Durante 2009, los derechos laborales de las y los trabajadores tuvieron más retrocesos que avances.
Entre los retrocesos está el aval que dio la SCJN a la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE). Con ello las trabajadoras ven limitado su derecho a la maternidad, pues el acceso a guarderías y otras prestaciones se limitará al ahorro de los trabajadores del Estado.
De igual forma, con la nueva ley del ISSSTE aumentó el tiempo que las y los trabajadores deben laborar para jubilarse.
En el caso de quienes hasta el 14 de noviembre eligieron el sistema PensionISSSTE, la nueva modalidad, su ahorro quedará en manos de las Afores, empresas privadas que están autorizadas para manejar el dinero de las trabajadoras y trabajadores con el riesgo de que pierdan sus recursos. Además, deberán pagar una comisión a estas empresas por administrar sus recursos.
De igual forma, de acuerdo con Antonio Vital, de la Alianza por los trabajadores de la salud y empleados públicos, las Afores reunirán los ahorros de las trabajadoras y trabajadores y el monto total les será entregado a los afiliados al ISSSTE de manera periódica. Sin embargo, una vez que su ahorro termine, ya no recibirán más recursos.
A diferencia del anterior régimen de pensiones, ahora, por ejemplo, si una trabajadora reunió a lo largo de su vida laboral 200 mil pesos, este saldo le será entregado de la forma antes mencionada, pero si sólo le dura 15 años después ya no recibirá más, debido a que el Estado se deslinda de brindar seguridad social a las y los trabajadores en la vejez.
MOVIMIENTO MAGISTERIAL Y REPRESIÓN
Un retroceso más en derechos laborales fue la represión que vivió el movimiento magisterial de bases de Morelos en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación pactada por Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón Hinojosa.
El pasado mes de octubre, en los poblados de Xoxocotla, Amayuca y Tres Marías las y los docentes de la sección 9 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), junto con población indígena de sus comunidades, fueron golpeados por la fuerza pública, entre ellos elementos del ejército mexicano.
Para la segunda semana de octubre, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado recabó testimonios de las víctimas, las cuales denunciaron violaciones a sus derechos humanos con vejaciones sexuales, golpes, humillaciones y detenciones arbitrarias.
Después de que el 18 de agosto el Movimiento Magisterial Morelense sostuvo una huelga de más de 80 días. El cese de labores se levantó con la promesa de que el gobernador local, Marco Adame, se sentaría a dialogar una vez que las y los maestros volvieron a las aulas, promesa que hasta la fecha no ha cumplido. Por el contrario, desde su regreso a clases las y los profesores disidentes han denunciado «represión administrativa» y recientemente 63 «despidos injustificados».
PASTA DE CONCHOS, INJUSTICIA E IMPUNIDAD
Por otro lado, en el caso de Pasta de Conchos, lugar donde el 19 de febrero del 2006 fallecieron 65 mineros de los cuales sólo dos fueron rescatados y los restos de los demás continúan en la mina 8 en San Juan Sabinas, Coahuila, desde el día del siniestro ha habido avances en el ámbito nacional debido a la presión internacional, sin embargo a casi tres años del deceso de los trabajadores del carbón aún no hay fecha para el rescate de sus restos.
Debido a la constante gestión y petición de justicia por parte de las viudas y familiares de los mineros, lograron que este año los recibiera la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su sede en Ginebra, Suiza, y en febrero del próximo año, en su informe anual, este órgano internacional dará a conocer los resultados de este encuentro.
Además, se dieron cita con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, para acordar una reunión entre los técnicos especialistas en minas de las viudas y familias y las autoridades del trabajo para que sean ellos quienes decidan la viabilidad del rescate.
Sin embargo, en este caso, de acuerdo con Cristina Auerbach, asesora de Familia Pasta de Conchos, organización integrada por viudas, familiares y organizaciones civiles de derechos humanos, persiste la falta de voluntad política para la impartición de justicia.
EL AVANCE
Por otro lado, un avance en los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores mexicanos es el fallo a favor que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el pasado mes de septiembre para que durante los recuentos sindicales el voto de las y los trabajadores sea secreto y con ello se garantice la libertad sindical pactada por México en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
08/GC/VRI/CV
