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Activistas exigen se autorice aborto a salvadoreña

Por la Redacción
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Organizaciones civiles de México demandaron al gobierno de El Salvador que proteja a Beatriz, una joven embarazada de 22 años, quien pide a las autoridades de su país le permitan interrumpir la gestación a fin de salvar su vida.   
 
Ayer, representantes de Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y Balance acudieron a la embajada de El Salvador en México para entregar una petición sobre este caso.
 
En la carta dirigida a Alfredo Díaz Barrera, cónsul del país centroamericano en México, las organizaciones expresaron su preocupación por la vida y salud de Beatriz quien, dijeron, debe acceder a un aborto seguro y con los cuidados médicos necesarios.
 
Beatriz, quien vive en Jiquilisco, tiene un embarazo de alto riesgo, ya que padece lupus agravado con nefritis lúpica, y de acuerdo con los reportes médicos, el feto es anencefálico (no tiene cerebro), lo que indica que su vida es inviable y que podría morir al nacer.
 
Las organizaciones recodaron que el Hospital de Maternidad de El Salvador determinó que es necesario practicarle una interrupción del embarazo, pero debido a que el aborto se penaliza en todas sus formas se niegan a practicar el procedimiento.
 
Orfe Castillo, integrante de Jass, señaló que El Salvador debe aplicar todos los procedimientos necesarios de que dispone para salvar la vida de Beatriz, y dar garantías al personal médico para realizar el procedimiento.
 
En la misiva firmada por más de 20 organizaciones civiles se señala que Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales de Derechos Humanos se han pronunciado por asegurar el derecho a la salud y la vida de la joven.
 
Dijeron que la semana pasada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador le concedió a Beatriz un amparo en contra de la decisión de la institución médica de negarle la atención adecuada.
 
De acuerdo con la prensa internacional, el tribunal salvadoreño pidió que se le hiciera un examen médico para evaluar su salud, toda vez que recibieron información de que su vida no peligra, pues se encuentra estable física y mentalmente con los medicamentos.
 
Sin embargo, las activistas mexicanas dijeron que la falta de actuación de las instituciones de salud y otras autoridades implicadas ha llevado a la afectada a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
“Es por ello, que le solicitamos haga llegar de manera urgente nuestra preocupación a las autoridades competentes. Asimismo, le extendemos nuestro llamado a que, en congruencia con los estándares internacionales de Derechos Humanos, la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser un acto criminal bajo cualquier circunstancia”, sostuvieron.
 
13/AGM/RMB

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