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Alberto Fujimori: hora de recordar el genocidio

Por Lucrecia Maldonado

El ministro de la Corte Suprema de Chile, Orlando Álvarez, declaró improcedente el recurso de apelación presentado por la defensa de Alberto Fujimori, que buscaba revertir la denegación de la libertad provisional del ex presidente.

Pero, más allá de que la Sala Penal de la Corte Suprema conceda o rechace la solicitud de extradición, Fujimori deberá dar cuenta del “el extermino de un pueblo” como calificó la historiadora Martha Páez a la campaña de esterilización.

Durante 1997 y los primeros meses de 1998 fueron esterilizadas 140 mil mujeres, muchas de ellas indígenas, campesinas, analfabetas o semianalfabetas de la población pobre, originarias de las alturas de la meseta andina, donde la concentración indígena es masiva. Motivo más que suficiente para que Fujimori sea llevado a La Haya para afrontar los mismos cargos que en su hora enfrentaron los asesinos nazis.

Nunca se sabrá si fueron un millón o más de mujeres indígenas las víctimas de lo que cabría describir, de acuerdo con los códigos internacionales sobre derechos humanos, como un auténtico genocidio.

Lo ocurrido a Mamérita Mestanza es uno más de los cientos de casos de mujeres afectadas por el programa de esterilización gubernamental. Mestanza murió en 1998 como consecuencia de una esterilización quirúrgica no consentida en un establecimiento de salud pública del país.

De acuerdo con el ex ministro de Salud Carbone, quien ejerció su cargo durante el mandato de Fujimori, “el elemento de voluntarismo en las siglas del programa fueron de una hipocresía sin límites, ya que las mujeres fueron llevadas al quirófano como ovejas al matadero, sin saber lo que les esperaba aunque, en muchos casos, intuyendo lo peor”.

LA HISTORIA

En marzo de 2003, María Esther Mogollón documentó para Cimacnoticias la historia de la campaña de esterilización llevada a cabo por Fujimori, información que a continuación se reproduce.

La política de planificación familiar implementada entre 1996-2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue aplicada de forma irregular y coercitiva, violando una serie de derechos humanos de las mujeres y demostrando el desprecio por la vida de parte de quien dirigió los destinos del país.

El Ministerio de Salud formó una Comisión Especial Investigadora de las esterilizaciones o Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) integrada por destacados profesionales, entre ellos Hilaria Supa, líder campesina de Anta, Cusco.

Los resultados se dieron en julio del 2002, cuando salieron a la luz 54 evidencias de violaciones de derechos humanos que, en forma de testimonios, enfatizaban las irregularidades en el Consentimiento Informado.

El actual gobierno del presidente Alejandro Toledo, a través de su ministro de Salud, Fernando Carbone, pidió disculpas públicas por las violaciones a los derechos humanos en los casos de esterilizaciones forzadas.

Los resultados de las investigaciones y las nuevas evidencias desataron una polémica y varias declaraciones de ex-autoridades fujimoristas, a lo que se sumaron las ambiguedades de parte de varias ONG de mujeres que, si bien denunciaron algunos hechos entre 1996 y 1998, posteriormente se silenciaron.

El Congreso de la República creó también una Comisión especial investigadora en la sub Comisión de Salud, dirigida por el congresista conservador Héctor Chávez Chuchón.

Esta comisión determinó la acusación constitucional sobre genocidio contra Fujimori -quien huyó del país y se encuentra en Japón bajo el paraguas de su “nacionalidad japonesa”- y otros funcionarios. Chávez Chuchón recomendó injustamente eliminar el acceso a las AQV.

ESPERANZAS DE JUSTICIA FRENTE A LA IMPUNIDAD

Las investigaciones están actualmente en la Fiscalía de la República y avanzan lentamente; las autoridades aducen falta de recursos. Sin embargo, las propias leyes peruanas respecto a estos delitos no son claras.

Lo más preocupante es que, centrado el debate por un lado en la negación del delito, la ambigüedad y la utilización de las esterilizaciones forzadas por parte de las fuerzas del Opus Dei, las víctimas de estas violaciones quedan a un lado, a expensas de una justicia lenta y de la impunidad.

Se estima que 300 mil mujeres peruanas fueron esterilizadas durante el gobierno de Fujimori sin su consentimiento. A 16 mil hombres se les practicó la vasectomía.

He ahí un problema que deben determinar las autoridades de justicia. Las consecuencias de las esterilizaciones en cifras y daños físicos y mentales a las mujeres operadas contra su voluntad es un asunto que aún no ha sido evaluado a cabalidad en Perú.

El 14 de octubre del 2002, el Estado peruano, mediante solución amistosa, reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada

05/LM/YT

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