Al término del Taller Regional de Posicionamiento y Avance de la Agenda Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD+15), en América Latina y el Caribe, organizaciones de mujeres y feministas, de 23 países de la región, firmaron hoy una declaratoria en la que acordaron un plan de trabajo para reclamar los derechos de las mujeres.
Así lo señaló Nirvana González Rosa, de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), organización que convocó el encuentro, realizado en Antigua, Guatemala, los días 20 y 21 de octubre.
Del debate, reflexión y propuestas de las representantes de la sociedad civil organizada en el Taller, y en la Segunda Reunión de Consulta de Membresía de la RSMLAC, que se llevó a cabo en el mismo lugar el pasado 18 y 19 de octubre, surgió una «declaratoria política», que exige a los gobiernos de la región cumplan con los compromisos asumidos en CIPD+15.
González Rosa refirió que la declaratoria, resultado de cuatro días de trabajos, reafirma la suscrita el año pasado en Panamá, en la cual las organizaciones aseguran que, el no cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD, se traduce en la violación de los derechos humanos básicos, como el derecho a una vida libre de violencia.
El incumplimiento de los gobiernos en materia de salud, educación y empleo, va en detrimento del desarrollo de millones de mujeres latinoamericanas y caribeñas, de todas las edades e identidades, condicionándolas a la exclusión, violencia y discriminación, sostienen en la declaratoria de Panamá, que hoy reafirman.
Puntualizan que es necesario mejorar y garantizar el derecho a vivienda, trabajo, educación, salud, alimentación y sistemas públicos integrales de seguridad social con accesibilidad y cobertura universales, para asegurar condiciones de vida digna, especialmente para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Respecto al cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, señalan que los gobiernos de la región deben garantizar servicios de salud de calidad y al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna.
En relación con la igualdad de género, y el empoderamiento de las mujeres, mencionan, entre otras acciones, la necesidad de que en legislaciones y políticas las mujeres sean reconocidas como sujetas de derechos, y con capacidad de tomar decisiones libres.
En este sentido, también es fundamental erradicar toda expresión de violencia y discriminación hacia todas las mujeres de la región.
Para la vigilancia del cumplimiento de los Estados es vital la participación de las mujeres y feministas organizadas, quienes exigen mediante la declaratoria, «crear, fortalecer y garantizar espacios permanentes de diálogo y toma de decisiones conjuntas entre gobierno y sociedad civil, para el monitoreo de la implementación de la CIPD».
También señalan que deben mejorarse los sistemas de información para facilitar el monitoreo de los compromisos asumidos en la CIPD y de los recursos públicos para su ejecución.
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