Analiza Guanajuato aumentar penas por feminicidio

En medio de la exigencia de grupos civiles que pugnan porque se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado de Guanajuato, legisladoras y legisladores locales analizan una nueva reforma al Código Penal local para endurecer las penas por el delito de feminicidio.
 
Desde hace dos semanas, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local y Antonio Salvador García López, secretario de Gobierno de Guanajuato, sostienen reuniones para aumentar las penas de prisión por el delito de feminicidio de 25 a 35 años (vigentes actualmente) a entre 40 y 70 años, e incluso se analiza la posibilidad de la cadena perpetua.
 
García López informó a medios locales que el objetivo de las sesiones en las que también participan representantes del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es realizar una nueva propuesta de reforma –que sería presentada ante el Congreso local en cuanto esté lista– a fin de endurecer las penas e inhibir la ocurrencia de estos delitos.
 
Sostuvo además que la iniciativa deriva del plan de acción emergente que implementa el estado para detener la violencia contra las mujeres, y que fue presentado por el gobernador guanajuatense, Miguel Márquez Márquez, en meses recientes.
 
En junio pasado el Congreso local aprobó una iniciativa (presentada en marzo de este año) enviada por el mandatario estatal, para precisar la definición del feminicidio como un crimen cometido por razones de género.
 
En 2011 ese delito fue tipificado en el estado al reformarse el artículo 153-a del Código Penal local, pero no se definió como un crimen cometido por razones de género.
 
En medio de otra eventual reforma penal, la semana pasada el Centro Las Libres y el Observatorio de Derechos Humanos Raúl Vera convocaron para este sábado 21 de septiembre a una megamarcha estatal para exigir al gobernador que permita se decrete la AVG en la entidad.
 
En abril pasado el Centro Las Libres presentó una solicitud de AVG ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero fue negada en mayo al considerar que ya se habían emprendido las acciones necesarias para detener el feminicidio en el estado, el cual en los cuatro primeros meses del año cobró la vida de al menos 24 mujeres.
 
Las activistas han denunciado que pese a las acciones “emergentes” y la puesta en marcha del Programa Estatal de Atención Integral de las Mujeres, la violencia feminicida lejos de disminuir va en aumento, ya que para las primeras semanas de septiembre la cifra de asesinatos llegó a 53.
 
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