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Alta vulnerabilidad de mujeres que participan en autodefensas

Por Anaiz Zamora Márquez

El abandono histórico del Estado mexicano a las comunidades más pobres y el incumplimiento de su obligación de garantizar las necesidades y derechos básicos a toda la población, llevaron al surgimiento de las guardias comunitarias y grupos de autodefensa que tampoco garantizan que las y los habitantes de estas comunidades tendrán mejores condiciones de vida.  
 
La Doctora en Antropología Social y Cultural María Eugenia Suárez de Garay, señaló para Cimacnoticias que debe haber cautela cuando se aborde de manera noticiosa o teórica a estos grupos, especialmente cuando se hable de la participación de las mujeres, pues no cuentan con las mejores condiciones para que la población femenina se desarrolle.
 
En entrevista con esta agencia, la también directora de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) aclaró que el término de policías comunitarias no corresponde al modelo filosófico que tiene como objetivo lograr la seguridad y es el recurso que las comunidades han encontrado para “autodefinir cómo responden a la incapacidad del Estado de garantizar un derecho fundamental que es el Derecho Humano (DH) a la seguridad”.
 
Pues estos grupos no necesariamente cumplen con las características y objetivos fundamentales que están planteados en el modelo de policía comunitaria, que ha sido aplicado exitosamente en otras ciudades del mundo y que únicamente se encuentran regulados para el estado de Guerrero.
 
Puntualizó en que es indispensable que se analice la existencia de estos grupos, así como la incorporación de las mujeres a ellos desde un contexto más amplio que permita comprender las razones de estos grupos, pero también las condiciones en las que viven y desarrollan su labor, pues no son las idóneas y se encuentran en un estado de extrema vulnerabilidad.
 
“Cuando el DH a la seguridad está violentado se violenta todos los demás, pues es una condición  de accesibilidad a otros derechos, como el derecho a la libre circulación, a la libre expresión, a la participación ciudadana”, puntualizó.
 
A decir de la también maestra en Antropología aplicada es difícil que estos grupos tengan un modelo, un sistema de trabajo con políticas de división social del trabajo, de ascenso, de formación –principalmente en el manejo de armas– así como políticas de control externo e interno que son indispensables, para garantizar la seguridad de quienes lo integran.
 
En ese sentido, es que las mujeres están en extrema vulnerabilidad al interior de estos grupos de sufrir alguna agresión o incluso una lesión y ejemplificó que al interior de las instituciones policiales gran porcentaje de las muertes o accidentes de elementos corresponden a una mala previsión policial, es decir, al mal manejo que el mismo personal da tanto a las armas como a las formas de enfrentar un conflicto.
 
Expresó su preocupación porque se idealice la existencia de estos grupos, y sobre todo la participación activa de las mujeres, sin considerar todos los elementos que están inmersos y la zona de extrema vulnerabilidad a la que ellas se exponen.
 
Recordó que lo que viven las comunidades es sumamente complejo que corresponde a “deudas añejas” del Estado para estas comunidades por lo que el problema más grave no son los grupos, o la eliminación o permisividad de ellos “si no por qué el Estado no ha estado ahí o cómo ha estado”.
 
Estas mujeres y hombres que se organizaron para defender sus derechos corresponden a “la expresión más exacerbada del abandono del Estado respecto a sus obligaciones y a un nivel de descomposición mayúsculo de la sociedad”, enfatizó.
 
En ese sentido planteó que las respuestas que se den para mediar entre las instituciones y estos grupo no debe ser pensada en una escala pequeña y sin considerar todas las problemáticas y dificultades que viven estas personas, planteó como una de las alternativas posibles una negociación entre estos grupos y las instituciones, así como la forma en que estas “policías comunitarias” serán reguladas y bajo qué esquemas de control.
 
Igualmente se pronunció en contra de la satanización de los grupos de autodefensa, y por reconocer que sí existe una descomposición y rompimiento del tejido social, y las relaciones entre la comunidad y las instituciones policiacas.
 
Suárez de Garay también indicó que esta situación no es un hecho aislado entre estas comunidades históricamente marginadas y discriminadas, y el sistema de seguridad, sino que en realidad en el resto y total de la ciudadanía se registra una desconfianza para los grupos policiacos.
 
Dio a conocer que desde Insyde se realizan intervenciones estratégicas y funcionales con la institución policiaca para lograr un cambio de mentalidad y de acción en sus formas de actuación, y desde la organización pugnan por la “implementación de acciones para la promoción de la Policía Comunitaria”.
 
El modelo de “Policía Comunitaria” en el que Insyde y Suárez de Garay llevan trabajando más de 10 años tiene como pilares fundamentales la descentralización operativa de las decisiones fundamentales; reorientar las actividades de patrullaje; generar y engrosar los sistemas de información y el fortalecimiento del compromiso y la responsabilidad policial hacia la comunidad.
 
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