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Abuso de poder de funcionario para anular acta de una niña

Por la Redacción
infancia14begona

El 23 de septiembre de 2013, en el municipio de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz, nació una niña que nueve meses más tarde quedó en medio de la disputa entre su padre, Remigio Ortiz Olivares, de 59 años, y su madre, Anali Pelayo Oliveros, de 24.
 
Un mes después, el 23 de octubre, la niña fue registrada. Su nombre quedó asentado en el Libro 04, en el acta 00989. Sin embargo, cinco días más después comenzó la disputa familiar porque Remigio, que es casado, le dijo a Anali que su relación “fue descubierta”. 
 
El hecho fue más allá de develar una relación extramarital, porque él –entonces titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) de Veracruz– usó todo su poder e influencias para desaparecer el nombre de su hija, según relata Anali, ex custodia en un penal de la entidad.
 
Con sólo nueve meses de edad, una niña veracruzana que fue registrada por sus padres y obtuvo una identidad jurídica ahora corre el riesgo de perder sus derechos por la separación de sus progenitores, pero sobre todo por el tráfico de influencias de quien hasta el pasado martes era funcionario estatal.
 
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el registro del nacimiento significa tener un nombre, una identidad y una nacionalidad, lo que garantiza conocer el nombre de los padres, tener una filiación y en el futuro hacer exigibles otros derechos.
 
De acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las y los menores de edad tienen el derecho a un nombre, y en la medida de lo posible a conocer a sus progenitores y ser cuidados por ellos; los Estados, por su parte, deben respetar esta norma.
 
AMENAZAS
 
En entrevista con Cimacnoticias en esta capital, Anali –quien vive en el municipio veracruzano de Catemaco– cuenta que su ex pareja quiere desaparecer o anular el acta de nacimiento de su hija a cualquier precio, aunque públicamente ya se sabe que él es el padre y que tuvo una relación fuera del matrimonio.
 
“De alguna u otra forma me quiere acorralar para que yo acepte el dinero o las cosas que él me está ofreciendo y le quite el apellido a la niña”, narra. 
 
Según el testimonio de la joven, ambos planearon tener una hija. Nació en septiembre de 2013 y un mes después la registraron, pero a los cinco días él la llamó por teléfono y le dijo que su familia “lo descubrió”. Además, le hizo saber que terminarían su relación.
 
Sin embargo, en esa llamada le aclaró que no abandonaría a su hija, así que le pidió el acta de nacimiento de la recién nacida para afiliarla a un seguro y no tuviera carencias.
 
El problema empezó tres días después de la llamada, cuando el subdirector de Seguridad y Custodia de la DGPRS, José Juan Rodríguez Chacón, fue a la casa de Anali a donde le llevó un recado del jefe y le dijo que ante la situación ahora el atendería todo el asunto de la pareja.
 
El también funcionario se llevó los documentos de Anali y la niña para tramitar el seguro. Días más tarde ante la falta de comunicación, ella llamó a Rodríguez Chacón y le pidió los documentos. El día que se reunieron él le puso una grabación en la que su entonces jefe le decía que “ya no quería saber nada de ella”.
 
Tras escuchar el mensaje, el servidor público le entregó a Anali un sobre con los papeles, pero cuando ella lo abrió se dio cuenta de que no estaba el acta de nacimiento de la niña. Rodríguez Chacón le dijo que no sabía nada, pero le recomendó que anulara ese registro.
 
‘El jefe la va mandar a desaparecer a usted y a toda su familia si no anula el acta de la niña’, le amenazó.
 
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
 
Ese mismo día, antes de la cita, Anali fue al Registro Civil a solicitar un acta de nacimiento certificada pero, sin mayor explicación, le dijeron que en el sistema estaba el nombre de la niña pero no los nombres de los padres.
 
Ella preguntó al personal por qué fueron borrados los nombres y una secretaria le respondió que no lo sabían, pero que podía preguntarle al encargado del Registro Civil de Catemaco, Juan Pérez Leal, quien en ese momento no estaba en la oficina.
 
Al día siguiente fue al Registro Civil pero de Xalapa –capital del estado– y pidió el documento; cuando lo buscaron encontraron el folio pero no el nombre de la niña; como no estaba el director, Rafael Valverde Elías, le pidieron que regresara una semana después.
 
