La campaña contra el senador René Arce Islas tiene que ver con las iniciativas que presentó en el Senado de la República, para reformar y adicionar el segundo párrafo del artículo 13 de la Constitución y derogar la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar, afirmó el general José Francisco Gallardo, impulsor de un Ombudsman militar en México.
Advirtió que las recientes denuncias contra Arce Islas, que pretenden involucrarlo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y lo incriminan por haberse cambiado de nombre, es una embestida que proviene del Alto Mando Militar, que es el que se verá afectado con las Reformas al Ejército.
En entrevista con Cimacnoticias, enfatizó que «eso quiere decir que va por buen camino el senador Arce, y yo le sugiero que no recule, que se sostenga en las propuestas que hizo en el Senado de la República para realizar una reforma profunda al Ejército».
José Francisco Gallardo aseguró que el Ejército Mexicano no va a ceder sus prerrogativas y que a toda costa va a impedir que se juzguen los hechos de violaciones a los derechos humanos, porque el principal responsable es el Alto Mando Militar, y a través de diferentes mecanismos de carácter empírico que tienen que ver con el dominio del hecho, por ello no les conviene que se profundice en las investigaciones.
Agregó que el convenio signado el pasado primero de abril por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, que publicó hoy el periódico La Jornada, tiende a provocar una escalada, un repunte de la violación de los derechos humanos de civiles y principalmente de mujeres.
Con ese acuerdo de colaboración para ministrar de agentes a la Policía Federal Preventiva, y en el que se asienta que los militares que cometan violaciones a los derechos humanos o algún otro tipo de delitos no podrán ser juzgados por la justicia civil, «estamos ante una impunidad legalizada», aseguró el general.
El Congreso, destacó, debe pronunciarse para que ese acuerdo quede anulado, porque no puede la autoridad administrativa –como son esas dos secretarias dependientes del Ejecutivo Federal– reformar la Constitución y pasar por el mandato constitucional para proteger a los militares que están fuera de sus cuarteles realizando funciones de policías.
EJÉRCITO Y REFORMA DEL ESTADO
El también catedrático universitario comentó que el Congreso ahora está retomando la Reforma del Estado, y con ello la reforma de las fuerzas armadas, pero el alto mando militar no va a soltar tan fácilmente sus prerrogativas.
Gallardo Rodríguez propuso a los legisladores tomar en cuenta para la modernización de las fuerzas armadas una reestructuración total de la legislación militar, que incluye cerca de 56 leyes que maneja el Ejército. También hacer una reestructuración curricular de la educación militar.
ESCALADA DE VIOLACIONES
En entrevista por separado, el diputado David Sánchez Camacho, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, afirmó a Cimacnoticias que el retraso de la sentencia del caso de las 14 mujeres violadas por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Castaños, Coahuila, prevista para este mes, no es casual.
Podríamos estar reviviendo la guerra sucia de los años 70 y 80, ese puede ser el mensaje que nos estaría dando el Ejército, dijo Camacho.
Con relación al acuerdo de colaboración para ministrar de agentes a la Policía Federal Preventiva firmado en abril por SSP y la Sedena, en el que se establece que los militares que cometan violaciones a los derechos humanos o algún otro tipo de delitos no podrán ser juzgados por la justicia civil, el general José F. Gallardo abundó que, con ello, los 8 militares que se encuentran en proceso penal por violar a 14 mujeres, en Castaños, se verán beneficiados, ya que todo indica que ese acuerdo es para proteger a los miembros del Ejército que atentan contra los derechos humanos.
«Ya lo vimos en la declaración que hizo Calderón, con relación al caso de la mujer indígena náhuatl de la sierra de Zongolica, y lo estamos viendo con el asunto de Castaños», acotó el general José Francisco, tras manifestar que la autoridad no puede hacer convenios violando la Constitución General de la República.
Sin embargo, hizo un llamado al juez Hiradier Huerta Rodríguez, del Juzgado Segundo Penal en Coahuila, que está desahogando el caso de los militares, para que «tengan el suficiente valor civil para que los militares que cometieron esos abusos y esas violaciones en contra de dichas mujeres, sean llevados a la justicia y paguen conforme a derecho», por sus actos.
En ese sentido, el diputado federal perredista David Sánchez Camacho consideró que con dicho convenio el caso de Castaños se ve más complicado para ejercer justicia a favor de las afectadas y se sumó al llamado que el general Gallardo hizo al juez Hiradier Huerta.
Gallardo Rodríguez dijo que el convenio entre la SSP y la Sedena va encaminado a mantener la impunidad, los actos de abuso de poder y de autoridad que hace la autoridad militar y que no pueden ser juzgados, así como a proteger la actuación de los militares en el tema de los derechos humanos y principalmente lo que se está ventilando hoy en día, como son las violaciones que los elementos del Ejército han hecho en Coahuila, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, entre otros.
07/MLT/GG/CV
