María Esperanza Luciotto López:
dignidad, persistencia y amor transformado en lucha
Por Adriana Santos Pérez
Desde hace doce años María Esperanza Luciotto López inició una cruzada de dignidad, valentía y memoria, como respuesta a la indolencia de las autoridades de procuración de justicia de San Luis Potosí, (estado situado en la región centro-norte de la República Mexicana), encargadas de la investigación del feminicidio de su hija Karla Pontigo Luciotto, ocurrido el 28 de octubre de 2012
A partir de ese día comenzaría un camino de defensa de derechos y exigencia de justicia para su hija, y aunque no ha sido sencillo porque la ha obligado y a su familia a desplazarse e incluso a poner su vida en riesgo, su lucha inspira a otras madres y familias enteras que han perdido a sus hijas a causa de la violencia feminicida que ocurre en el estado.
La inacción de las autoridades y las irregularidades en la investigación en el feminicidio de Karla la obligaron a remar contra corriente y a forjar un carácter duro para poder acompañar a otras madres, que, como ella, han vivido la pérdida de una hija por feminicidio.
“Yo todavía tengo esperanza. Y esa luz que va a llegar algún día la justicia para mi hija”, afirmó María Esperanza Luciotto en entrevista con Cimacnoticias.
Un crimen envuelto en negligencia, simulación y violencia institucional.
Karla Pontigo Luciotto era estudiante de Nutrición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Fue encontrada gravemente herida en la discoteca «Play» donde trabajaba para costear sus estudios.
La versión oficial del Ministerio Público local aseguró que Karla murió al impactarse contra una puerta de cristal, que le provocó una herida en la pierna derecha que los médicos decidieron amputarle la madrugada del 28 de octubre de 2012. Fue mantenida por varias horas con un respirador en el Hospital Central del estado, tantas, que Esperanza perdió la cuenta. Sin respuestas, era presionada por el mismo personal médico para donar órganos. “Todo era una mentira, Karla ya había fallecido”, sostiene Esperanza.
El cuerpo de Karla presentaba contusiones en la cara, el cuello, los brazos, y lesiones de un ataque sexual. Así como el antecedente de que su jefe del bar la hostigaba constantemente.
La investigación fue un laberinto de irregularidades. No se le permitió el acompañamiento legal a la madre de la víctima, se le ocultó información, fue retenida sin justificación, y su deseo de interponer una denuncia fue rechazado hasta que accedió a «negociar» la donación de órganos de Karla con el nosocomio, para que le apoyaran a solicitar al Ministerio Público el levantamiento de su denuncia. El caso se clasificó como homicidio simple. Cada paso fue obstaculizado, cada solicitud ignorada.
Además de denunciar estas irregularidades, Esperanza fue violentada desde el inicio de este proceso. En el hospital le inyectaron tranquilizantes después de notarla “alterada” debido a la falta de respuesta del personal médico y a las urgencias en cuanto a la respuesta de donación de órganos.
Por parte del Ministerio Público porque tras levantar la denuncia, el cuerpo de Karla estuvo en espera por más de una hora para poder realizarle la necropsia de ley; y cuando solicitó por primera vez revisar el expediente de su hija, permaneció encerrada al menos 8 horas sin luz, sin agua ni alimento.
Debido a estas y otras irregularidades y a que no se investigó con perspectiva de género ni como feminicidio, en 2013, Esperanza —junto con su hijo Fernando— representados legalmente por la Fundación para la justicia y el Estado democrático de derecho (FJEDD), interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un juicio de amparo para denunciar la exclusión como víctimas indirectas, la falta de información sobre la investigación y la revictimización por parte de las autoridades.
El caso se volvió emblemático por la persistencia familiar y el activismo legal que lo acompañó.
Con ello, se convirtió en el segundo en llegar al máximo Tribunal de Justicia del país, el primero fue el de Mariana Lima Buendía, ocurrido en Chimalhuacán, Estado de México, en 2010 y que llegó a la Corte en 2013. En 2015, la SCJN emitió la primera sentencia por este caso la cual sentó precedentes importantes al obligar a investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio y con perspectiva de género.
En 2019, la Primera Sala de la SCJN otorgó un amparo a la familia de Karla Pontigo. Se reconoció que la investigación del caso fue deficiente y sin perspectiva de género. Se ordenó reabrir el expediente, reestructurar la investigación desde cero y tomar en cuenta estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y violencia feminicida.
“La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a rectificar que cada muerte violenta de mujeres sea investigada como feminicidio” enfatizó Esperanza, recordando porqué su lucha ha sido una pieza fundamental en el acceso de justicia para otros casos.
