La intervención del gobierno federal en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas, es insuficiente para poner un alto a la criminalización de las mujeres por abortar en 17 de las 32 entidades federativas.
Así lo expresó Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal (CDHDF), luego de inaugurar el Seminario Internacional «Mitos y Realidades sobre aborto», en ocasión del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
En Ombudsman capitalino señaló que esta fecha es momento para reflexionar acerca de la violencia institucional y social, que sufren las mujeres que son criminalizadas, por interrumpir un embarazo inducido o espontáneo en la mayoría de los estados del país.
Además de la reflexión, este día también es oportuno para comenzar a «armar estrategias» para revertir las reformas a las legislaciones locales, impulsadas desde octubre de 2008, para proteger la vida desde la fecundación.
Lamentablemente, el gobierno federal «no ha tomado cartas en el asunto, en la medida que debía de ocurrir», para frenar esta estrategia, que pretende impedir la despenalización del aborto como ocurrió en el Distrito Federal.
Por lo que, la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, requiere «un compromiso decidido por parte del gobierno federal, que no sólo se vea como un problema moral, sino como un problema de derechos».
En este sentido, dijo, la Secretaría de Salud, así como el Instituto Nacional de las Mujeres, son algunas de las instituciones públicas que deben asumir dicho compromiso.
DESIGUALDAD
María Consuelo Mejía, directora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), señaló que la desigualdad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en México se ha profundizado «seriamente».
Muestra de ello, son las habitantes del Distrito Federal y el Estado de México, ya que «con sólo cruzar una calle, ya no puedes ejercer los mismo derechos, o con sólo cruzarla sí puedes ejercerlos».
Para la también integrante de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, esta circunstancia evidencia la violación del Estado laico, que ha sido posible debido al «entreguismo y oportunismo de los líderes de partidos políticos que negocian todo con tal de lograr el poder».
Por lo que, mencionó que el respeto de la jerarquía católica al Estado laico es la única garantía para el ejercicio de los derechos, ya que su intervención en las políticas públicas constriñe el derecho a decidir de las mujeres.
Ante este panorama, este seminario internacional tiene el objetivo de intercambiar experiencias acerca de los marcos culturales, jurídicos y normativos para luchar porque el respeto de los derechos sexuales y reproductivos sean una realidad para las latinoamericanas y caribeñas, indicó Mejía.
En la inauguración también participaron Aidé García, de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, Sergia Galván, de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y María José Morales García, de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil de la CDHDF.
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