violencia de género, pero tiene que reconocerlo.

20/SNE/LGL

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