Como resultado de ese amparo, en marzo de 2020 se creó la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante (UEMI) para investigar casos de feminicidio de forma integral. Esta unidad, dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, fue resultado de la presión sostenida de María Esperanza y otras defensoras. Desde su creación, Esperanza Luciotto advirtió que la existencia de esta Unidad debía ir acompañada de presupuesto, personal capacitado, autonomía operativa y vigilancia ciudadana.
Sin embargo, el avance duró poco. El 18 de marzo de 2022, la UEMI fue desmantelada sin previo aviso y sin consulta a las familias de víctimas. En su lugar, se anunció una “reconfiguración institucional” que no garantizaba continuidad ni mejoría. Luciotto denunció públicamente este hecho, al que calificó como un retroceso grave en el acceso a la justicia.
A casi 13 años del feminicidio de Karla Pontigo y pese a los avances legales, no hay detenidos ni líneas claras de investigación. Mientras tanto, Esperanza vive bajo amenazas y hostigamiento, por lo que desde 2016, está bajo resguardo del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos, por lo que cuenta con personal de seguridad que la acompaña 24/7. Aun así, no ha cesado en su exigencia de justicia.
“Esperanza” para otras madres que buscan justicia
Esperanza es originaria de San Luis Potosí, donde siempre ha vivido. Madre de 3 hijos, Karla era la segunda, la única mujer. Aunque no pudo estudiar una carrera, al igual que otras madres de víctimas de violencia, ha tenido que aprender términos y procesos legales para defenderse de las irregularidades cometidas por las autoridades en el feminicidio de su hija.
Recordó que cuando era pequeña era muy alegre, le gustaba jugar voleibol y esa alegría se la heredó a Karla, a quien recuerda como una niña muy sociable, estudiosa y cariñosa con sus dos hermanos. Antes de su muerte su familia era muy unida, y ahora, la búsqueda de justicia los ha unido más.
Es empleada en la zona industrial de la ciudad y por seguridad no reveló más datos de sus actividades cotidianas, ya que su vida dio un giro de 180 grados cuando le arrebataron a Karla. Para Esperanza ya nada es igual, pues desde la muerte de su hija, se ha dedicado de tiempo completo a ser defensora de la justicia y la verdad. Ha perdido trabajos y dinero, se ha endeudado incluso para poder moverse y seguir tocando puertas exigiendo ser escuchada.
“A mí me ha costado salud, muchas cosas, hasta inseguridad, porque a raíz de esta lucha yo he tenido amenazas. Estoy viva de milagro”.
En México, donde la impunidad es una constante y los casos de feminicidio continúan marcando vidas y comunidades, algunas voces se convierten en faros de resistencia, como lo es Esperanza. Su lucha ha transformado su duelo en un movimiento profundo de exigencia de justicia, acompañamiento a otras víctimas y presión a las instituciones.
Más allá de los juzgados, la lucha de María Esperanza se vive también en las calles. Cada año, el 28 de octubre, organiza vigilias, altares y actos públicos en memoria de Karla. Las actividades tienen lugar en la Plaza de Armas de San Luis Potosí y se han convertido en espacios de denuncia y encuentro para otras madres que han perdido a sus hijas. Allí se exige justicia, pero también se construye memoria colectiva.
Esperanza insiste en que sin la participación directa de las familias, ninguna unidad o fiscalía especializada puede funcionar de forma adecuada. Las víctimas, afirmó, deben estar presentes en la construcción, evaluación y seguimiento de las instituciones que investigan estos delitos.
Trascender el dolor
María Esperanza Luciotto López ha trascendido su dolor individual para convertirse en un referente colectivo. Ha confrontado a las instituciones, ha litigado y protestado en las plazas públicas. Su voz resuena como una exigencia ética en un país que ha normalizado la impunidad. Para ella no hay justicia sin memoria y no hay reparación posible si el Estado sigue omitiendo su responsabilidad.
Su historia es ejemplo de dignidad, persistencia y amor transformado en lucha.
Memoria como acto de justicia
En 2019, se colocó una antimonumenta en la Plaza de Armas de San Luis Potosí, que fue destruida poco después. En mayo de 2021, Esperanza lideró la colocación de un Memorial permanente con el nombre de Karla y de otras 49 víctimas de feminicidio del estado. Fue una declaración de memoria, dignidad y denuncia frente a la omisión estatal.
«Ese memorial está ahí para recordarle al gobierno que no ha hecho absolutamente nada por nuestras hijas” compartió Esperanza al tiempo que insistió que se instaló como una forma de continuar exigiendo justicia por las víctimas cuyos casos aún continúan en la impunidad.
Tejer comunidad, construir justicia
En los caminos de la justicia las madres se encuentran, fue el caso de Esperanza y Susana Cruz González, madre de Lupita Miramontes, víctima de feminicidio en el mismo año que Karla, 2012. Juntas, fundaron en mayo de 2021 la colectiva «Por ellas, por nosotras y por todas», con la misión de acompañar a otras madres, exigir justicia, y visibilizar los vacíos del sistema de justicia.
