Nueve organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) de la ciudad colombiana de Barrancabermeja denunciaron amenazas en su contra por parte de grupos criminales, por lo que exigieron a las autoridades que se investiguen los hechos y se proteja a las y los activistas.
Barrancabermeja es una de las ciudades del departamento de Santander, donde es común la presencia de paramilitares que hostigan y amenazan a grupos civiles que promueven la no-violencia, la cultura y la tolerancia, tales como la Organización Femenina Popular (OFP).
En un comunicado, las organizaciones denunciaron que el pasado 26 de noviembre, la banda criminal «Los Rastrojos», dejó un panfleto en el domicilio de un miembro de la Unión Sindical Obrera (USO), donde le advierten dejar sus actividades a favor de la comunidad si quiere evitar ser «objetivo militar».
Por ello, las organizaciones solicitaron de manera urgente al presidente colombiano, Juan Manuel Santos; al vicepresidente, Angelino Garzón; y al ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, que investigue los hechos y garantice la vida y el trabajo de las y los activistas.
La USO ?coordinadora de otros ocho grupos de defensores? afirmó que ésta es una clara amenaza que busca la estigmatización del trabajo que realizan estas organizaciones al señalarlas de «guerrilleros disfrazados de ovejas», «terroristas», y «organizaciones de Maricas».
Las organizaciones señalaron que durante décadas, las y los defensores de Derechos Humanos en la región del Magdalena Medio, donde se ubica Barrancabermeja, han sido objeto de amenazas y desapariciones forzadas, en medio de un ambiente de impunidad y ausencia de justicia para las víctimas.
«En esta oportunidad el crimen organizado de origen paramilitar, intimida nuevamente a organizaciones con una amplia trayectoria y reconocimiento por su trabajo en defensa de los derechos humanos, pero también hostiga y amenaza nuevos liderazgos, que como el colectivo «Quinto Mandamiento» promueve la objeción activa de conciencia a toda forma de violencia».
Denunciaron que algunos jóvenes miembros del colectivo «Quinto Mandamiento», han sido amenazados, estigmatizados e intimidados por grupos al margen de la ley. Cabe señalar que las amenazas en contra de organizaciones feministas también han sido una constante en esa zona donde la violencia contra las mujeres es común.
En este panorama, las organizaciones apuntaron que las autoridades no han avanzado en las investigaciones y que desestiman la gravedad de los hechos al afirmar que se trata de «delincuencia común» o «ajustes de cuentas» entre bandas delincuenciales.
Criticaron que la actitud de las autoridades colombianas se suma a una doble victimización, la primera por parte de la criminalidad y la segunda por parte de aquellos que deben garantizar justicia.
Otro caso reciente fue el allanamiento de la casa de Juan Carlos Gálvis Gálvis, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos. En esa ocasión un grupo de hombres armados escribieron amenazas en las paredes de su vivienda y amenazaron e intimidaron con armas a su esposa e hija.
Es así que exigieron que se persiga a las organizaciones criminales que intimidan e impiden el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, y sancionar ejemplarmente a los implicados en estos actos para combatir la impunidad y la ausencia de credibilidad en la administración de justicia en Colombia.
También recomendaron adelantar las investigaciones para cada caso, no minimizar la gravedad de lo que sucede y organizar un encuentro entre activistas y funcionarios para formular acciones concretas de análisis de riesgo y protección efectiva de las personas y organizaciones amenazadas.
11/AGM/LGL
