Diputadas y diputados locales pidieron la comparecencia de la titular de la Fiscalía especializada en la atención a delitos contra la mujer en Oaxaca, Aída Gómez Piñón, para que explique los acuerdos a los que quiere lleguen madres y padres –de niñas y niños violados– con los presuntos pederastas, como ya sucedió en el caso de violación de un menor de edad en una institución privada.
Además, durante la sesión permanente de la tarde de ayer, se integró una comisión especial por las diputadas Marlene Aldeco Reyes Retana del PAN, Dinorath Mendoza Cruz del PRI, Adriana Carrera del PRD, y Ana Luisa Zorrilla del PVEM, para dar seguimiento al caso del menor de cinco años violado en las instalaciones de preescolar del Instituto San Felipe.
La diputada de Acción Nacional, quien planteó el tema en el Congreso, sostuvo en la tribuna que ésta no es la primera vez que la fiscal Gómez Piñón propone este tipo de «soluciones» y «acuerdos» para acallar los casos de pederastia en Oaxaca, por lo que, dijo, debe ser llamada a explicar de qué se trata.
Por otro lado, la diputación permanente también acordó solicitarle al titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo, entregue a la Cámara de Diputados el expediente con fotografía de los maestros de preescolar del Instituto San Felipe, donde habría sido violado un menor de edad por un maestro y otra persona que trabajan ahí.
El desempeño de la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, Aída Gómez Piñón, ha sido cuestionado desde que inició en 2004 por diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de los derechos de las mujeres.
Desde 2005, Gómez Piñón ha descalificado los hechos de asesinatos de mujeres en Oaxaca y se ha negado a reconocer la existencia del fenómeno del feminicidio, pese a la investigación que realizó en esta entidad federativa la Cámara de Diputados federal y varias ONG como el Colectivo Huaxyacac.
CASTIGO A VIOLADORES
La pena máxima de 18 ó 20 años de prisión es el castigo que la señora Leticia y su abogado, Juan Meixuerio Orozco, exigen para los culpables del abuso sexual del que fue objeto un menor de cinco años en el Instituto San Felipe.
El abogado de la familia y también presidente de la Barra Nacional de Abogados en Oaxaca, Juan Meixuerio, anunció que llevará este asunto a organismos estatales, nacionales e internacionales para denunciar a la Fiscal Especial en delitos sexuales, Aída Gómez Piñón, quien además de entorpecer las investigaciones promovió un acuerdo conciliatorio.
«La fiscal mandó traer a la madre y al abuelo paterno para pedirle que llegaran a un arreglo conciliatorio con el abogado y la dueña del instituto particular, mediante una indemnización económica, porque según la propia fiscal no podía hacer nada más y hasta ahí llegaban sus facultades, además de que según ella la dueña de la escuela privada tiene mucho dinero y es muy influyente», denunció el abogado.
Leticia, madre del menor de edad, aclaró que no le interesa el dinero de la propietaria de la escuela donde su hijo fue abusado sexualmente.
«Si me atreví a dar a conocer el caso de mi hijo a la luz pública es porque el sistema de procuración de justicia está coptado y por todos lados están deteniendo mi asunto. Sé que está de por medio mi hijo y que a lo mejor me tenga que ir de Oaxaca para que no lo señalen pero estoy en franca desesperación», dijo.
Hace más de cuatro meses Leticia empezó a notar cambios de conducta en su hijo, quien también presentó trastornos en el sueño y miedo al llegar la noche, la situación se agravó cuando un día presentó dificultades para ir al baño y, tras varios intentos, logró evacuar sangre y un líquido viscoso que luego de practicarle análisis clínicos se pudo corroborar que era semen.
DENUNCIAN
Los primeros días de mayo pasado, la señora Leticia acudió a la Fiscalía Especializada en delitos sexuales, donde en presencia de una perito psicóloga y mediante la mecánica de juegos, el pequeño pudo declarar que había sufrido abuso sexual por parte de profesores de la institución en la que cursaba el preescolar.
