Los procesos y espirales de violencia que vive el país no solo son inéditos, sino sorprendentes, como el maltrato hacia las mujeres y la exposición de las y los jóvenes y las drogas, advirtió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria.
Durante su participación en la «Semana ORT-México de Educación en Valores, Diversidad y Equidad», aseguró que 49 por ciento de los hogares mexicanos presentan indicadores de violencia física, sicológica, sexual o económica contra las mujeres.
Alertó sobre la construcción de una masculinidad violenta hacia la población femenina, pues «casi la mitad de los hogares del país reproducen espacios de violencia contra ellas».
Acerca de la exposición a las drogas, recordó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que uno de cada 10 estudiantes de secundaria en la Ciudad de México ya probó algún tipo de estupefaciente, mientras que a nivel bachillerato el porcentaje es de uno de cada tres.
«La exposición al riesgo es mucho mayor con respecto a lo que pasó con las anteriores generaciones», subrayó.
Álvarez Icaza Longoria también aseveró que cuatro de cada 10 estudiantes de bachillerato consideran que es fácil conseguir algún tipo de droga. Por lo cual, el Ombudsman capitalino pidió reflexionar que los valores ciudadanos se prueban esencialmente en los conflictos.
PACTO SOCIAL Y DH
Afirmó que la lucha por los derechos humanos y la dignidad humana tiene detrás una batalla de progresividad ciudadana, por lo que la seguridad es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo.
Sin embargo, comentó que México pasó de tener la primera Constitución social del siglo XX, a una de las últimas constituciones en materia de derechos humanos del Siglo XXI. «No ha actualizado su pacto social con enfoque de derechos humanos», subrayó.
Lo que pasa ahora, agregó, es que no es suficiente la igualdad jurídica de las personas, porque no todas ejercen los derechos en la misma condición, como los grupos en situación de riesgo compuesto por mujeres, adultos mayores, niñas y niños, jóvenes y personas con discapacidad, entre otros.
Dio como ejemplo el problema de que en la Ciudad de México existe una diferencia de hasta 35 por ciento en los niveles salariales entre mujeres y hombres, pese a que realizan la misma labor. «La Constitución dice que a puestos iguales salarios iguales, pero lo que se encontró es que había un diferencial de hasta 35 por ciento en favor de los hombres», indicó.
El Presidente de la CDHDF resaltó que el respeto a los derechos humanos es un indicador de la gobernabilidad democrática.
«La obligación del Estado es generar las condiciones para revertir las desigualdades en el ejercicio de los derechos. Por eso se han construido instrumentos jurídicos para tutelar a grupos específicos que están en situación de riesgo, como las mujeres, niños y niñas, adultos mayores, jóvenes o la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual, Transgénero e Intersex (LGBTTI)», señaló.
Manifestó que el problema que se tiene como sociedad es que se ubican como normales las pautas discriminadoras.
Apuntó que el desafío ciudadano es construir un modelo en el que sea más fuerte la vivencia de los valores que la de los antivalores. «Es indispensable el respeto a la dignidad humana y para ello el reconocimiento de los derechos humanos ayuda», finalizó.
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