Los representantes del Estado mexicano que participan en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) responsabilizaron hoy a Inés Fernández, tlapaneca violada por militares en 2002, de ser la única responsable de la irregular investigación y también de que no fueran consignados los militares culpables.
En la segunda parte de la audiencia pública que llevó a cabo hoy la CoIDH en Lima, Perú, las réplicas de los representantes del Estado mexicano se centraron en hacer ver que Inés no acudió a las audiencias y que no reconoció a sus agresores, a pesar de que pudo hacerlo cuando le presentaron un álbum de fotografías y que realizó declaraciones falsas, dijo a Cimacnoticias, Teresa de la Cruz, vocera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Añadió que el Estado mexicano deslindó de toda responsabilidad al Ejército mexicano, debido a que el 41 Batallón de Infantería «no se encontraba en esa zona», como lo declaró Inés, quién afirmó que el 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, fue violada por soldados de ese Batallón.
De acuerdo con Teresa de la Cruz, tanto los representantes legales de Inés de Tlachinollan, como del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), replicaron que si Inés no realizó todas las diligencias que la investigación requería, fue porque el Estado mexicano no garantizó las condiciones de seguridad y respeto a sus derechos humanos.
Esto toda vez que ella, su esposo, su hija, así como sus defensoras y defensores han sido hostigados y víctimas de amenazas.
Recordaron que el hermano de Inés, Lorenzo fue secuestrado el 9 de febrero de 2008 y hallado muerto al día siguiente en Ayutla de los Libres. La defensa también agregó que auque Inés presentó un amparo para que se investigara por la justicia civil, este se le negó.
Finalmente, el Estado replicó que ha trabajado a favor de los derechos de las mujeres. Argumentó que ha invertido cerca de mil millones de dólares en la implementación de políticas públicas encaminadas a fomentar la igualdad de género. Entre estas acciones creó comisiones, institutos de la mujer y fiscalías especializadas en delitos sexuales.
Además insistió en que han implementado cursos para sensibilizar a los servidores públicos, como sucede en los Ministerios Públicos. Esto con el objetivo de concientizar a las autoridades en casos como este.
Teresa de la Cruz declaró que al término de la audiencia de hoy en Lima, Perú, las partes deberán presentar sus alegatos finales por escrito, lo cual sucederá a finales de mayo.
Después vendrá el periodo de análisis por parte de la CoIDH y por último prevén que sea en diciembre próximo cuando el organismo internacional presente la sentencia del caso.
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