Sería falso suponer que todas las mujeres se embarazan cuando así lo desean; también sería inconsciente desconocer la difícil situación que enfrentan muchas mujeres que por diferentes razones no pueden planificar sus embarazos con la eficacia que quisieran. La realidad es que un embarazo no planeado muchas veces termina en aborto, sea o no permitido por la ley.
La región de América Latina y el Caribe figura entre las que presenta más restricciones legales al derecho de las mujeres a decidir la interrupción de un embarazo. En todos los países en los que existen estas restricciones, los abortos ilegales realizados en condiciones precarias representan un grave problema de salud para las mujeres.
Ante el problema del aborto clandestino e inseguro como sinónimo de mortalidad materna y en ocasión del próximo 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, grupos de mujeres organizadas se preparan para exigir métodos anticonceptivos bajo el eslogan «Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza».
De acuerdo con cifras de la organización internacional IPAS, aunque las leyes más restrictivas sobre el aborto se aplican en algunos países de América Latina, cada año se practican 900 mil interrupciones del embarazo inseguro en México y Centroamérica, así como tres millones en América del Sur.
Además, señala esta organización en su documento «IPAS en América Latina», cuya misión es el avance de la salud reproductiva de las mujeres, hasta 21 por ciento de las muertes maternas en la región deben asociarse con el aborto.
En México, el aborto es legal en determinadas circunstancias. Sin embargo, si una mujer decide interrumpir su embarazo, generalmente se ve obligada a practicarse un aborto en la clandestinidad. Aunque algunas pueden acudir a servicios higiénicos y seguros, la mayoría pone en riesgo su salud y hasta su vida, pues carece de recursos para recibir atención adecuada.
En el caso mexicano, las leyes sobre aborto señalan que éste no se castiga penalmente cuando el embarazo es resultado de una violación; es provocado accidentalmente (o, como se estipula en la ley, de manera «imprudencial»); cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; en caso de que el producto tenga malformaciones genéticas graves; cuando, de continuar con el embarazo se provocaría un grave daño a la salud de la mujer; en los casos donde el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida, y cuando la madre argumenta razones económicas para interrumpir el embarazo y tiene al menos tres hijos.
En este contexto, desde hace dos décadas las mujeres latinoamericanas y caribeñas se reúnen para definir estrategias de defensa de los derechos sexuales y reproductivos y por la justicia de género. Los encuentros feministas de la región han sido un lugar importante para lograr consensos y definir estrategias y prioridades del movimiento de mujeres.
En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Argentina en noviembre de 1990, con la participación de feministas procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, se acordó declarar el 28 de septiembre como Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que fue elegido como fecha de referencia para una campaña que, desde 1993, impulsa acciones en los diferentes países de la región.
Ese mismo año en la reunión promovida por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe (RSMLAC) y coordinada por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) se creó la Coordinación Regional. Esta coordinación es rotativa y hasta la fecha ha sido coordinada por cinco organizaciones.
Esta campaña tiene como objetivo impulsar el cumplimiento de las leyes que permiten el aborto y generar avances en la legislación de los países de la región a través de la formación de consensos políticos, así como la revisión y liberalización de las leyes punitivas.
La campaña está integrada por mujeres organizadas de 21 países y por 7 Redes Regionales. En cada uno de los países se han realizado diversas acciones de sensibilización y educación utilizando la generación de información, la construcción de grupos de acción entre otras estrategias.
Desde 1991 la coordinación regional de la campaña ha estado bajo la responsabilidad de organizaciones feministas de reconocida actuación en el ámbito de la defensa de los derechos reproductivos como Católicas por el Derecho a Decidir, de Uruguay (1992 a 1994); el Grupo de Información sobre Reproducción Elegida (GIRE), de México (1994 y 1997); el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), de Bolivia (1998 y 1999); la Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, RedeSaúde, de Brasil (2000-2002) y el Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristán», de Perú (2003 a 2005).
2004/LR/SM
