Elia, una mujer que fue víctima de violencia familiar en Ciudad Juárez, se vio orillada a realizar hace dos días, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil (OSC) un plantón afuera del Supremo Tribunal de Justicia estatal, para que se revocara la decisión de un juez de entregar a su hija e hijo menores de edad a su agresor, ex pareja de ella.
Y aunque ese mismo día autoridades del Tribunal accedieron a revisar el expediente y a entregar a la y el menor con su madre el próximo lunes 14, la forma en que actúo el juez revela las deficiencias del «nuevo sistema de justicia penal», con el cual se comenten arbitrariedades contra las víctimas, afirma en entrevista telefónica Luz Esthela Castro Rodríguez, Coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM).
Elia, madre de una niña de cuatro años de edad y un varón de tres años, vivió en unión libre con Javier Ramírez Flores, padre de la y el menor, desde febrero del 2002. Él ejerció violencia física, psicológica, emocional y económica contra ella y en una ocasión trató de matarla.
La mujer intentó separase en varias ocasiones de su pareja, pero no lo hacía por que vivía bajo las amenazas constantes de Ramírez Flores, quien le decía que se llevaría a su hija e hijo, lo cual cumplió cuando Elia decidió separase, ante el riesgo de perder la vida.
El 1 de septiembre del 2007, el agresor sustrajo a la niña y el niño del domicilio de la madre y condicionó su entrega a que ella regresara a vivir con él. Elia decidió hacer uso de sus derechos e inició demandas y denuncias que nunca prosperaron, enfatiza la defensora de los derechos humanos.
Acudió a presentar denuncia penal en la Procuraduría del estado, en el marco del «nuevo sistema de justicia penal», y la canalizaron al Centro de Justicia Alternativa en donde le enviaron citatorios al señor Ramírez, que no atendió. Finalmente acudió y se negó a entregar a la niña y el niño.
«Elia presentó denuncia penal por sustracción de menores en la unidad especializada de delitos contra la libertad personal y se la rechazaron, argumentando que no existía delito porque es el padre de los menores» de edad, detalla Castro Rodríguez.
Por parte del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se hizo cargo de la demanda la licenciada Lucía Chavira, directora del organismo, quien se «limitó a realizar investigaciones de trabajo social, solicitó al padre la entrega de los menores y de nueva cuenta se negó», asegura Castro.
Ramírez Flores acudió entonces ante el licenciado Carlos Espino Holguín, Juez Cuarto de lo Familiar y en un juicio de controversia del orden familiar, que se radicó en el expediente 1320/07, solicitó la custodia provisional de la y el menor de edad, alegando omisión de cuidado de éstos por la madre.
«El juez, sin oír a la madre, le concedió la custodia al padre agresor el 6 de septiembre del 2007», puntualiza Luz Esthela Castro.
El Juez estaba obligado, por tratarse de menores de edad, a realizar todas las diligencias que le permitieran constatar que efectivamente el señor Ramírez era la persona adecuada para obtener la guarda y custodia de los menores (de edad), y en todo caso escuchar la versión de la madre, por lo que con su actitud violentó los derechos humanos de la niña y el niño y de su madre.
Decidió entonces acudir al Centro de Derechos Humanos de las mujeres para solicitar apoyo y recuperar a su hija e hijo.
Cuando Elia contestó la demanda, se solicitó al juez revocar la custodia señalando la constante violencia que vivió al lado de su ex pareja y solicitó que, en tanto se resolviera en definitiva la custodia, fijara todos los días y durante toda la mañana para la convivencia con los pequeños dado su edad y especialmente porque jamás se habían separado de ella. El Juez familiar negó la petición y sólo permitió que los viera los días lunes, miércoles y viernes, de las 13:00 a las 15:00 horas.
Desde el 11 de octubre del año pasado, Elia promovió un recurso legal denominado Incidente para Revocar la guarda y custodia provisional de la y el menor, otorgada a Ramírez Flores, solicitando se resolviera de manera inmediata, atendiendo al interés de la niña y el niño. Pero nuevamente el Juez de lo familiar negó la petición y fijó la fecha para resolver el incidente hasta el 14 de enero del 2008.
También a finales del 2007 y con motivo de las festividades de Navidad y año nuevo, Elia solicitó al Juez que le permitiera la convivencia con su hija e hijo, hecho que autorizó, pero bajo la condición de que el lugar en que debería verlos fuera precisamente en la casa del agresor.
En el tiempo que ha durado este litigio, Ramírez Flores, debido a que trabaja, ha delegado el cuidado de la niña y el niño a su padrastro (enfermo de alcoholismo) y a la hermana (problemas de retraso mental).
Por ello y ante la proximidad de la resolución y dado el reiterado comportamiento hostil mostrado por el Juez, Elia decidió realizar el plantón permanente ante el Supremo Tribunal de Justicia, exigiendo la devolución de su hija e hijo, apoyada por OSC.
Y ese mismo día, autoridades del Tribunal accedieron a revisar el expediente, corroborando que las exigencias de Elia son justas. De igual manera, supieron que el Juez estaba ocultando un informe emitido por el DIF, en donde señalaba la necesidad de que la niña y niño regresaran con sumadre.
El plantón fue retirado, con el compromiso del Presidente del Supremo Tribunal de regresar a la y el menor, «promesa que esperamos sea cumplida el próximo lunes 14 de enero», finalizó Luz Estela Castro.
08/GT/GG/CV
