La defensora de Derechos Humanos (DH) Margarita Martínez nuevamente fue blanco de amenazas anónimas, esta vez con la advertencia que si hace una denuncia pública será desaparecida.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó que el pasado 30 de junio, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Margarita encontró en su negocio familiar una hoja con amenazas.
Ante esta situación organizaciones civiles como el Frayba, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Asociadas por lo Justo (Jass); entre otras, manifestaron su preocupación por el riesgo que corre la activista.
Cabe mencionar que desde 2009 Margarita y su esposo Adolfo Guzmán Ordaz han sido víctimas de amenazas, secuestro y ataques a su integridad personal, incluso organismos internacionales se han pronunciado respecto a este caso.
La gravedad de las múltiples amenazas y el acoso permanente del que es víctima Margarita hizo que en 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera las medidas cautelares MC 52-10, a favor de ella y su familia.
En la hoja con amenazas se dice que los defensores «sólo hacen daño al estado y que el gobernador quiere llegar a un acuerdo con ellos para que dejen de denunciar supuestas violaciones a DH», además se hace referencia a otras amenazas.
El 25 de abril de 2010 un grupo de policías vestidos de civil la privaron de su libertad y la golpearon, hechos ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, supuestamente por órdenes del presidente municipal de Comitán, Eduardo Martínez.
A Margarita también se le amenazó con sumar su nombre a la lista de desaparecidos: «y ya sabes cómo es la movida, ni la fiscalía, ni el ministerio público, ni derechos humanos nacionales, ni internacionales te van a poder ayudar en esto», se lee en las amenazas.
En este contexto organizaciones civiles pidieron a las autoridades competentes que implementen las medidas necesarias para que cesen las reiteradas amenazas de muerte, desaparición y hostigamiento hacia la defensora y su familia.
También se pide que de acuerdo con las medidas cautelares de la CIDH, se garantice y proteja su vida, integridad y seguridad personal; y que se realice una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos.
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