Un borrador del reglamento de la Ley del Aborto, que entrará en vigor en julio próximo, se envió a los centros sanitarios para su evaluación, sin embargo las dudas sobre determinados aspectos aún no se han aclarado.
En declaraciones a AmecoPress, Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, (ACAI), advirtió que son muchas las especificidades pendientes de aclaración antes de la entrada en vigor de la Ley de Interrupción del Embarazo, por lo que anunció que el próximo miércoles él y su equipo se reunirán con la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para tratar el contenido de este borrador.
Una cuestión que inquieta al doctor, y que no se desarrolla en el borrador, es cómo se cuentan las 14 semanas en las que la ley establece la libertad de la mujer para interrumpir su embarazo. El texto dice «semanas de gestación».
«Según la ciencia, se cuentan desde la implantación o anidación; según los pro-vida, el embarazo comienza con la concepción; también se puede contar desde que tuvo la última regla, sin embargo aún no estaba embarazada», explica.
«Por lo tanto, las 16 semanas de amenorrea pueden ser 14 semanas desde la concepción y 13 semanas desde la anidación. ¿Cuál debemos tomar? Porque si un juez no lo considera igual, la persona puede ser criminalizada», advirtió.
REQUISITOS
Por otra parte, el texto establece que hace falta una acreditación para emitir los dictámenes a efecto de que se realice una interrupción del embarazo. Esto puede chocar incluso con los colegios de médicos, y convierte el proceso en algo engorroso sin necesidad. De hecho, esto ya se intentó con la ley anterior, aún vigente.
Es decir, si una mujer llega con un informe de su cardiólogo por el que se considera aconsejable la interrupción del embarazo para preservar su salud, no parece muy lógico tener que investigar si la persona firmante está acreditada para hacer tal afirmación.
También dice el texto que la interrupción del embarazo será realizada por un «especialista». Hasta ahora, sólo el 2 por ciento de los abortos se realizaban en el sistema de la sanidad pública, lo que al año suponen unos dos mil casos. «
No hay experiencia suficiente, muchos médicos nunca han realizado ninguna intervención de este tipo. En las clínicas privadas puede que algunos médicos no sean ginecólogos, pero tienen experiencia, saben realizarlo», afirma Barambio, destacando la importancia de definir el término en la Ley.
Barambiodestaca que lo importante de la reglamentación de la Ley es precisamente que quede clara. Que no queden dudas sobre quién y cómo deben tomarse las decisiones.
Las menores de edad que deseen interrumpir su embarazo tendrán que ir acompañadas por su padre, madre o persona tutora, o aportar un documento firmado (que no notarial) con el que probar que esta persona conoce la situación.
Según el borrador, en situaciones especiales, en las que no hay una buena relación, o en la que los padres no quieren firmar dicho documento, la decisión queda en manos delo de la profesional, quien podrá además recabar la ayuda de otrosu otras profesionales para decidir si la menor puede ser sometida al tratamiento o a la intervención, estimando en todo caso la veracidad de su testimonio.
Para Barambio, es importante que el padre o la madre conozcan la situación, pero valora que no sea necesario contar con su consentimiento. «Consideramos que es interesante que la familia lo sepa, pero claro, que lo arrope».
Mientras tanto, desde las clínicas asociadas a ACAI, a la espera de que entre en vigor la ley en julio y como todavía no se ha producido el desarrollo efectivo de la Ley, han creado un cuestionario para conocer la opinión de las menores de edad.
En la práctica, según datos de ACAI, el 30 por ciento de las menores de edad que acudieron a las clínicas declararon que preferirían no haberlo contado en casa. De las mayores de edad, un 50 por ciento no se lo había dicho a sus padres o tutores.
En 2008 se produjeron algo más de 115 mil interrupciones voluntarias del embarazo. Supuso un 3.2 por ciento más que el año anterior, y sin embargo el número de abortos en menores de edad se redujo en un 2.6 por ciento.
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