El 21 de junio de 2017 se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para San Luis Potosí, y fue hasta el 17 de enero de 2023 que se creó la Fiscalía Especializada en Feminicidios mediante el Acuerdo General 002/2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado.
El caso de Lupita también fue minimizado y plagado de irregularidades. Aunque su agresor fue condenado, podría ser liberado tras cumplir trabajo comunitario. La impunidad se repite y la organización de las madres se convierte en un espacio de resistencia.
“Hay muchas cosas que suceden dentro de todo el proceso y te das cuenta de todas las deficiencias, pero te das cuenta hasta que pasa, no mientras las estás viviendo”, señaló en entrevista Susana, tras recordar cómo fue que decidió apoyarse en Esperanza para poder caminar en esta lucha.
En este calvario que han tenido que pasar las dos junto a otras familias, han tejido redes con periodistas, defensoras de Derechos Humanos y colectivas, para seguir exigiendo justicia y que los nombres de sus hijas no sean olvidados.
Una red que no se detiene
A esta lucha se sumó la defensora de Derechos Humanos, la antropóloga social, Sofía Irene Córdoba Nava. Desde su papel como acompañante, ha fortalecido la articulación entre madres y colectivas que han apoyado los procesos de lucha.
Sofía coincidió con Esperanza en el 2021, mientras era titular de la Instancia de las Mujeres del gobierno municipal de San Luis Potosí, y Esperanza tocaba puertas en la búsqueda de justicia, tras la colocación del Memorial a Karla y a otras víctimas de feminicidio del estado, frente al Palacio de Gobierno. A raíz de ese encuentro, Sofía y Esperanza hicieron mancuerna para continuar en la lucha, donde se han sumado otras familias.
“En el 2021, a raíz de la colocación del Memorial sucede un encuentro entre familias, porque el Memorial fue impulsado por Esperanza y por las familias, ha sido resultado de esa lucha y es resultado de un proceso de exigencia de justicia”, afirmó Sofía Córdoba.
Tras dejar de presidir esta instancia del gobierno municipal, decidió sumar su trabajo de defensa de Derechos Humanos con las madres de víctimas para acompañarlas frente a las omisiones de las autoridades que han generado condiciones adversas para que éstas accedan a la justicia.
Y es que pese a la narrativa que se intenta colocar de disminución de violencia feminicida, los datos de la propia Fiscalía revelan que tan sólo de 2018 a abril de 2025, se contabilizaron 145 casos de feminicidio, sin embargo las defensoras han denunciado un subregistro toda vez que se clasifican como accidentes, suicidios u homicidios, ocultando la violencia de género que los originó.
“Cuando fue el proceso de incidencia para la exigencia de la creación de la Fiscalía Especializada fue producto de la sentencia de Karla, esa sentencia establece que tenía que haber una unidad especializada para investigar”, recordó la defensora.
Añadió que fue esta presión pública en colectividad la que permitió dar pie a que se defendieran los derechos de las propias madres para buscar justicia para sus hijas ante la negación del feminicidio como un problema público en la entidad.
Sofía Córdoba sostuvo que la lucha que lidera Esperanza atraviesa a todas las mujeres, sobre todo tras la eliminación, el 7 de agosto de 2024, de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en tres municipios (de los seis) donde estaba declarada en San Luis Potosí: Matehuala, Tamuín y Tamazunchale.
“Es una burla. Se burlan de todo el mundo, de las víctimas indirectas y de todas las mujeres. Se va haciendo un plan de reparación integral hasta que haya una sentencia pero pareciera que se desconoce que ha existido un daño, reprochó la antropóloga”.
Aseveró que el levantamiento de la AVGM se dio sin informar a la sociedad, se enteraron por las redes sociales, pese a la permanencia de violencia feminicida en dichos municipios.
Sofía Córdoba lamentó que pese a la sentencia de Karla Pontigo, no existe un protocolo efectivo para investigar los casos de feminicidio.
Colectividad ante las irregularidades
Hoy son siete familias las que forman parte, de manera activa, de la colectiva fundada por Esperanza. Algunas siguen tocando puertas para obtener las sentencias correspondientes a sus casos, o bien, para apelar las sentencias realizadas.
En el caso de Karla, a más de una década, la justicia no ha llegado. A la fecha no hay una línea de investigación clara por su muerte, no hay detenidos, no hay a quien perseguir.
“San Luis a mí no me ha dado nada”, concluyó Esperanza mientras abraza una foto de Karla, en espera de, algún día, obtener certezas de lo que pasó esa noche que le arrebataron un pedazo de su corazón.
2025/LGL
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