De viva voz, sin que se le indujera en sus declaraciones, mediante una terapia de juego y de dibujos, el pequeño refirió que en su escuela había maestros malos, detallando que la maestra de nombre Malena lo llevaba a un salón y ahí lo dejaba con su maestro de computación, «Chava», y con otro señor pelón que el niño identificó como Hugo, quienes lo amordazaban y abusaban de él, expuso el abogado Juan Meixuero.
A decir de la madre, la primera declaración de su hijo dio los elementos para que las autoridades pudieran tener la media filiación de los abusadores, pero la hoja «fue arrancada» de la averiguación previa y el domingo pasado el niño tuvo que rendir una segunda declaración, con todo el daño emocional que ello contrae.
Además, la Fiscalía Especializada en delitos sexuales no ha realizado la inspección ocular en la institución particular cuya propietaria se ha negado a proporcionar las plantillas y fotografías de profesores, entre otras anomalías que, aseguró, presenta la averiguación previa.
EXIGEN JUSTICIA
El también presidente de la Barra Nacional de Abogados de Oaxaca, Juan José Meixuerio Orozco, pidió dejar a un lado el amarillismo e hizo un llamado a las autoridades para que atiendan el caso.
Sin ocultar el temor que tiene al pensar en la posibilidad de que la justicia no llegue, la señora Leticia exigió justicia.
«Los propietarios de la escuela quieren manejar que estoy loca, que me prostituyo, pero yo no quiero ni un quinto de ellos. El cuerpo del delito está acreditado desde el principio. Tampoco me interesa atacar a la escuela. Mi hijo tenía terror de volver a una escuela, toma medicamentos muy fuertes porque no podía dormir por las pesadillas, tuvo hasta un retroceso en el hablar».
A decir del abogado, el abuso sexual que sufrió el menor de cinco años es un delito grave y en Oaxaca tiene una pena máxima de 18 o 20 años.
«Las autoridades tienen que ejercer acción penal, no puede quedar impune un delito tan grave», insiste el jurista que exige todo el rigor de la Ley para los responsables de éste delito.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE), es la oficina responsable de retardar la investigación, acusó Leticia. Por tal razón se fincará responsabilidad penal en contra de la fiscal al haberle solicitado llegar a una acuerdo conciliatorio» y de carácter económico con Yolanda León Ramírez, directora de esa escuela privada
En entrevista con Cimacnoticias, Leticia acusó a la PGJE de retardar la debida integración en contra de Adán Salvador Pérez Ramírez. Hugo Gabriel Constantino García y la educadora, Magdalena García Soto, señalados por el niño.
El abogado, Juan José Meixuiro Orozco, denunció que el colegio tiene la asesoría jurídica del despacho Franco y Asociados, por lo que su clienta presume que su influencia ha bloqueado su demanda de justicia.
El bufete jurídico está conformado por Jorge Eduardo Franco Jiménez, ex senador de la República y ex procurador de Justicia, padre de Edna y Jorge Franco Vargas, subprocuradora de Justicia y ex secretario general de gobierno, señalado como el responsable de la represión que desencadenó el conflicto político social en Oaxaca.
Meixueiro Orozco sostiene que la agente del Ministerio Público mutiló la Averiguación Previa 191/DS/ 2007, radicada en el Primer Turno de la Agencia del Ministerio Público pues consideró que la denuncia inicial se cambiara, argumentando que no debe incluir los nombres de los responsables, evitar que la averiguación fuera intervenida.
Asimismo, también será denunciado el director del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), Abel Trejo González, por hacer caso omiso a tres solicitudes, requeridas por el ministerio público, para que exija a la directora de la escuela la relación de los maestros y las maestras de preescolar.
El colectivo Huaxyacac, se sumó a la exigencia de destitución de la Fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer, Aída Gómez Piñon, por la falta de sensibilidad y recurrentes deficiencias, en este caso y otros más.
Representantes de ONG feministas y defensoras de derechos humanos demandaron la consignación de los responsables directos y a las autoridades de la PJE, quienes han entorpecido las indagatorias, mostrando franca colusión con los hechos, así como la intervención de la Procuraduría General de la República, ante una red de pederastas y pornografía infantil que podría estar operando en la entidad».
07/NAD/JCM/CV
