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Alcaldesas ante acoso y violencia política

Por la Redacción
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A partir de la táctica de “guerra” contra el narcotráfico implementada por el gobierno de Felipe Calderón se presentó un panorama de violencia política dirigido a alcaldesas, alcaldes y otros funcionarios municipales, sostienen las investigadoras Dalia Barrera Bassols y Georgina Cárdenas Acosta.
 
Las especialistas en género y política advierten además que la presencia femenina en el ejecutivo federal en México ha sido nula porque ninguna mujer ha sido Presidenta; en el ejecutivo estatal es marginal con sólo siete gobernadoras (dos de ellas interinas) y a nivel municipal las mujeres representan el 10 por ciento en la presidencia de alcaldías, cifra que aunque se triplicó en una década aun es magra.
 
En el artículo “Presidentas municipales en México: acoso y violencia política (2010-2016)”, publicado en la Revista de Ciencia Política, la profesora-investigadora de la División de Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Dalia Barrera Bassols, y la consultora independiente, Georgina Cárdenas Acosta, mencionan que las mujeres enfrentan diversas problemáticas para llegar al cargo.
 
En un estudio previo realizado con testimonios y experiencias de las presidentas municipales que ejercieron el poder entre 1996 y 2009, se encontró un contexto de una cultura política autoritaria, clientelar y machista que aún persiste.
 
Las docentes indican que los obstáculos para acceder al poder político obedecen exclusivamente al hecho de ser mujeres como: exclusión y presiones para que no acepten la candidatura, desconocimiento de sus capacidades, problemas en las campañas y amenazas para que renuncien, entre otros.
 
Por otra parte, cuando las mujeres son electas para ejercer un cargo se encuentran con conflictos con el gobernador de su estado, sin importar si pertenece o no a su propio partido; conflictos con otros miembros del cabildo; problemas con grupos económicos, políticos, sociales; e incluso desencuentros con su propio partido o con otros partidos.
 
Aunado a estos obstáculos la investigación de Barrera Bassols y Cárdenas Acosta hizo una revisión hemerográfica y recopiló diversos casos de violencia política, desde amenazas de muerte; golpizas; desaparecer o violar a hijas e hijos de las alcaldesas; e intimidaciones como enviar una corona fúnebre a la casa de una precandidata.
 
En la investigación también se hace el recuento de cinco mujeres políticas asesinadas a partir de 2010: el homicidio de la ex edil por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de los Santos Gorrostieta Salazar, asesinada en Tiquicheo, Michoacán, en noviembre de 2012; y de la ex presidenta municipal (también priista) de Balleza, Chihuahua, Silvia Moreno Leal, asesinada en mayo de 2011.
 
Asimismo, en junio de 2012 la alcaldesa del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlacojalpan, Veracruz, Marisol Mora Cuevas, fue secuestrada y después asesinada; y en marzo de 2015 la precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, fue secuestrada por un comando armado y un día después se encontró asesinada.
 
Uno de los casos más sobresalientes a nivel nacional e internacional fue el de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, quien tomó posesión de su cargo el 1 de enero de 2016 y un día después fue asesinada por un comando armado que entró a su casa y le disparó frente a su familia.
 
Esta situación, destacaron las especialistas, generó denuncias y propuestas de los partidos políticos y las asociaciones municipalistas, así como manifestaciones de preocupación de algunos diputados y senadores; las reacciones que fueron desde propuestas para crear organismos especializados para atender los asesinatos de alcaldes y alcaldesas hasta propuestas de legisladoras y feministas para tipificar la “violencia política de género”. 
 
A esta violencia se suma que el nivel municipal de gobierno sigue siendo el de más difícil acceso para las mujeres mexicanas en lo que se refiere al ejecutivo y como muestra, de 2005 a 2015 el porcentaje de presidentas municipales pasó de 3.5 por ciento a 9.1 por ciento.
 
17/AGM/OOM 

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