El día que Anali regresó la hicieron pasar y como si el personal trabajara para Remigio Ortiz Olivares –su ex pareja–, le informaron que él ya la esperaba. En una oficina el sujeto le repitió que no quería nada con ella, y le dijo que el acta “estaba mal” y que fue enviada a la Ciudad de México para las correcciones.
 
En la misma plática, en presencia del director del Registro Civil, Remigio le exigió que anulara el documento, lo que ella rechazó. Ante la negativa, le ofreció 500 mil pesos para volver a registrar a la niña, ahora como madre soltera, a lo que también se negó.
 
Días después, el subdirector de la DGPRS, José Juan Rodríguez Chacón, le ofreció dinero, un carro, un taxi, pero Anali se mantuvo firme en su postura.  
 
Para entonces ella ya había terminado su permiso de maternidad y regresó a trabajar al Centro de Readaptación Social de San Andrés Tuxtla.
 
DEMANDA
 
En enero pasado Anali recibió en su domicilio una notificación de “consignación voluntaria de pensión alimenticia”, en la que su ex pareja le ofrecía tres mil pesos al mes como pensión para su hija. Ella dudó pero aceptó el ofrecimiento.
 
Días después, un licenciado de nombre “Camilo” –en representación de Remigio– fue a su casa y le reiteró de nuevo la oferta monetaria a cambio de que anule el acta de nacimiento de su hija.
 
El presunto abogado le dijo a Anali que la pensión que ella recibía hasta ese momento era “mínima”, y que, en cambio, la oferta –que ya había ascendido hasta el millón de pesos– sería “el negocio de su vida”. 
 
Ella no aceptó y siguió trabajando, pero en junio pasado fue a cobrar su salario y se dio cuenta que no le depositaron. Reclamó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, y el personal le dijo que se revisaría el asunto.
 
Pasaron dos quincenas en las que la joven no recibió su sueldo, por lo que supuso que había sido despedida por orden de su ex pareja, entonces jefe de todos los directores de los penales del estado. Así, ella decidió no pedir más explicaciones y dejó de ir a trabajar.
 
El pasado 1 de julio le llegó a su casa otra notificación: Ortiz Olivares había iniciado el juicio civil ordinario 700/2014-IV en contra de Anali. El funcionario dijo desconocer la paternidad de la niña y cualquier otra prestación legal, como la pensión alimenticia.
 
En su demanda, Remigio argumenta que tuvo una relación sentimental con Anali, pero como ella sabía que no era permanente “se embarazó”. También dice que un día ella le exigió más pensión y enojada le reclamó que la niña no era su hija, pero le advirtió que como ya estaba registrada no podía desconocerla.
 
Según el documento, la joven quiso pedirle más pensión y para ello se valió de “falsedades y testigos muertos”, como la madre de Anali (presente en la entrevista con esta agencia).
 
También asegura que si ella se niega a la prueba de ADN se dará por sentado que él no es el padre, a lo que Anali afirma que está de acuerdo con la prueba, pero aclara que ya fue al Palacio de Gobierno de Veracruz para pedir que la canalicen a un Hospital que pueda hacerla.
 
Según sabe, la prueba la tienen que pagar los interesados y ella no tiene dinero. Sabe que en caso de que el titular de la DGPRS la pague la prueba será negativa, porque tiene la influencia y los recursos para pagar el resultado.
 
“A final de cuentas como mamá sé que voy a sacar adelante a mi hija, (pero) se trata de los derechos de mi hija. ¿Qué más le falta? Si ya quería desaparecer el acta de la niña qué más me puedo esperar de él; que también me mande a desaparecer a mí y a la niña como tantas veces me ha mandado amenazar”, alerta Anali en la entrevista. 
 
Así, el pasado 18 de julio la joven acudió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar una queja, pero al tratarse de un tema de competencia local el organismo la remitió al Instituto Veracruzano de Defensoría Pública en Xalapa.
 
La demanda civil que interpuso Ortiz Olivares ahora está en manos de la juez Estela Vásquez Lara, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial.
 
Además, apenas este martes 29 de julio Remigio Ortiz Olivares habría renunciado a su cargo. Según versiones de medios locales, el cese ocurrió luego de que Anali presentó a principios de este mes una denuncia contra su ex pareja ante la Fiscalía Especial de Delitos contra Funcionarios Públicos (212/2014V), por el delito de amenazas y por intentar desaparecer el acta de nacimiento de una niña.
 
14/RED

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