Inicio Actuación “mediática” de PGJEM en caso Atenco

Actuación “mediática” de PGJEM en caso Atenco

Por la Redacción

Amnistía Internacional (AI) criticó que la Procuraduría General de de Justicia del Estado de México (PGJEM) actúo “con tintes mediáticos”, al informar que se ejerció acción penal contra tres policías implicados en la tortura sexual contra 26 mujeres detenidas en San Salvador Atenco en 2006.

En una carta dirigida hoy al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, el organismo internacional que documentó esas graves violaciones a Derechos Humanos (DH) sostuvo que hay serias dudas sobre el compromiso real de las autoridades estatales, para asegurar la justicia plena en este caso.

En la misiva, también dirigida al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la misma dependencia, Max Diener, AI exige protección para las mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco.

El pasado 17 de julio, durante la evaluación del Estado mexicano sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en Nueva York, la delegación oficial aseguró que concluyó la investigación del caso Atenco.

Al día siguiente, la PGJEM anunció a los medios de comunicación en México que se ejerció acción penal contra tres policías implicados en los operativos e informó que había dos detenidos, toda vez que uno de los presuntos responsables ya había muerto.

Sin embargo, AI ?que en 2006 elaboró el informe “México: Violencia contra las mujeres y denegación de justicia en el Estado de México”? cuestionó el anuncio y aseguró que éste tuvo como fin “evitar una crítica severa” por parte del Comité de la CEDAW, que evaluaba en ese momento la situación de las mujeres en el país.

La organización internacional dijo en la carta que es de preocupación que el Estado mexicano revelara tal información durante la sesión del Comité de la CEDAW, sin haber informado antes a las víctimas y a sus representantes legales sobre estos supuestos avances.

Calificó como una “omisión grave” que las víctimas y sus representantes legales nunca hubieran recibido información sobre las órdenes de aprehensión de los policías, los cargos en su contra ni las supuestas consignaciones.

“Las víctimas y sus representantes, en calidad de coadyuvantes, tienen derecho a esta información, así como al acceso al expediente legal”, reclamó AI. Además reiteró que las autoridades nuevamente negaron el derecho a la verdad a las víctimas al impedir que vean el expediente.

“Por ejemplo, el hecho de que los detenidos y los consignados enfrenten cargos de tortura y no de otra índole se publicó de forma no oficial en los medios, pero sin constancia de que así aparezca en los expedientes legales”, advirtió el organismo humanitario.

Por ello hizo un llamado a Eruviel Ávila para que corrija esta omisión grave y asegure el pleno acceso de las víctimas y sus representantes a la información y al expediente, pues de no hacerlo causaría otra “revictimización” de las sobrevivientes de tortura sexual.

AI apuntó que hasta el día de hoy ni las autoridades estatales ni las federales han mostrado su compromiso en materia de DH, para asegurar que todos los responsables de estos abusos rindan cuentas ante la justicia: policías y funcionarios responsables.

“En tanto que no se logre llevar ante los tribunales a estos responsables, las autoridades no habrán cumplido con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos hacia las víctimas”, alertó.

Asimismo AI se pronunció sobre las intimidaciones contra Valentina Palma, estudiante chilena y una de las mujeres que sufrió tortura sexual durante el operativo en Atenco, y que el pasado 2 de julio recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico en el que se le amenaza por denunciar estos hechos.

En la carta, la organización dijo que esta nueva amenaza subraya la situación de riesgo en la que se encuentran todas las mujeres denunciantes y en consecuencia, las autoridades federales y estatales están obligadas a garantizar su seguridad y a investigar esta amenaza.

La misiva está firmada por el asesor especial en Programas Regionales de AI, Javier Zúñiga Mejía Borja, quien pidió que la investigación de las autoridades mexiquenses se realice cabalmente para que todos los implicados, intelectuales y materiales, sean llevados a juicio.

Cabe recordar que este caso también se analiza a nivel internacional, luego de que en noviembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia que 11 de las mujeres de Atenco interpusieron en 2008.

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